Que el pasado 18 de julio en la televisión pública se emitiera una película de propaganda franquista no fue casual. La configuración de fuerzas en esta legislatura parece haber vuelto a dar carta blanca a la imposición de políticas reaccionarias, como lo ha sido la LOMCE. Con la diferencia de que tal imposición ahora puede ser vendida a la opinión pública, no como la acción del "rodillo parlamentario" de un partido con mayoría absoluta, sino como un consenso entre las fuerzas políticas y sociales que representan a la ciudadanía. Un consenso que realmente no será tal, porque no contará con la participación de todos los implicados en el problema, ya que dejará fuera del debate público a sectores críticos con las directrices de las élites económicas de nuestro país.
La idea del "Pacto" o "Acuerdo por la educación" es una reedición, en este ámbito concreto, de los pactos de la Transición Española, que para muchos no fue tan modélica como se ha pretendido. En primer lugar, porque estuvo "cocinada" por las élites, ya que, por ejemplo, no se eligió democráticamente a la Asamblea Constituyente. Por otro lado, se cedió a muchos de los intereses de los herederos del franquismo, intereses contrarios a las aspiraciones de una España verdaderamente democrática. En el caso de la educación, fueron ejemplos de estas concesiones el mantenimiento de las escuelas concertadas, mayoritariamente en poder de la Iglesia Católica, y la presencia de la religión confesional en todos los centros, religiosos o no.
Hoy se nos quiere vender una nueva "transición" educativa que tampoco responde a los anhelos democráticos del pueblo español, sino que vuelve a dar legitimidad al modelo de escuela franquista –antidemocrático, clasista, confesional y autoritario.
El intelectual escogido por las élites para promocionar este nuevo cambalache llamado "pacto" es José Antonio Marina. En su documento
Papeles para un pacto educativo, elaborado junto a Carmen Pellicer y Jesús Manso, Marina afirma que el problema de la falta de un gran acuerdo educativo en España es la "tensión" entre dos modelos educativos diferentes: el "neoliberal/conservador" y el "progresista/socialista". La solución de Marina es tratar de encontrar un término medio dentro de esta tensión. Sin embargo, el modelo que él llama "neoliberal" o "conservador" es precisamente, en España, el heredero directo del franquismo, mientras que el modelo "progresista" es el modelo de una educación basada en los valores democráticos. Ambos modelos no pueden tratarse con equidistancia. El "neoliberalismo" que defienden los ultraconservadores españoles no es más que la defensa del poder de las grandes empresas y de la Banca frente a los intereses populares, en línea con la tradición del Estado corporativo franquista. Los objetivos de los neoconservadores españoles respecto a la educación pública están bien claros: privatizar, mercantilizar, sustituir los procedimientos democráticos por autoritarios y propagar una concepción del mundo basada en el modelo de la empresa privada y en la obsesión por los resultados cuantitativos.
Así, el documento de Marina defiende que sigan existiendo centros privados financiados con dinero público: «La idea de un "Estado promotor" que se encargue de garantizar, gestionar directamente o de promover y evaluar la cooperación de entidades privadas de carácter no lucrativo, permite una ampliación de lo público más allá de lo estatal. La escuela pública, por lo tanto, es aquella que tiene fines públicos, y tiene la supervisión del Estado, a quien corresponde la fijación de estándares y la evaluación, pero que puede ser gestionada no solo por la Administración Pública, sino por la iniciativa social, cuando los bienes que aporte a lo público así lo aconseje. La inclusión en el sistema educativo de organizaciones del tercer sector, no lucrativas, puede aumentar la eficacia y amplitud del sistema público».
Pero la enseñanza concertada no es otra cosa que privatización.
Otra de las concesiones de Marina al modelo heredado es la pervivencia de la religión confesional en las escuelas no religiosas: «La importancia que las religiones han tenido y tienen en la vida personal y social de miles de millones de personas hace aconsejable que en los currículos educativos obligatorios se incluya alguna asignatura en la que se estudie la experiencia religiosa y su importancia en la historia de la humanidad. Una posibilidad podría ser que formara parte de una potente área de conocimiento, titulada "Historia de las culturas", en la que se incluyeran la historia de las ideas, de las experiencias estéticas, éticas, espirituales y religiosas desde un punto de vista multicultural y crítico. Para atender a las peticiones de los padres que reclaman que la religión confesional se imparta en la escuela, una posibilidad sería que en el último curso de la ESO la "Historia de las culturas" se dedicara a una religión determinada, de las que tienen firmados convenios con el Estado español. También podría estudiarse la posibilidad de que los Centros pudieran incluir dentro de sus Proyectos educativos, a demanda de los padres, unas enseñanzas confesionales que serían voluntarias y no evaluables.» A pesar de los matices de la propuesta de Marina, pensamos que
hay razones suficientes para suprimir la religión confesional en la escuela pública.
Por otro lado, Soy Pública ya criticó la
competitividad de centros que promueve la LOMCE. Da la impresión de que con la excusa de la "autonomía de los centros" lo que se quiere realmente es considerar a los centros como empresas privadas, que competirían entre sí en el "mercado", tanto por recursos como por "demanda de petición de matrículas". Por ello, el rendimiento de cuentas y la obsesión por las evaluaciones externas son, en el fondo, medios para publicar rankings entre centros, abstrayéndose del contexto socioeconómico de cada uno de ellos. Expone el texto de Marina: «Para cumplir sus objetivos de calidad y equidad, un sistema educativo necesita conceder más autonomía a los centros, en la planificación curricular, en la gestión del personal y en la gestión económica. La flexibilidad, la variedad de ofertas educativas, la innovación, la transformación de los Centros en comunidades que aprenden permite resolver muchas de las tensiones que hemos estudiado en estos Papeles. Los presupuestos de los Centros tendrán una parte variable de acuerdo a sus proyectos educativos. La descentralización en la gestión debe ir acompañada de una centralización en el rendimiento de cuentas y en la evaluación de los resultados.»
Y, por último, el texto de Marina también cede ante la pérdida de democracia en los centros, volviendo a plantear el funcionamiento de un centro en términos de empresa privada, donde el director sería un gestor-emprendedor. Explica Marina: «La experiencia en otros países recomienda la creación de un Cuerpo de directores de Centros de Educación Primaria y Secundaria, entre los cuales el Consejo Escolar de un Centro podrá elegir por procedimientos claramente definidos. El Director deberá elaborar el Proyecto Educativo del Centro, especificando los resultados que aspira a conseguir. Para mejorar la escuela hace falta que los Centros tengan mayor autonomía curricular y organizativa, lo que implica un equipo de dirección muy competente y emprendedor. El Director tendría que ser el catalizador del Proyecto de Centro, el dinamizador del claustro, y quien buscara los procedimientos para atraer a la escuela recursos del entorno y para sacar la escuela hacia la sociedad. Fomentará un liderazgo distribuido, en muchos niveles: jefe de departamento, coordinador de área, etc. Para lograr la cohesión necesaria en el Claustro, los directores podrían determinar las características de las plazas que resultaran vacantes en su Centro. El Director tendrá amplia capacidad de decisión, pero sus resultados deberán estar supervisados por el Consejo Escolar.»
Si a Marina se le ha presentado como la cabeza pensante de este pacto, el papel de la iniciativa política fue encomendado a Ciudadanos, partido que responde a los intereses de la Banca y de las grandes empresas españolas. En su
programa electoral defendieron como una de las propuestas estrella "un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, comunidad educativa y de los colectivos sociales", bajo la rúbrica "Invertir en el presente para ganar el futuro". Un "consenso" muy singular, ya que incluye las reivindicaciones consabidas de la Patronal y los sectores más reaccionarios que ya hemos señalado en el texto de Marina, más la FP dual (que
solo beneficiará a las empresas), la enseñanza del "espíritu emprendedor" (en el fondo adoctrinamiento en la ideología neoliberal), y la precarización y control represivo de los docentes. En cuanto a lo último, léase este punto del programa, en el que se da por supuesto que el profesorado está desmotivado laboralmente: «Crearemos un nuevo Estatuto Docente que vincule la formación, la implicación y la labor en el centro con la promoción profesional y el reconocimiento económico y público de los docentes. Hay que basar las carreras profesionales de los educadores en los resultados para acabar con la desmotivación laboral.»
Una vez puestas las cartas sobre la mesa en esta nueva legislatura, el PP no ha hecho más que retomar la iniciativa del Pacto propuesto por su –ahora sí– socio de gobierno Ciudadanos, en su
Programa para el desarrollo de España. Que, como tan certeramente analizó
Yo Estudié en la Pública, es "la LOMCE II (o lo que es lo mismo: LOMCE + Inglés e Internet)". Pero ahora una LOMCE que se va a vender como un consenso, no una imposición.
Los medios de comunicación contribuirán a la asunción por la opinión pública de este falso acuerdo, merced a lo que Lippmann, Chomsky y Herman llamaron "consenso manufacturado": el poder que tienen las grandes corporaciones de controlar e influir en los medios de comunicación.
Este pretendido "acuerdo", orquestado por las élites, debe ser impugnado por todas las fuerzas verdaderamente democráticas de nuestro país, tanto parlamentarias como ciudadanas. No les demos la oportunidad, en esta ocasión, de que legitimen este ataque a la escuela pública.
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