Cuando la sociedad responde:
El éxito de la huelga indefinida de los profesores de la enseñanza pública no universitaria de Baleares no se mide solo en las aulas. En los tres días que llevan de paros, los docentes han logrado recaudar casi 40.000 euros, aportados por los ciudadanos, para compensar la reducción de sus nóminas a final de mes, a razón de 100 euros por día de paro. Una cantidad importante que da cuenta del apoyo social con que cuenta la protesta, convocada contra los recortes presupuestarios y la imposición acelerada del trilingüismo en las aulas.
El termómetro de la simpatía de la sociedad civil lo marca el fluir constante de ingresos en la "caja de resistencia" creada por la Asamblea de Docentes y representantes sindicales. En los primeros tres días se han recaudado más 39.461 euros, que servirán para ayudar a llegar a fin de mes a los más de 5.000 profesores en huelga. Si el dinero da para más, " se comprarán pancartas y megáfonos" para las marchas, que se pretenden masivas, convocadas para el 29 de setiembre, según Iñaki Aicart, portavoz de los asambleístas.
La cuenta de aportaciones de la Asamblea de Docentes está abierta en la caja de ahorros más pequeña de las que quedan en España, que opta por el ahorro ético. Los huelguistas han confiado los depósitos a la Caixa Colonya, de Pollença, creada en 1880 por Guillem Cifre de Colonya, pedagogo liberal y anticaciquil, fallecido en 1908, ligado a los inicios de la Institución Libre de la Enseñanza en Madrid. El sindicato nacionalista STEI y la plataforma Enllaçats abrieron otras dos colectas.
En buena parte de las ciudades de Baleares se celebran actos públicos de solidaridad y protesta. En Menorca, un colectivo de padres mantiene una espera sin horario ante la sede de Educación; en Santa Eulàlia de Ibiza, la marea verde llenó, con más de 350 asistentes, la plaza de la ciudad. Igual sucedió en decenas de localidades insulares. En Palma, este miércoles el registro de la consejería de Educación quedó colapsado por padres y profesores que entregaban escritos de queja y para exigir una negociación.
En muchas ciudades se celebran actos de solidaridad y protesta
"Hago huelga como ciudadana y como docente, por mi escuela, por la gente, no por mi salario", explica Maria Coloma Gelabert, una de las 17 profesoras del colegio público de Sant Jordi de Palma, que en su totalidad han secundado las tres primeras jornadas de paro indefinido en la educación pública y concertada en Baleares. El centro practicaba hasta ahora la inmersión, "dábamos clases totalmente en catalán" (también en inglés y castellano), sin ningún conflicto en años.
La aplicación por la fuerza del trilingüismo en las aulas y la respuesta del Gobierno al veto judicial a su calendario ha abierto heridas. El equipo directivo de la escuela de Sant Jordi presentó la dimisión porque la inspección educativa les impuso un tercer proyecto lingüístico para 2013-2014, tras vetar y enmendar los dos anteriores que habían sido analizados por el consejo escolar -como es preceptivo- y la comisión pedagógica. "Por imperativo legal asumimos el nuevo proyecto", anota Maria Coloma Gelabert.
"Nunca pensé a estas alturas de la vida tener que recuperar aquellas luchas de principios de los 80 por la escuela pública, gratuita y en catalán", comenta la maestra, de 55 años y 30 de experiencia. No está sindicada, pero forma parte de la Asamblea de Docentes, que sumó más de 4.500 firmas de profesionales a favor de la huelga. Gelabert tiene un sueldo de 2.100 euros y afronta una hipoteca de 700 mensuales. "Este verano no fui de viaje [a Birmania], en previsión".
El Gobierno balear del PP no abre la mano. Ha llamado a los padres para que lleven sus hijos a los centros. La Consejería no negociará ni enmendará decreto ni su implantación, ni levantará las sanciones a tres directores de Mahón. El poder se siente legitimado por las urnas y amparado por la ley. Diferentes alcaldes del PP demandan que se negocie el fin de la huelga. Este miércoles paró un 70% de los trabajadores, según sus representantes, y el 17,3% según el Gobierno; en Ibiza la huelga fue seguida por el 80%, un 28% en el registro gubernamental