32 millones de mujeres y niñas emigrantes y refugiadas necesitan ya una política humanitaria eficaz
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Recuerdan que las refugiadas son víctimas de violencia de género y sexual en los desplazamientos y que no reciben la asistencia y protección necesaria
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Exigen una participación de las organizaciones de mujeres en las cumbres donde se toman decisiones sobre desplazados y refugiados
Alianza por la Solidaridad se suma a una iniciativa internacional apoyada por 42 organizaciones que reclama una política global humanitaria que considere las amenazas concretas a las que se enfrentan las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, desplazadas de sus lugares de origen por conflictos armados, persecuciones o catástrofes naturales. Con motivo de la Asamblea de la ONU sobre personas refugiadas y migrantes, las ONG, que trabajan en países como Jordania, Colombia, Turquía, Grecia o Sudán, han hecho público un comunicado en el que exigen a los líderes mundiales su compromiso con situacions que afectan a 32 millones de mujeres y niñas, según los datos extrapolados del último informe de ACNUR, donde se indica que hay 65,3 millones de personas desplazadas en el mundo.
En primer lugar, las ONG recuerdan que es preciso ampliar la definición de la categoría legal de refugiados establecida en el Estatuto de los Refugiados de 1951, dado que ahora no incluye a las personas migrantes que escapan de contextos peligrosos en busca de seguridad y dignidad fuera de su país.
Las organizaciones firmantes destacan que las mujeres y niñas que huyen de sus lugares de origen por diferentes causas se enfrentan a amenazas -como son la trata, la violencia sexual y la violencia de género- frente a las cuales están fracasando los programas puestos en marcha en países como Turquía, Jordania, Líbano, Grecia o los Balcanes, tanto en lo referente a la prevención, como a la asistencia a las víctimas. Una investigación realizada por Alianza ha puesto de manifiesto que un tercio de las refugiadas sirias han sufrido violencia desde que salieron de su país por el hecho de ser mujeres y que un 10% ha sido víctima de una agresión sexual.
Asimismo, un estudio realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) ha demostrado que el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres desplazadas es insuficiente y que, pese a que ellas se organizan para asegurarse asistencia y protección, su trabajo no tiene reflejo en las políticas globales.
Ante esta situación, reclaman a los Estados que aseguren a todas ellas una participación significativa en las cumbres sobre refugiados y desplazados, así como en el seguimiento posterior sobre sus resultados. Para ello, consideran fundamental que exista equilibrio de género entre los representantes elegidos. Especial énfasis debe ponerse en la participación y el apoyo financiero para las organizaciones locales de mujeres y para sus redes, tanto en las comunidades de acogida como en los colectivos que agrupan a las refugiadas. Proporcionar mayor financiación a las organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres desplazadas, y apoyar reformas políticas para que puedan constituir legalmente organizaciones son otros de los compromisos que exigen a los líderes.
Las ONG también mejoras en los mecanismos de asilo y de protección legal de mujeres y niñas, así como establecer rutas seguras y legales de migración aumentando las opciones de reagrupación familiar. Consideran fundamental que se ponga fin a las detenciones arbitrarias de quienes solicitan asilo y recuerdan que muchas mujeres se enfrentan a problemas desde el momento mismo del registro para su acogida al no ser varones 'cabeza de familia'. A ello se añade que se exponen a riesgos debido a su sexo en centros de acogida y de detención, esta última una opción que nunca debería existir para menores, embarazadas y sobrevivientes de la violencia sexual y de género. Del mismo modo, apuntan que deberían destinarse más recursos a mejorar los sistemas de protección, en vez de hacerlo con los de disuasión de los desplazamientos.
Otro de los hándicap detectados son las leyes de nacionalidad discriminatorias, que impiden que las mujeres y los hombres tengan igual derecho a conferir la nacionalidad a sus hijas e hijos y cónyuges, leyes que deben ser reformadas. La situación actual agrava la vulnerabilidad de mujeres y menores desplazados y amenaza con crear una nueva generación de apátridas.
Las ONG firmantes exigen a los Estados la mejora del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ayudan a salvar muchas vidas durante la migración y el desplazamiento. En estas circunstancias, recuerdan que mujeres y las adolescentes corren grandes riesgos debido a la explotación sexual, los abusos y complicaciones durante el embarazo y el parto, que dañan su salud y causan muchas muertes. Respecto a la violencia de género, que aumenta en situaciones de crisis, señalan la importancia de proteger a todas las desplazadas, tanto en su viaje como en su destino, para lo que los Estados deben exigir que cada respuesta humanitaria incluya directrices para la prevención y respuesta a la violencia de género de forma tan estándar como lo es dar cobijo o alimento.
Para garantizar su inserción, destacan la importancia de ampliar las oportunidades de empleo legal y seguro de las refugiadas porque necesitan un apoyo adicional para ser autosuficientes y acceder a permisos de trabajo. Sin empleo aumenta el riesgo de matrimonio infantil o de una la transacción sexual. Su acceso a un trabajo formal, digno y decente debe ser una prioridad que tienen que garantizar los Estados para su estabilidad y desarrollo en las comunidades de acogida.
No olvidan mencionar la educación, recordando que se debe asegurar que todas las niñas refugiadas y migrantes tienen acceso a una educación de calidad, segura e inclusiva, algo que ahora no ocurre.
Las ONG firmantes consideran que en las dos cumbres mundiales que se celebran en Estados Unidos estos días deben abordarse los anteriores compromisos expuestos.
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