Artículo excepcional de Agustín Moreno:
Me cuentan: "En un colegio público de la sierra de Madrid había una directora muy competente y estimada por toda la comunidad educativa. En el colegio aumentan cada año las matrículas porque las familias están encantadas con el proyecto educativo. Al presentarse a la renovación de su cargo, los tres miembros de la administración le han puesto un cero a su proyecto de Dirección. Y ahora han nombrado a dedo como director a otra persona de otro centro".
Esto ha pasado de forma similar en 40 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La mayoría en la zona sur, pero también en la zona oeste, Vallecas (IES Domínguez Ortiz), Ciudad Lineal, Bustarviejo, etc. El procedimiento es el mismo: se destituyen –o no se eligen- a direcciones críticas y se imponen directores dóciles y de la misma cuerda política que la administración. Es la LOMCE, que le permite al PP estas cacicadas contra la autonomía y la gestión democrática de los centros.
Olvidando que peor que mentir es tomar por tontos a los demás, la Consejería lo niega diciendo que se ajustan a la ley. Efectivamente, la ley establece que al director lo elige una comisión creada a tal efecto. La trampa está en que, según el
artículo 135 de la ley, la comisión está formada por miembros designados por la Administración que se aseguran la mayoría (entre el 50% y el 70%) y la comunidad educativa está siempre en minoría. De cinco miembros, tres los pone la Administración y dos la comunidad educativa del centro.
Los claustros y consejos escolares califican de sobresaliente proyectos de Dirección que los representantes de la Administración suspenden porque desprecian su trabajo en la misma medida que lo desconocen y porque actúan por criterios políticos y no pedagógicos. El resultado está cantado: no aprueban los proyectos de direcciones reivindicativas (contra el cierre de aulas, fusiones, bilingüismo, pruebas CDI…). De esta manera, la Administración del PP está mandando "paracaidistas" de su confianza y metiendo así miedo a los equipos directivos de otros centros. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el reino de la arbitrariedad y el sectarismo, antes conAguirre y ahora con Cifuentes, gracias al apoyo de Ciudadanos.
El 4 de julio se reunieron en asamblea 160 personas en el colegio público Miguel Hernández de Getafe, uno de los afectados junto con otros tres colegios y un instituto de la localidad. Había madres y padres, profesorado, directores de centros educativos, sindicatos, AMPAS, representantes de colectivos educativos, plataformas por la Escuela Pública, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica, representantes políticos y municipales y diputados en la Asamblea de Madrid. Ante el ataque a la más elemental democracia y a un modelo educativo basado en la participación de toda la comunidad, se debatieron propuestas para frenar estas actuaciones. Se planteó centrar inicialmente las movilizaciones en la zona sur, con la idea de extenderlas al resto de la Comunidad, acordándose las siguientes iniciativas:
- Presentarse a la DAT Sur (Dirección de Área Territorial) el viernes 8 de julio, a las 10 de la mañana. Se reclamará masivamente que se dé marcha atrás a esta política dictatorial. El jueves 14 de julio se plantea una nueva concentración ante la DAT Sur.
- Una recogida masiva de firmas dirigidas al consejero de Educación Rafael von Grieken: "No a la imposición de directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid" (NOTA 2).
- Se valoró, también, que el curso no puede empezar con normalidad ante esta situación. Las familias piensan en boicotear el inicio de curso. Se estudiará que el profesorado haga una huelga a principio de curso y hay sindicatos que van a trabajar en esta línea (CCOO y CGT). También se estudian acciones jurídicas.
Hace falta una reacción, porque en la Comunidad de Madrid sólo han cambiado las caras, no la política. Y sigue siendo el banco de pruebas para la aplicación de las medidas más reaccionarias que luego se extienden a otras comunidades. Y lo hace el PP con la complicidad necesaria de Ciudadanos. Este curso han seguido desviando más recursos y alumnado a la concertada, van a cerrar 80 aulas públicas, han suprimido numerosos ciclos públicos de Formación Profesional y el consejero no ha rectificado a pesar de haber sido reprobado. Ahora, con su concepción cortijera de los centros educativos, dirigidos por capataces a su servicio, juegan a deteriorar más la pública. Quizá eso es lo que buscan: crear un clima crispado en la comunidad educativa que derivará su fuerza a combatir estas injusticias en vez de centrarse en sus proyectos educativos.
Designar una dirección desde fuera era siempre el último recurso cuando ningún miembro del claustro quería asumir la dirección. No es el caso de los centros referidos. Imponer directores ajenos es despreciar la implicación de la comunidad educativa, es despilfarrar recursos, esfuerzos y entusiasmos, es pura ineficiencia. Es extender la arbitrariedad porque estos directores también podrán elegir a dedo a su profesorado. Es crear problemas donde no los había, imponiendo directores que tienen que entrar en los centros escoltados por la guardia civil como ocurrió en el colegio Montelindo, un centro innovador sin exámenes ni deberes, donde las familias se amotinaron al grito de "Queremos a nuestra directora". Uno de estos directores, el asignado al CEIP Miguel Hernández, ya ha renunciado en menos de 48 horas, tras ir al centro y conocer la situación provocada.
El objetivo de estas intervenciones autoritarias de la Administración del PP es la depuración ideológica para domesticar a la comunidad escolar. Es lo que necesitan para desarrollar la Ley Wert. Politizando los centros con direcciones que sólo respondan ante quienes les han designado, intentarán aplicar sus medidas injustas que son contestadas por todos los sectores. Pero una sociedad no se puede permitir una escuela antidemocrática y convertir ésta en una pirámide autocrática. La escuela pública debe contribuir a crear ciudadanos libres que participen en la sociedad aportando lo mejor de sí mismos. Para ello hay que entrenarse desde niños en un clima de convivencia en positivo. No se puede dejar algo tan importante como la educación en manos de quienes no creen en la gestión democrática de los centros.
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