viernes, 12 de junio de 2020

MareaVerde




MareaVerde

Posted: 11 Jun 2020 01:23 AM PDT
Reproducimos esta noticia de ELDIARIODELAEDUCACION.COM


"Está habiendo una presión lamentable por parte de muchas comunidades autónomas, para rebajar los requisitos de la vuelta al centro y para que volvamos, no a la nueva normalidad, sino a una antigua normalidad que ya no existe a todas luces". Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO tiene claro que en los últimos días, a causa de la Conferencia Sectorial de mañana, está habiendo una gran cantidad de presión sobre el Ministerio de Educación, para que los requisitos que se anunciaron hace semanas se relajen un poco, al menos.

A pesar del cambio de criterio desde los 15 alumnos a los 20, o de la distancia entre mesas, de 2 metros a 1,5, la necesaria inversión tanto en personal como en infraestructuras sigue estando muy presente.

«En el colegio de mi mujer, continúa García, tendrían que desdoblar casi todos los grupos desde infantil hastas 4º de primaria». Algo parecido cuenta Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA: «La clase de mi hijo, en la que normalmente son 24, es muy pequeña. Están en tres filas. Para mantener la distancia hay que quitar una de las tres filas; es imposible mantener la distancia si no».

A pesar de esto, Cardenal asegura que «hemos defendido siempre que la escuela presencial era insustituible y el alumnado debía ir a los centros lo antes posible. En ese sentido estamos contentos». La importancia de la presencialidad para ofrecer una educación con equidad y que trabaje por la igualdad de oportunidades se convierte aquí en central, habida cuenta de que «se han quedado muchos alumnos atrás estos meses».

Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, es una buena noticia que se piense en una vuelta a los centros con la mayor presencialidad posible para que el alumnado retome el contacto con sus docentes y sus compañeros. Pero prefiere mostrarse prudente hasta no ver cómo se concretan las decisiones que se adopten mañana en la Conferencia Sectorial.

Pero esta alegría por un inicio de curso con la mayor presencialidad posible no está reñida con cierto miedo y desconfianza, afirma Cardenal, a «que los menores de 10 años no tengan que mantener esas distancias de seguridad» o que las ratios se hayan decidido sin tener en cuenta la superficie de las aulas. «Se debería haber controlado de otra manera», asegura la representante de las familias de la escuela pública.

El documento de Educación contempla también que los centros educativos, sus equipos directivos, sean los encargados de la elaboración de planes de actuación y protocolos relacionados con la salud y la higiene en el trabajo. Algo para lo que, dice Francisco García, los equipos directivos no tienen formación ni competencias.

Para eso están los servicios de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas o los comités de seguridad y salud de las juntas de personal. En su opinión deberían ser los territorios los que «establecieran criterios muy estrictos y generales para todos sobre planes de contingencia, y no depositar esa responsabilidad en cada centro».
Nada es gratis

«La presencialidad, comenta García, debe ser lo más segura posible, pero no sale gratis». Tanto la nueva ratio, con un tope máximo de 20 alumnos, como la distancia de 1,5 metros entre mesas (que se traduciría en que cada estudiante tuviera a su alrededor un área de 2,5 metros cuadrados), sobrepasan las condiciones habituales de los centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria.

Para María Isabel Loranca, responsable del sector de Enseñanza de la FeSP-UGT, «es importante la apuesta por la educación presencial», pero «las medidas anunciadas exigen presupuesto propio para su implementación en los centros, y refuerzo de als plantillas docentes».

Pero no solo preocupan estas decisiones. García piensa también en las indicaciones dadas para la limpieza e higiene en los centros educativos. «Limpiar los aseos tres veces al día, en un IES de 800 alumnos se me hace poco, creo que es insuficiente», por no mencionar que aunque desde el Ministerio se dice que han de ser los centros los que establezcan sus necesidades, la contratación del personal de limpieza recae, en el caso de los colegios, en los ayuntamientos, y en el caso de los institutos, en las comunidades autónomas. «Si no te mandan más gente (al centro), te da igual el protocolo».

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, se muestra prudente, a la espera de lo que salga de la Conferencia Sectorial en la que se discutirá sobre este documento, así como sobre la inversión de los 2.000 millones comprometidos por el presidente, Pedro Sánchez. Pero sí asegura que reclamarán algunas cantidades de financiación extra para cubrir gastos sobrevenidos por la COVID-19.

En este sentido asegura que, en respuesta a quienes han dicho que los gastos extraordinarios salgan de la partida de «otros gastos», dicha partida es deficitaria. Y si se contempla una inyección económica extra para la escuela pública, debe hacerse con la concertada. Sería, dice, «una nueva discriminación».

El responsable de la principal patronal de la concertada también muestra cierto excepticismo ante otras medidas como la ratio máxima de 20 o la utilización de otros espacios, más allá del aula, para dar clase. Espacios con los que no todos los centros educativos cuentan.


Y mientras, el profesorado…

Aunque parece que las diferentes organizaciones, ya sean sindicales o de familias, no están en desacuerdo con el hecho de que en septiembre vuelvan las clases presenciales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de todo tipo de críticas hacia el protocolo anunciado por el Ministerio.


Mi sensación con esto de la vuelta al cole en septiembre, resumida en una frase: "No hay nadie al volante" 😓



Ya no pueden más con las presiones. Y tienen que anunciar lo que sea para que parezca que lo ponen todo de nuevo a funcionar como si nada hubiera pasado.
Posted: 11 Jun 2020 01:24 AM PDT
ELDIARIO.ES publica esta información

Los directores, que pidieron dejar las pruebas para septiembre, han tenido que organizar en dos semanas un operativo para controlar a al menos 10.000 alumnos

Educación relaja la vuelta al colegio en septiembre: distancia de 1,5 metros y un máximo de 20 alumnos por aula


Las comunidades autónomas están inmersas desde hace meses en la confección y organización de las pruebas de acceso a la universidad en una situación de pandemia. Madrid, sin embargo, va a celebrar antes otra prueba multitudinaria que genera menos atención: los exámenes de las escuelas de idiomas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha convocado a miles de alumnos, hasta 20.000 según la Asociación de Directores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los exámenes presenciales a partir del próximo lunes. Al menos 10.000 se presentarán, según las estimaciones de la Consejería de Educación, que ha desoído la petición de los equipos directivos de los centros de aplazar las pruebas a septiembre. Como respuesta, el sindicato mayoritario de profesores, CCOO, ha convocado una huelga indefinida desde el día 15. "No hay garantías y además no somos enseñanza obligatoria", dicen fuentes sindicales. 
Directores y profesores defienden que es "temerario" e "irresponsable" celebrar las pruebas en junio. Relatan problemas de espacio físico para distribuir al alumnado con las medidas de distanciamiento, de personal para vigilar las pruebas –hay docentes con patologías o por conciliación exentos de acudir–, de refuerzo de limpieza –el aula debe desinfectarse después de cada prueba– y no hay una solución en igualdad de condiciones para los alumnos "de riesgo", conminados por la instrucción regional a no presentarse, o para aquellos que tienen miedo de exponerse a unas pruebas que duran muchas horas. Muchos edificios son antiguos y pequeños, algunos comparten incluso espacios con colegios, cuentan los directores. 




La Consejería cuenta con que 10.000 alumnos se presentarán (de los hasta 20.000 que podrían hacerlo), según informan fuentes de la cartera que dirige Enrique Ossorio. Educación argumenta que aplazar las pruebas a septiembre conllevaría el retraso del inicio de curso y que "los alumnos necesitan certificar para las universidades o para mejorar profesionalmente". 
"Tenemos la sensación de que se toman decisiones antes de ver si es posible ejecutarlas, en el último momento y a toda prisa. Celebrar estas pruebas así es temerario", dice Jose Manuel Pineda, presidente de la asociación de Directores de Escuelas de Idiomas de Madrid, que ha dirigido varios escritos a la Consejería. Pineda asegura que los equipos directivos están sufriendo "un estrés bestial" con la organización y lidian también con los temores de su plantilla. En la misma posición está la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de Madrid. 
La confirmación definitiva de la celebración de las pruebas se comunicó el día 1 de junio, según Pineda, solo con dos semanas de margen. El lunes que viene comienzan los exámenes y se extenderán hasta el 30 de junio por niveles e idiomas. Solo están convocados a las pruebas los alumnos que optan a una certificación, es decir, un título oficial (B1,B2,C1 y C2). Representan cerca entre el 45 y el 47% del alumnado total, según la asociación de directores. 
Cinco días antes de arrancar las pruebas, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) no disponen de todo el personal suficiente para cubrir los turnos. La Consejería les ha pedido concretar las bajas por correo,  garantiza que movilizará si es necesario a "personal de otros departamentos" para cubrir los exámenes y asegura, en el caso de que no haya espacio físico, se "estudiaría la posibilidad de ocupar espacios de otros centros". 
Pilar Díaz es una de esas docentes que acudirá a trabajar en la escuela de idiomas más grande de Madrid, Jesús Maestro, con 7.500 alumnos. En conversación con eldiario.es, Díaz se queja de que las normas pueden "penalizar a los alumnos por razones de salud". "Tengo una alumna embarazada y yo misma le he aconsejado que se lo piense, no me parece seguro". Todos los estudiantes que se quieran presentar han debido comunicarlo a su escuela antes del 8 de junio. 
Aunque no ha accedido a trasladar los exámenes a septiembre, el Gobierno de Ayuso sí ha ideado un sistema para intentar que el perjuicio de los que no pueden presentarse sea el menor posible. Independientemente de que acudan o no al examen, los alumnos y alumnas pueden promocionar, si así lo consideran sus profesores; y no correrá convocatoria. Es decir, los estudiantes no pierden oportunidades de cara a volverse a presentar al examen. 
Los exámenes no se han convocado online para estos casos, salvo las pruebas orales, según las instrucciones. En otras comunidades sí se ha optado por este método, aunque también plantea problemas por la brecha digital. "Que sea online es complicado porque no tenemos plataforma y muchos no tienen acceso a internet. Solo tienen móvil y no ordenador", asegura Díaz, que ha continuado, como el resto de compañeros, dando clase a sus alumnos por todas las vías que se le han ocurrido. "Por videoconferencia, por correo, por móvil...". "Aprender idiomas así es muy difícil y algunos se han descolgado, lamentablemente", añade. 

Cuatro horas de examen, descansos, baños...

En pocos días, los equipos directivos tienen que idear un sistema de entrada escalonada en las aulas (los exámenes deben empezar por orden de la Consejería a las 16 horas), organizar a la multitud en los descansos, crear circuitos de circulación dentro de las escuelas para evitar la muchedumbre, gestionar el uso y la limpieza de los baños, controlar que todos llevan mascarillas y no incurren en comportamientos de riesgo... En algunas escuelas ni siquiera hay mesas en algunas clases, sino sillas con un apoyador. "Los directores están muy agobiados porque hay escuelas que no tienen dependencias para garantizar la distancia de dos metros, hay que organizar las entradas y salidas, duplicar los auxiliares de control...", manifiesta Isabel Galvín, secretaria general de Educación de CCOO Madrid. 
La lista está en las instrucciones que la Consejería de Educación ha enviado a cada uno de las escuelas. Los exámenes tienen una duración de cuatro horas –con interrupciones– y se hacen en papel. De manera que los correctores deben adoptar estrictas medidas de seguridad cuando lo corrijan físicamente (guantes, mascarilla...). "No vamos a poder dejar reposar esos papeles, si sobre ellos hubiera virus, porque la corrección, imaginamos debe ser inmediata", apunta Díaz. 
Eva Luque, alumna, convive con dos personas de riesgo y ha decidido no presentarse a las pruebas. "Aplazar el examen sería lo más justo, pero es verdad que hacerlo tras tres meses sin clases es también un lío. Resulta complicado encontrar una solución buena", reflexiona esta alumna que opta a un C1 en inglés y estudia en la EOI de Carabanchel. Luque teme que "las prisas den luego lugar a lamentos" y considera que las pruebas no pueden hacerse "a cualquier precio". 
Posted: 11 Jun 2020 01:02 AM PDT
20MINUTOS.ES publica esta información



Con las puertas cerradas al público y prácticamente sinalumnos. Así han estrenado este lunes la fase 2 los colegios madrileños. El avance en la desescalada permite ir a clase a los estudiantes de Primaria con problemas de aprendizaje pero la medida ha empezado con una repercusión muy escasa, incluso nula. La misma situación se ha vivido en Barcelona y Lleida, las provincias catalanas que aún permanecían en la fase 1. Cataluña abre los centros de forma parcial para todos los niveles pero el número de chicos que acuden es igualmente muy reducido.

"Los profesores se han puesto en contacto con las familias de los niños que necesitaban refuerzo y todas han declinado traerlos", explica el director de una escuela pública del distrito madrileño de Villaverde. "Es un porcentaje muy pequeño del alumnado", agrega al otro lado de un pupitre colocado en la entrada como señal de que el acceso no se realiza con normalidad. Para llegar a ese punto el visitante debe de hecho haber tocado el timbre y se le permite el paso solo cuando ha anunciado su identidad.


El profesorado ha sido el encargado de elaborar la relación de posibles asistentes y de contactar con los padres, que finalmente son los que deciden si aceptan que sus hijos recuperen la educación presencial. Para evitar aglomeraciones esa asistencia se realiza con cita previa.


María, madre de una menor de nueve años, no ha recibido, sin embargo, ninguna notificación. "Me interesa que mi hija venga para recibir las clases de apoyo. Tiene una discapacidad de aprendizaje y es como si fuera retrasada un curso. Durante el confinamiento le ha resultado muy difícil seguir las lecciones online", cuenta ante un centro al que ha acudido a informarse. Para ella hubiese sido "un alivio" que la niña pudiese empezar nuevamente en 3º de Primaria en septiembre. "Pero me han dicho que por esto no se repite curso", apunta apenada.

Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos señalan que las direcciones de los colegios iniciaron el jueves el envío de comunicados a los hogares para informar sobre la reanudación de las clases. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid ve "muy importante" que los estudiantes con necesidades de apoyo puedan volver a las aulas pero ya vaticinaba que serían muy pocos los que lo harían.

Al miedo de algunos padres a posibles contagios por coronavirus y a la cercanía del final del año académico se suma que la decisión se ha dejado en manos de los profesores y estos han mostrado su rechazo al regreso. "Dependemos de que el docente quiera asistir o no al centro", manifiesta la FAPA.




"La vuelta a la presencialidad no es posible y, afortunadamente, gracias al trabajo de los equipos docentes y directivos, no es necesaria", mantiene la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid, que argumenta que el plan para la desescalada educativa es "insuficiente" y que los colegios no están preparados. "Los centros no pueden garantizar la seguridad porque no han tenido tiempo", coincide Carmen Alonso, presidenta del sindicato de profesores ANPE en Cataluña. "Esta vuelta es totalmente innecesaria. Han cargado a las direcciones con toda la responsabilidad", critica.

Pese a esas dificultades, este lunes los centros barceloneses se afanaban por ofrecer entradas escalonadas, controles de temperatura, itinerarios de circulación o cajones individuales de juguetes para los más pequeños. "Lo más difícil es mantener la distancia de seguridad", reconocían en una escuela infantil.

Con este regreso, Madrid, Barcelona y Lleida han seguido la estela del resto de zonas, que abrieron las aulas antes y en las que la afluencia ha sido baja. Castilla y León también ha comenzado la semana en la fase 2 y en su caso podrán volver los alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la EBAU pero lo harán a partir del viernes. Cuestión aparte es la de Andalucía, donde este curso no se retomará ninguna actividad presencial.
Posted: 11 Jun 2020 01:12 AM PDT
ELDIARIO.ES publica esta información




Metro y medio de distancia entre alumnos. Clases de un máximo de 20 alumnos hasta 4º de Primaria. Mascarillas obligatorias en clase a partir de 5º de Primaria y solo si no se puede respetar la separación mínima. Hasta aquí llegan las certezas de cara a la vuelta al colegio en septiembre, y ni siquiera son tan certezas; son propuestas para el mejor de los casos: que la situación no empeore.

Casi tres meses después de que se cerraran los centros educativos de toda España, y tras haber centrado los esfuerzos en acabar este curso, el Ministerio de Educación, bajo la tutela del de Sanidad, empieza a abordar esta semana con las comunidades autónomas la vuelta a clase en septiembre. El departamento que dirige Isabel Celaá ha relajado sus propuestas respecto a los planes iniciales que se han ido deslizando desde el ministerio, pero la situación todavía ofrece todavía muchos interrogantes. Y algunas imposibilidades que será un reto resolver.


Si hay que respetar metro y medio entre alumnos, y teniendo en cuenta que la mayoría de los centros educativos (urbanos, los rurales no tienen estos problemas) están masificados, ¿qué va a pasar con los alumnos que no quepan en su colegio? ¿A qué se van a dedicar los 7.000 millones de euros provenientes de Europa que el Gobierno destinará a Educación pero deben gestionar las comunidades? ¿Y si hay un rebrote, como el que en Israel ha provocado el cierre de más de un centenar de escuelas?
Escalando los grupos de confianza

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado este miércoles que el Gobierno ha separado a los estudiantes en tres grandes grupos para gestionar su vuelta. Por un lado están los más pequeños, hasta 4º de Primaria incluido (diez años), otro grupo son los alumnos de 5º hasta el Bachillerato y el último los universitarios.

Para cada grupo se van a ir proponiendo soluciones diferentes en función de las características de cada uno. Específicamente, el grupo que requiere más atención, ha explicado Simón, es el de los pequeños: "Si tuvieran la capacidad de llevar la mascarilla y no relacionarse íntimamente con sus compañeros, sería más fácil", ha admitido. Pero no es el caso, por lo que requieren medidas ad hoc.

La idea del Gobierno, ha desgranado Simón los planes avanzados por la mañana por Educación, es crear "cohortes, grupos reducidos con la misma experiencia y separados de los otros grupos lo más posible para que si hay transmisión en uno no haya en los demás". Se escala el grupo de riesgo en el que se confía para no contagiarse, pero también para cortar la transmisión en caso de infección: hasta ahora venía siendo la familia con la que se convivía. En septiembre, para los más pequeños, será también su clase (disminuida).

Para ello, la primera propuesta es reducir las ratios en clase. Educación propone –y debatirá con las comunidades autónomas este jueves en la Conferencia Sectorial– que las clases hasta 4º de Primaria tengan "idealmente" 15 alumnos, que podrán subir hasta 20 (la experiencia previa en España con las ratios cuando se pone un máximo flexible suele ser que lo excepcional es norma).

Sanidad y Educación renuncian a que este grupo cumpla con las medidas más estrictas de seguridad e higiene. "Hay que ser realista y proponer medidas factibles. No podemos tener a los niños sentados horas sin que se muevan, no podemos tenerlos separados en el colegio. Hay que buscar alternativas", ha expresado Simón.

Las propuestas para el tiempo en clase se deben complementar, ha explicado el responsable sanitario, con otras que "no echen por tierra el trabajo en las escuelas". Por ejemplo, evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas escalonándolas, misma solución que se podría realizar para las horas de patio.

Para los estudiantes de entre 5º de Primaria y Bachillerato se impondrá una distancia mínima de 1,5 metros en clase, pero el límite de alumnos por aula lo dictará el tamaño de las clases.
Qué pasa con las ratios

Qué va a pasar con los profesores en esta situación –los de Primaria, por ejemplo, atienden a más de un grupo normalmente– es algo que ni el Ministerio por la mañana ni Simón por la tarde concretaron. Quedará en manos de las Comunidades Autónomas (como todo, realmente, dado que suyas son las competencias) desarrollar la letra pequeña de las recomendaciones más o menos gruesas que hará el Gobierno central.

El número de alumnos por aula es la clave para la vuelta. Y los directores y profesores insisten: las cuentas no salen: no hay manera de que entren todos los alumnos en los centros.

En muchas regiones, por ejemplo Madrid, colegios e institutos ya están saturados de normal. El Ministerio habló de "habilitar" espacios para dar clase, pero los profesionales recuerdan: "La mayoría de los centros ya tienen habilitados esos espacios para la docencia", explica un director. "Raro es el colegio de Primaria que tiene un salón de actos", cuenta otro. Hay colegios habilitados como institutos (pensados por tanto para ratios por aula más bajas), hay antiguos almacenes o baños que ya se utilizan total o parcialmente como clases.

Porque raro es el colegio que tiene el número de alumnos para el que fue pensado. En un principio, la normativa establece un espacio de 1,5 metros para cada alumno, pero básicamente no se cumple ya. Con la nueva distancia establecida por el ministerio (1,5 metros entre alumnos), cada estudiante necesitará un espacio propio mínimo de 2,25 metros cuadrados.

La solución a este problema es una: no van a caber. Al menos no todos a la vez. Con esta certeza las alternativas no son tantas: van a hacer falta o más metros cuadrados (que no existen), que los profesores actuales asuman más horas lectivas para llegar a todos los alumnos en diferentes horarios o en sus casas si se llega a ese extremo, o que los colegios tengan más profesores que se hagan cargo de esas horas extra creadas.

La solución obvia, si se le pregunta a los profesionales, es contratar más docentes. El Gobierno va a destinar 2.000 millones de los fondos europeos contra la pandemia a la educación, que deberán gestionar las Comunidades Autónomas. Algunas ya han anunciado su intención de hacerlo, aunque otras como Extremadura sacaron un primer plan que preveía perder docentes. El sindicato CSIF calcula que hacen falta unos 40.000 más. CCOO sostiene que los 2.000 millones están muy bien, pero se quedan cortos: hacen falta 7.000 para adaptar los centros a la nueva realidad, aseguran.
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