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MareaVerde |
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- La inclusión educativa, un derecho (José Manuel Cabada para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)
- La Huelga Mundial por el Clima ya tiene fecha: 27 de septiembre (Pablo Rivas para ELSALTODIARIO.COM)
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Posted: 29 Jul 2019 07:10 AM PDT
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Posted: 29 Jul 2019 05:27 AM PDT
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo
Han tenido que pasar 60 años desde la Declaración de los Derechos Humanos para que las personas con discapacidad tengan sus derechos tras la aprobación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esas seis décadas ha habido avances e intenciones, y a la tercera va la vencida, se ha logrado. El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad para el decenio se aprobó en 1982 hasta 1993. No se conoció en España hasta 1986. Se trataba de recomendaciones y principios los Estados Partes debían asumir. Concluido ese período, y dado su escaso desarrollo, se aprobaron las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diciembre de 1993. Aunque no eran de cumplimiento obligatorio, pretendían convertirse en normas internacionales consuetudinarias con la intención de respetar una norma de derecho internacional. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Reino de España la firmó el 30 de marzo, el Rey la rubrica el 23 de noviembre y se publica en el BOE el 21 de abril de 2008. Al día siguiente se firma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre designó al CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación del Convenio. La Convención firmada por España no establece nuevos derechos; aclara y recoge, por fin, de forma explícita que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Recoge los artículos relativos a la educación de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 que también firmó España en 1990. En su artículo 23 establece el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr sus desarrollo individual y su inclusión social; el 28 establece el derechos del niño a la educación, derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad. Y el 29 estipula que la educación del niño debe de estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. El artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad consagra que estas tienen derecho a la educación y que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. Los Estados partes deben de garantizar el derecho a las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua así como las actividades extraescolares y sociales. Según el artículo 96 pár. 1 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto, el derecho a la educación inclusiva tiene que ser respetado, protegido y garantizado por el Estado. El Real Decreto 1/2013 aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y, por lo tanto, supera todas las disposiciones anteriores. Por lo tanto, este derecho obliga al Estado y comunidades autónomas a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Ello exige el acceso a la escolarización como todos, la inclusión educativa con los ajustes necesarios de calidad y equidad y la participación en todas las actividades en las etapas educativas. En cuanto al acceso, la actuación de los equipos e informes psicopedagógicos y de atención temprana han de orientarse superando los diagnósticos de orientación médica y sobre las carencias, hacia las posibilidades, la capacitación y el diseño de programas de inclusión educativa con los ajustes necesarios en los centros ordinarios. El interés superior del niño ha de primar sobre la necesaria consulta a los padres y sobre las decisiones burocráticas y administrativas que limiten o violen el derecho del niño a una escolaridad en un sistema inclusivo y de calidad. En cuanto a la escolarización en un centro ordinario, como todos, la prueba de la carga no está en el alumno sino en el sistema. Son nuevos alumnos y el sistema tiene que adaptarse a ellos y no ellos al sistema. El profesor del aula es profesor de todos los alumnos; puede necesitar de otros docentes, de especialistas, de recursos materiales y tecnológicos, de tiempos extra o adecuados; pero no puede desentenderse ni delegar su función ni permitir que el alumno salga de clase para otros programas o atenciones. Pero el profesor sólo no puede, necesita de la organización del centro y del curriculum; una organización rígida de horarios, espacios y tiempos no permite adaptarse a las necesidades de los alumnos; un curriculum diseñado por intereses que no responden a la realidad de los alumnos, sus motivaciones, sus expectativas, sus necesidades en la vida de hoy, que no sirve para la mayoría, tampoco sirve para las minorías que van a dejar de serlo. Hay investigaciones suficientes sobre Diseño Universal de Aprendizaje y Diferenciación de Aprendizaje en las que todos los alumnos pueden desarrollarse de modo que alcancen los niveles de logro de las diferencias competencias de acuerdo con su particular estilo y ritmo de aprendizaje y con las diferentes estrategias que proponga el profesorado para cada uno. O el Proyecto INCLUD-ED de Ramón Flecha con los grupos interactivos, las lecturas dialógicas y las Comunidades de Aprendizaje. El profesor tiene que formarse para atender adecuadamente a estos alumnos; en la formación inicial ha de prepararse para tratar a todos los alumnos sin apartados ni exclusiones ni especialidades; en la formación permanente y en ejercicio, tanto en la una como en la otra, tiene que dotarse de formación y manejo de ajustes para atender a estos nuevos alumnos, y en todas las actividades de formación han de estar presentes las necesidades y planteamientos educativos de la inclusión. Como cada centro educativo es único, por sus alumnos, profesores, comunidad educativa y entorno social próximo, con sus necesidades, sus fortalezas y debilidades, por su autonomía, precisará la formación específica para atender a las exigencias de la inclusión educativa que tenga. En cuanto a la participación, los nuevos alumnos han de formar parte de todas las previsiones y actividades del aula, estar en todos los grupos y equipos colaborativos y cooperativos, no estar excluidos, ni olvidados ni revueltos; tampoco deben salir del aula para recibir cualquier atención especializada. La inclusión educativa no sólo beneficia a estos alumnos sino a todos porque aporta atencíón más personalizada para cada uno y desde la educación se va forjando una sociedad equitativa, justa y democrática que beneficia a todos y no excluye a ninguna persona. La educación inclusiva es la condición para la inclusión social, pero no puede lograrse sin la participación social. El Estado tiene que promoverla y garantizarla y la sociedad civil, en sus organizaciones y desde la aportación individual, no solo ha de poner la mano para reclamarla sino también, con las manos de todos, ayudar a que sea efectiva, para el bienestar de cada uno y de la sociedad toda. |
La Huelga Mundial por el Clima ya tiene fecha: 27 de septiembre (Pablo Rivas para ELSALTODIARIO.COM)
Posted: 29 Jul 2019 01:10 AM PDT
Reproducimos esta noticia de EL SALTO DIARIO
La protesta global pretende llegar a todos los sectores y forzar a las instituciones a que se pongan manos a la obra en un mundo que aumentó un 2,2% sus emisiones en 2018
Declarar de manera inmediata el estado de emergencia climática y que se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Es el objetivo de la Huelga Mundial por el Clima que se celebrará a nivel global el próximo 27 de septiembre y que en España convocan más de un centenar de organizaciones, colectivos que están organizando una batería de acciones y protestas que irán desde "manifestaciones y huelgas estudiantiles y de consumo" a "cierres patronales de entidades comprometidas y movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles".
La protesta fija un objetivo claro ante un panorama en el que los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) no están siendo cumplidos por las naciones del mundo. Mientras el planeta en su conjunto incrementó entre 2017 y 2018 un 2,7% la producción de gases que producen la crisis climática, en el caso de España, si bien en 2018 disminuyó sus emisiones un 2,2% respecto a 2017, según el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, esto se debió principalmente a un importante incremento de la producción hidráulica, que aumentó un 84,9% respecto al año anterior por las excepcionales lluvias.
Si retrocedemos solo un año más, el conjunto del Estado emitió en 2017 un 4,4% más de GEI que en 2017. De hecho, hoy en día, mientras el conjunto de la UE ha reducido un 24% su emisiones entre 1990 (año de referencia) y 2016, según datos de la UE, España las aumentó un 12,9%.
SUPERVIVIENCIA
Debido a la inacción generalizada, organizaciones, colectivos y asociaciones de todo el planeta han convocado el paro global para que "instituciones, Estados y empresas escuchen a la ciudadanía y a las organizaciones que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos", según un comunicado emitido conjuntamente por el centenar de organizaciones firmantes en España.
Para estas, "los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que señalan que cerca de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas, y el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el incremento de la temperatura media global en 1,5ºC, alertan del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático".
Los colectivos denuncian que la crisis es "consecuencia directa del modelo de producción extractivista y consumo globalizado actuales, que pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un gran número de otras especies y ecosistemas e impacta de manera injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo".
Asimismo, señalan que no responder "con suficiente rapidez y contundencia" a la emergencia climática supondría la muerte y el malvivir de millones de personas, junto a la extinción de cientos de miles de especies y la desaparición de ecosistemas completos. "Los datos son contundentes y el tiempo juega en nuestra contra", remarcan.
Por ello, exigen que las instituciones, tanto europeas y estatales como autonómicas y locales, asuman inmediatamente su responsabilidad y que estén "a la altura de las necesidades que exige este momento crucial de la historia". Asimismo, recalcan: "La lucha contra la emergencia climática no puede supeditarse a una ideología o color político, debe ser asumida por todos los partidos".
Más información en http://alianza-clima.blogspot.com/2019/07/mas-de-100-organizaciones-instan-la.html |
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