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Posted: 06 Jun 2017 11:30 PM PDT
INICIATIVA LEGISLATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Foro Mundial de Educación, convocado por la UNESCO, UNICEF, ACNUR, Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco Mundial, aprobó en 2015 la Declaración de Incheon: "Educación 2030. Hacia una educación inclusiva, con equidad y de calidad para todos, a lo largo de toda la vida". La Declaración presenta una agenda de trabajo hasta el año 2030 y establece como piedras angulares de su estrategia la inclusión y la equidad, centrándose en todas las situaciones de marginación, desigualdad o discriminación, ya sean en el acceso a la educación, en los procesos educativos o en los resultados de aprendizaje, haciendo hincapié en que no se puede conseguir ningún objetivo en política educativa si no es un objetivo conseguido para todos. Además, esta declaración se compromete con la calidad de la educación para todos, entendida como la mejora de los resultados de aprendizaje, pero no solo en los ámbitos cognitivos, sino también en los aspectos sociales y personales, así como en la formación de ciudadanos libres comprometidos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, prescribe, en su artículo 24, la obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, con miras a hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Asimismo, el punto 2 del artículo 24 dispone que los estados firmantes deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Estos objetivos hacen imprescindible tomar medidas estructurales y dotar al sistema educativo común de todos los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de inclusión y, de este modo, facilitar la disminución progresiva del porcentaje de alumnado con discapacidad que se deriva a centros especiales. La propia UNESCO, en la Declaración de Salamanca de 1994, ya marcaba un horizonte en el que los recursos de las escuelas especiales acudieran allá donde se encontrase el alumnado y no al revés.
Lee el texto completo que se propone para ser aprobado como Ley por la Asamblea de Madrid en este enlace.
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