MareaVerde |
- Para volver a la escuela en septiembre hay que hacer los deberes desde agosto (Fernando Rodríguez Artalejo para )
- El acuerdo de la Comunidad de Madrid para la gratuidad de los libros de texto ahoga a las pequeñas librerías (Marta Maroto para ELDIARIO.ES)
- "Somos maestros, no sanitarios ni policías, la vuelta al cole no es segura" (Iñaki Etxarri para LAINFORMACION.COM)
| Posted: 09 Aug 2020 07:50 AM PDT Reproducimos este artículo de opinión publicado en ELDIARIO.ES
En las últimas semanas se ha puesto mucho énfasis en los protocolos que deben seguir los centros educativos para una vuelta segura a las clases. Y en algunos casos la comunidad educativa se ha visto superada por las exigencias de dichos protocolos, pues implican medidas especiales de higiene, de distancia física, uso de mascarillas, modificaciones de la estructura física de las escuelas o limitaciones de movilidad dentro de las instalaciones, para conseguir grupos cerrados de estudiantes ("grupos burbuja"); todo ello además puede mermar la calidad de la docencia y, en consecuencia, la eficacia del aprendizaje. Sin perjuicio de que sea necesario limitar el contagio dentro los centros educativos, no se ha insistido suficiente en lo más obvio: ¿alguien cree que será posible volver a las aulas de forma segura en aquellos lugares donde haya cierta transmisión comunitaria no controlada y haya que dar marcha atrás en la desescalada? ¿Se podría volver hoy a la escuela de forma segura en algunas zonas de Cataluña, Aragón, Murcia, Valencia y otras regiones de España con un número muy grande de brotes? La respuesta es probablemente no, o con un riesgo apreciable de tener que cerrar bastantes escuelas poco después. La limitada evidencia disponible muestra que volver a las aulas ha resultado seguro en aquellos lugares donde la transmisión comunitaria era baja. Este el caso de Dinamarca, donde las escuelas de primaria reabrieron en abril y las de secundaria en mayo; o de Holanda, donde la enseñanza primaria reabrió con todos los alumnos y durante todos los días de la semana en junio. Por otro lado, Taiwán ha mantenido abiertas sus escuelas durante toda la pandemia precisamente porque sus tasas de infección comunitaria han sido siempre bajas. Ello tiene sentido, pues si el virus circula poco en la comunidad, será poco probable que alguien infectado entre en la escuela y contagie a los demás (por cierto, este mismo argumento aplica en parte a las residencias de ancianos). Por tanto, los principales peligros no están dentro de la escuela, sino fuera. Otra cuestión es que cuando la transmisión comunitaria es muy alta, esta puede amplificarse en las escuelas y sea necesario cerrarlas para ayudar a controlar el brote. En general, cuanto menor sea la tasa de infección en la comunidad más normal podrá ser la vida dentro de los centros educativos. De hecho, en Holanda no se han usado mascarillas ni distancia física en los niños, probablemente por su baja tasa de infección. Una alta normalidad en la escuela es muy importante porque la docencia online no es posible en los niños muy pequeños, e incluso en los más mayores no puede compensar totalmente muchas de las ventajas de asistir a la escuela, como la interacción social con los compañeros, de la que surgen complicidades y relaciones que duran toda la vida ("uno es de la ciudad donde estudia el bachillerato"), o el contacto directo con el profesor, o la comida sana y la práctica deportiva que es más fácil y asequible en la escuela, entre otros muchas. Por otro lado, la Covid-19 es un gran vector de desigualdad, que no se puede resolver solo facilitando el acceso a internet en los domicilios. Por ejemplo, las casas de los niños de clases con menor nivel socioeconómico ofrecen peores condiciones para el estudio, que además no tendrán el mismo apoyo familiar en el aprendizaje que los de las clases más elevadas, por el menor nivel educativo de sus padres y porque estos teletrabajan con menos frecuencia. Para garantizar que todo el que entra en la escuela no pueda infectar a nadie, sería ideal hacer test diagnósticos de infección aguda por coronavirus cada cuatro o cinco días a toda la comunidad educativa Para garantizar que todo el que entra en la escuela no pueda infectar a nadie, sería ideal hacer test diagnósticos de infección aguda por coronavirus cada cuatro o cinco días a toda la comunidad educativa, al menos en las zonas de alta transmisión comunitaria o muy bajo nivel socioeconómico, donde el impacto social del cierre de las aulas es mayor. Sin embargo, ello no es posible ni logística ni económicamente. La iniciativa RADx con una inversión 250 millones de dólares, basada en la colaboración público-privada en Estados Unidos, está ultimando el desarrollo de pruebas diagnósticas no invasivas (e.g., en saliva) que muestran la presencia de material nucleico o de antígenos del virus, con resultados en menos de media hora. Algunas de estas pruebas se podrán usar fuera del sistema sanitario allí donde se necesiten, pero no estarán disponibles de forma masiva antes de unos meses. Si las expectativas de una buena vacuna no se vieran cumplidas en los próximos meses, el uso masivo de estas pruebas será el mejor camino para una nueva normalidad mucho más segura. Mientras tanto solo se puede confiar en las pruebas de cribado basadas en manifestaciones clínicas, que son imperfectas, y el diagnóstico precoz y rastreo de contactos para cortar pronto las cadenas de transmisión. Pero tampoco son la panacea en situación de transmisión comunitaria muy alta. Por ello, la clave es evitar en primera instancia el mayor número de contagios posibles mediante el uso adecuado de las medidas de protección (mascarilla, distancia, higiene). Todos, sin excepciones, somos responsables de lograrlo. Cuando la transmisión comunitaria era muy baja (e.g, al final de la desescalada) las conductas irresponsables de unos pocos no tenían grandes consecuencias, pues era poco probable que el irresponsable estuviera contagiado o fuera contacto estrecho de un enfermo. No es este el caso ahora, pues la transmisión comunitaria es bastante mayor. Además, aunque las conductas imprudentes tardan solo unos días en manifestarse en forma de brotes, que pueden crecer de forma rápida (en progresión geométrica), el control de los brotes lleva bastante tiempo. Por ello, es urgente que todos hagamos los deberes ya desde principios de agosto, para que se pueda volver a clase en septiembre. Si nuestra responsabilidad personal fuera insuficiente para cumplir a rajatabla con las medidas de protección (en especial la mascarilla) en todos los ámbitos de la vida (trabajo, ocio, transporte……), los poderes públicos tendrán que exigirlas. De hecho, es llamativo cómo se pasó en la fase de confinamiento de perseguir los paseos de gente sola o en familia por el campo (una actividad que no conlleva ningún riesgo) a una tolerancia grande con las fiestas masivas en espacios públicos de ocio, que solo recientemente se está empezando a corregir. La irresponsabilidad de unos cuantos no puede impedir que las escuelas reabran, ni ralentizar la recuperación de la economía.  |
| Posted: 09 Aug 2020 07:44 AM PDT
El mostrador de la librería Azorín, en el centro de Leganés, solía estar lleno de libros de texto en esta época del año. Ahora, sin embargo, su dueño, David Langa, ha tenido que llenar los estantes con juegos de mesa, cuadernos y agendas. Dentro, una decena de baldas vacías aguardan una 'vuelta al cole' que para las librerías pequeñas de barrio podía suponer hasta el 70% de la facturación anual, pero que este septiembre difícilmente logrará salvar a un sector muy mermado por meses de crisis sanitaria con la persiana echada. La razón es que este curso escolar entra en vigor, por primera vez de forma íntegra desde su elaboración en 2018, el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid para la gratuidad de los libros de texto. Un documento al que se oponen las asociaciones de libreros, que han demandado a la Comunidad, solicitando la suspensión cautelar por la vía de urgencia. También el Defensor del Pueblo se expresó en contra de la medida y pidió a la Consejería de Educación y Juventud desistir el contrato por "razones de interés público suficientemente acreditadas", según explicó este organismo en un comunicado el pasado mes de junio. El Acuerdo Marco divide a la Comunidad por zonas geográficas, 27 en total, y da una cantidad de dinero a gastar por los colegios, que son quienes deben encargarse ahora de comprar los libros. En el texto se fijan unos precios máximos y mínimos, por lo que los directores de los centros deben pedir presupuesto a tres entidades de su zona y escogen la más barata. El punto más conflictivo de este proceso tiene que ver con la fijación de precios, ya que establece una cantidad que para los libreros supone, en muchos casos, vender con pérdidas, denuncia Valentín García, presidente de 'Salvar las pequeñas librerías', una asociación creada con el objetivo de acabar con la nueva legislación. "Ellos establecen que el precio del libro de Lengua de primero es 31,25 euros, IVA incluido, cuando nosotros lo compramos incluso más caro. Este libro en el mercado de media se vende a unos 40 euros", explica Langa, dueño de una librería y papelería de Leganés, con las tablas de precios en la mano. Denuncia, además, que se desconoce cómo se calculan estos precios ya de por sí tan elevados. Langa muestra también un presupuesto que ha hecho para uno de los colegios de la zona. En una de las columnas del Excel figuran los precios a los que él vendería habitualmente, aplicando incluso el descuento máximo del 15%, y en otra los fijados por la Comunidad de Madrid. La diferencia supone más de 5.000 euros en pérdidas. "He tenido que decir que no a este colegio", lamenta. Con este sistema "se concentra mucho la compra", explica García, "porque la realidad que estamos viendo es que hay unos pocos adjudicatarios que pueden ofertar a los precios de la Comunidad de Madrid". Dueño de una librería en Torrejón de Ardoz, García también licitó para formar parte de los ofertantes de libros del Acuerdo Marco, y cuenta que de seis centros ha rechazado trabajar con cuatro porque "se pierde dinero". Las grandes superficies salen beneficiadasCon este sistema, según denuncian los libreros, se beneficia a grandes superficies y distribuidoras, capaces de asumir además otro de los requisitos del Acuerdo Marco, que es contar con una persona contratada para cada lote. Así, en la licitación han entrado entidades como Scholarum Digital S.L., el Grupo Dismalibro, con sede en Málaga, o supermercados como Carrefour, con músculo para solicitar en los 27 lotes, todo el área de la Comunidad de Madrid, entre los que en total se reparten 27.900 millones de euros. 'Salvar las pequeñas librerías' calcula que de las mil librerías y papelerías de la Comunidad, el 90% se ha quedado fuera del Acuerdo Marco. Y, aunque todavía es pronto para ponerle cifras a la debacle, la organización cita el ejemplo de Murcia, donde en un año con este programa cerró casi el 40% de sus librerías (150 de 400 establecimientos). La Comunidad de Madrid considera, por su parte, que este acuerdo es beneficioso para las librerías de barrio y ha decidido seguir adelante con el texto aludiendo falta de tiempo para una revisión y alegando que para su no aplicación tendrían que renunciar los licitantes que ya se han inscrito. El curso pasado, cuando tendría que haberse aplicado por primera vez el acuerdo por primera vez, los recursos interpuestos y las inexactitudes de la norma hicieron a la Consejería anular algunos puntos y abrir la mano: se permitió a los directores de los centros elegir con qué proveedores trabajar, y se volvió a poner el límite en los 15.000 euros de los contratos menores, de forma que si el colegio invertía más de esa cantidad, era la Comunidad de Madrid quien pagaba directamente a las librerías. El pago, sin embargo, no llegó hasta varios meses después, según critica Langa. Además, como los padres y madres ya no tienen que venir a la librería, también se pierden las ventas de material de papelería u otros productos como lecturas recomendadas. Como solución, los libreros piden el cheque libro, que los 150 euros que corresponden por alumno de primaria y 270 para secundaria se den las familias, para que puedan elegir dónde gastarse ese dinero. Desde estantes vacíos y un escaparate reconvertido en juguetería para sortear la falta de ventas, Langa insiste en la anulación de un acuerdo que "destruye el tejido de barrio" y que podrá forzar el cierre de cientos de establecimientos muy golpeados por la COVID-19. "No nos enriquecemos con esto, con estas ventas pagamos las facturas el resto del año", asegura.  |
| Posted: 09 Aug 2020 07:55 AM PDT LAINFORMACION.COM ha entrevistado a varios miembros de Marea Verde Madrid, entre otros, para reflejar la situación que se está viviendo ante la proximidad de la vuelta a las clases en septiembre Puedes leer el artículo completo en  |
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