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MareaVerde |
- COMUNICADO DE ADIMAD (24-7-20)
- Juan Rodríguez Zapatero: "La LOMLOE no avanza en la educación inclusiva, consagra el artículo 74 de la LOE, incompatible con la Convención de la ONU" (Daniel Sánchez caballero para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
- Firma para exigir 1 profesor PTSC por cada centro
- El dinero público, para la Educación Pública (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid. 23-7-2020)
- Puñalada a la educación pública: PSOE, Podemos y ERC incluyen finalmente a la concertada en las ayudas europeas (SPANISH REVOLUTION)
| COMUNICADO DE ADIMAD (24-7-20) |
| Posted: 24 Jul 2020 08:31 AM PDT ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta entrevista - Juan Rodríguez Zapatero es abogado. A más señas, es uno de los abogados que más causas está llevando en relación con la inclusión de niñas y niños con discapacidad en centros ordinarios. Es también el responsable de la redacción de un manifiesto de una plataforma recién creada de familias que reclaman el cambio de los dictámenes psicopedagógicos que abocan a menores y a sus familias a transitar por la educación especial aunque no quieran. Hablamos con él de la situación hoy por hoy en España, con la mirada puesta a los próximos meses, con la tramitación de la LOMLOE. Juan Rodríguez Zapatero se ha convertido en un referente en la lucha por la educación inclusiva en España. Este abogado aterrizó en este mundo casi de casualidad, por echarle una mano a una amiga que tenía un niño con discapacidad y lo estaba pasando muy mal. "Estaba promoviendo una asociación en este terreno, se acercó a mí. Empecé a ver casos, muchos más de los que parece, y me metí". Ya no pudo salir. "Te va llevando, y me comprometí. Jurídicamente ha sido gratificante, hemos abierto caminos que estaban por abrirse", comenta. Desde entonces, ha peleado por el derecho de las familias a escolarizar a su hijo en el centro de su elección, y los dedos de la mano se le empiezan a quedar escasos para contar las sentencias favorables. Aunque no todas son positivas, poco a poco, explica el abogado, se va creando un cuerpo jurídico favorable a madres y padres, incluyendo una sentencia clave del Tribunal Supremo de 2017. La última batalla de este colectivo, que lucha por el derecho a la educación en centros "mal llamados" ordinarios de todos los alumnos, es que se eliminen los informes psicopedagógicos que se les hacen para determinar sus capacidades y que, en muchas ocasiones, acaban en resoluciones de escolarización por las que la administración envía a alumnos a centros de educación especial sin contar con la opinión de las familias. Estos informes, que solo se les hacen a los alumnos con diversidad funcional, son segregadores, explica el colectivo, y van contra la ley. ¿Cuál es vuestra propuesta alternativa a los informes psicopedagógicos? La primera petición es el reconocimiento pleno del derecho a la educación inclusiva, con la derogación del 74 de la LOE y del 18.3 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se pide también que los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización se supriman en su orientación actual. Con esto me refiero a la orientación clínica de señalar los déficits de los alumnos, problemas de inteligencia, hacerles tests, etc. Creemos que se deben hacer informes de actuación educativa. Que reseñen de verdad cuáles son las capacidades de cada alumno, sus puntos favorables y los negativos o las barreras, y establecer, en función de ello, los apoyos necesarios. También se pide un tema importante, que es que estos alumnos ni siquiera son oídos. Con esto me refiero a que todo niño con uso de razón puede tener el derecho a ser oído en estos informes. Los padres tampoco participan en estas evaluaciones, solo al final y para decir en una casilla si están conformes o disconformes con el dictámen. Creemos que debe haber una participación activa de las familias, pudiendo aportar sus propios informes de expertos para valorar las necesidades de los alumnos. Otro tema importante es que no hay mecanismos de impugnación ágiles cuando los padres no están de acuerdo con los dictámenes y tienen que acudir a la vía judicial, que lleva unos trámites largos en el ámbito educativo y muchas veces tarde, y, además, tienen unos costes económicos. Por ello se proponen comisiones de medicación y arbitraje independientes para resolver estas diferencias. La petición final es una ley integral de inclusión educativa. Una ley transversal que recoja todos los aspectos de la educación en igualdad. La ley actual y la reforma que se está haciendo es insuficiente, tiene que haber una ley orgánica integral y específica de la inclusión educativa. Con los informes psicopedagógicos tenéis ya buenos argumentos, muchas veces en forma de sentencias que han tumbado dictámenes de escolarización precisamente porque no estaban bien hechos. Ya hay un cuerpo jurisprudencial, un conjunto de sentencias importantes y armadas jurídicamente en el sentido de que consideran estos informes y las resoluciones de la administración educativa cuando deciden que un niño vaya a un centro de educación especial no reúnen las motivaciones exigidas. No suelen señalar que se hayan agotado las posibilidades de inclusión educativa o ni explican por qué los apoyos y refuerzos que necesita ese niño no los puede prestar un centro ordinario y tienen que ir a un centro de educación especial. Se ha abierto una jurisprudencia importante que, sin duda, es un material jurídico trascendente en defensa del derecho a la educación inclusiva. ¿Tienen esperanzas reales de que esto salga adelante o lo hacen también con la intención de ir acumulando iniciativas y hacer ruido? Creo que el tema va a tener recorrido. En mi opinión, como alguien que trabaja en temas de derecho a la educación, hay otros aspectos que llaman más la atención, como los informes PISA, la calidad, segregación por sexo… A este tema de los derechos de las personas con discapacidad necesita una expansión, más visibilidad mediática y, por tanto, el primer objetivo del documento es que se conozca por la sociedad. Pero se ha hecho con la idea de que tenga recorrido, si no inmediato si a medio plazo con el objetivo mencionado. ¿Hemos avanzado en educación inclusiva desde que España se adhirió a la Convención de la ONU? En el panorama jurídico y del derecho a la educación inclusiva ha habido avances en algunos aspectos. Probablemente, los mayores se han dado con algunas sentencias, que han establecido los límites y las obligaciones que la Administración educativa tiene en este ámbito. Concretamente, una sentencia del 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo deja claro el contenido de la educación inclusiva. Pero falta lo esencial: que tengamos un único sistema educativo, como dice el artículo 27 de la Constitución: "Todos tienen derecho a la educación"; y sin exclusión: no solo para personas con discapacidad: para personas con discapacidad, sin discapacidad, con razón de ideología o cualquier otra circunstancia, como dice el artículo 14. Los artículos 27 y 14 de la Constitución no se cumplen porque seguimos teniendo un sistema dual. Dual quiere decir que hay uno ordinario para los niños sin discapacidad, y luego están quienes tienen algún grado de discapacidad o diversidad funcional, que deben pasar por todo un sistema específico (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización) y luego se decide si van a un centro ordinario o especial, qué apoyos o ajustes razonables tienen. El sistema dual es radicalmente incompatible con la Convención. Lo más urgente e importante es derogar el artículo 74 de la LOE de 2006, que después de decir que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se rige por el principio de inclusión, lanza la excepción: la escolarización de estas personas en unidades de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Es decir: la ley vigente de educación, en su artículo 74, establece la facultad, además en gran medida discrecional a la Administración educativa, para escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial. Estos centros no son compatibles con la Convención porque solo escolarizan alumnos que presentan diversas discapacidades o diversidades funcionales. O sea, se produce segregación y el agrupamiento de alumnos según su discapacidad. ¿Qué une a esos alumnos? La discapacidad. Sin entrar a valorar a los profesionales, los centros son segregadores y eso no es compatible con la Convención de la ONU. Y si ese artículo específicamente atenta contra una ley superior, como es la Convención, ¿no se puede denunciar que es ilegal? Puedo responder con una pregunta. ¿Cómo esto se puede mantener a día de hoy jurídicamente? ¿Cuál es la razón de que se mantenga un precepto incompatible con la Convención? Creo que la respuesta es política, no ha habido voluntad de abordar esto de manera urgente, prioritaria y necesaria, y que este tema entre de lleno en la agenda política. Las vías jurídicas no son sencillas, de ahí que se haya producido una demora, pero se están abriendo ya algunas sentencias del TS en otros ámbitos, no educativos, sobre los informes de la ONU que se refieren a una convención ratificada por España y, por tanto, norma jurídica de obligado cumplimiento con valor superior a la ley, solo debajo de la Constitución. Lo que se está estudiando es la posibilidad de requerir al Gobierno ya en el ámbito más bien jurisdiccional para llevar esto a efecto. ¿Qué rol les queda a los centros de educación especial en su propuesta? No entro a valorar su calidad ni la de sus profesionales, que seguro que los hay excelentes. Pero tienen que convertirse en centros de recursos materiales, humanos, etc. para los centros ordinarios. Hay que establecer un plan progresivo para que se reconviertean, dejen de ser centros de escolarización separada y quede un único modelo de escolarización. Los otros centros serían de apoyo a los ordinarios (que no deberían ni llamarse así). Les habrán dicho a menudo que si unos padres quieren llevar a sus hijos a un centro de educación especial, sin obligar a nadie más a hacerlo, cuál es el problema. Tiene una respuesta clara: no es un derecho de los padres. El derecho a una educación en igualdad es de la persona que lo recibe, lo dice la ONU. Los padres tienen que apoyar el interés del menor, que no es otro que recibir una educación en igualdad. Eso le va a permitir al niño o la niña desarrollar todas las potencialidades. Cuando se dice que un padre quiere o no quiere el problema es que no existe un derecho subjetivo del padre. Es del alumno y, por tanto, los poderes públicos deben apoyar que se realice en un centro ordinario. Los padres lo hacen de buena fe, por supuesto, pero hay que decirles que todas las necesidades se pueden cubrir con un sistema único. Los países que han dejado sin efecto los centros de educación especial tienen un sistema educativo mejor que el español y no ha pasado nada. Italia suprimió los centros especiales de la noche a la mañana y no pasó nada. La experiencia comparativa dice que donde un niño desarrolla toda su potencialidad es en un entorno ordinario, con sus iguales. En socialización, relación con otros chicos y chicas, etc. ¿Cree que las administraciones abusan del desconocimiento que suelen tener las familias sobre sus derechos en este asunto? No sé si la Administración se aprovecha, pero sí creo que falta sensibilización e información a las familias. Cuando estas reclaman, el sistema educativo reacciona a la defensiva. Por ahí falta sensibilización. Y también falta información, y el deber de la Administración pública es informar, pero a veces se transmiten opiniones subjetivas. Como profesional que lleva casos de educación inclusiva puedo decir que, aunque no siempre, en bastantes ocasiones las familias se sienten indefensas ante el poder de la Administración o una autoridad educativa, que le dicen "esto es lo mejor para su hijo", a veces más como recomendación, pero otras de manera más impositiva. Pero es cierto que están indefensas. Por eso abogamos por instancias de medicación independientes, que no existen. Es curioso que uno reclame por un tema de consumo y haya juntas arbitrales de consumo en las comunidades autónomas, pero no existen en el ámbito educativo instancias para mediar cuando hay discrepancias de las familias con la Administración. ¿Supone algún avance la LOMLOE en la materia? No hay avance e, incluso, hay una disposición adicional, la cuarta, donde se cita y consagra el artículo 74 y se habla de un plan de diez años para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios, pero dejando bien claro que se continuará prestando los apoyos necesarios a los centros de educación especial. Esta disposición es claramente contraria a la convención también. No solo no hay avances, sino que esta disposición adicional si no se modifica viene a consagrar los centros de educación especial como centros de educación. Entramos un poco en el terreno de lo especulativo, pero pregunto igual. ¿A qué cree que se debe este interés de las administraciones –unas más que otras– en mantener los centros de educación especial incluso aunque vayan contra la ley? ¿Cree que tiene que ver algo con el hecho de que muchos de ellos son concertados y hay mucho dinero moviéndose ahí? En cuanto al peso del apoyo a los centros de educación especial es porque es un sector en el que hay unos intereses económicos fuertes, y no está desligado todo ello de la educación concertada, que es otro reto pendiente de nuestra educación. Creo que efectivamente es así, tienen un peso económico y social importante. También utilizan muy hábilmente los medios de comunicación y las plataformas sociales. En cuanto a la actitud del Gobierno le falta claridad y valentía política. Claridad porque no han visto que esto es un tema importantísimo, que no es un tema cuantitativo que afecte a 30.000 o a 100.000. Es un tema de dignidad. Es como si cuando se habló del matrimonio homosexual nos hubiéramos preguntado a cuántos afecta. Es un tema de dignidad de país. Insto desde aquí al Gobierno, desde este texto, que cuenta con un número importante de padres, madres y expertos comprometidos con la educación inclusiva, para que asuma este reto de realmente adaptar las leyes educativas a la Convención y que España tenga una ley educativa digna, que no se produzcan los casos lamentables de marginación. Vamos a ahondar mínimamente en esto, porque estas situaciones se dan. La gente igual lo desconoce, porque si no tienes un caso cercano de un pequeño con discapacidad lo más probable es que no conozcas estos periplos. Que hay niños de ocho años que se pasan uno en casa sin escolarizar por el choque entre la Administración educativa y las familias, que se niegan a llevarlos a centros de educación especial. Cuando he dicho que el Gobierno le falta visión es que le falta de verdad conocer. La Comisión del Congreso debía haber llamado a los padres y madres. Los expertos están muy bien, pero la realidad es que se producen situaciones muy lamentables de discriminación, marginación y sufrimiento de los padres y madres, y por supuesto de los niños. Creo que esto no se visibiliza en la medida en que una situación de este tipo requeriría. Este documento debe servir para que se oigan la voz de los más directamente afectados, las familias.  |
| Firma para exigir 1 profesor PTSC por cada centro Posted: 24 Jul 2020 08:23 AM PDT CHANGE.ORG: Por la Defensa de la Educación Inclusiva y la Convivencia: 1 Profesor PTSC por cada centro Nosotros los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC),trabajamos en los,IES (Institutos de Enseñanza Secundaria) en Formación Profesional en los diferentes Ciclos de Servicios a la Comunidad y en Departamentos de Orientación.y en la Red de Orientación (EAT(Equipo de Atención Temprana), EOEPs(Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica), CEIPs( Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria)., CPEE(Colegio Público de Enseñanza Especial.), CET(Centros Educativos Terapeúticos), UFIL(Unidades de Formación e Inserción Laboral) .Lo que nos ocupa aquí es nuestra preocupación sobre las ultimas noticias porque, como profesionales, vamos observando que nuestra figura ,va sufriendo recortes, de jornada completa a media jornada y hasta prescindir de ella,sobre todo en los departamentos de orientación de los IES. Esto hace que la atención e intervención con el alumnado mas vulnerable y a sus familias, se vea mermada, ahora mas que nunca por los efectos de la pandemia, los alumnos con necesidades y mas precariedad y sus familias, en su mayoría en centros públicos, necesitan el apoyo de Educación,en estos momentos de gran incertidumbre, temor, escasez de medios, ya que: Nuestra labor en los Departamentos de Orientación es: - Promover planes de formación sobre prevención, detección y protección de los niños y niñas y adolescentes,-,-Coordinarnos con los diferentes servicios de atención,como Servicios Sociales, de Salud,etc,Con el tejido asociativo y de entidades del mismo.- Fomentar la mediación escolar, desarrollando actividades para una convivencia adecuada.dentro de los centros escolares En el informe de la OCDE de 2014, ya recomendaba la ratio de un profesional que atienda a estas funciones por cada 250 alumnos/as Por lo tanto es importante que la figura del PTSC se mantenga dentro del Sistema Educativo Entonces la pregunta y la reivindicación es: PODEMOS MERMAR O PRESCINDIR DE UN PTSC? Asociación Madrileña de Profesores Tecnicos de Servicios a la Comunidad (PTSCs) ha iniciado esta petición dirigida a Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid  |
| El dinero público, para la Educación Pública (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid. 23-7-2020) Posted: 24 Jul 2020 03:29 AM PDT  Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid: El dinero público, para la Educación Pública Ante la preocupante noticia de que en la Comisión de Reconstrucción se cambiaba la redacción inicial respecto del destino de los fondos de reconstrucción en lo que se refiere a Educación con una enmienda de los grupos parlamentarios de ERC, Unidas Podemos y PSOE por la que se dejaba vía abierta a la desviación de dinero público para la Educación Privada-Concertada, desde Asamblea Marea Verde Madrid nos reafirmamos en la demanda de que el dinero público debe ser para la Educación Pública. Esta es una de las líneas rojas que numerosas organizaciones y colectivos en defensa de la Educación Pública, que en una serie de asambleas de Marea Verde en Madrid en las que participaron docentes, familias, alumnado, técnicos, personal de administración y servicios y otras personas a título individual, hemos acordado junto a una serie de medidas que garanticen una vuelta segura a las aulas. Y para ello es fundamental que la financiación recaiga en la Educación Pública que garantiza el desarrollo de este Derecho y que además de manera abrumadora se encarga del alumnado más vulnerable. Aunque finalmente el paquete que se refería a las cuestiones sociales no ha salido, principalmente por la voracidad de la derecha neoliberal que quería que apareciera de manera explícita que la Educación Privada-Concertada recibiría ayudas, no deja de ponernos en alerta frente a la intencionalidad de la enmienda. Sabedoras de la tibieza con que el PSOE se ha mostrado siempre respecto a la educación privada-concertada, nos sorprende más la posición de Unidas Podemos y de ERC quienes sobre el papel son defensores de lo Público. Además de ser todos ellos partícipes del espacio estatal Redes x Una Nueva Política Educativa. Y en este sentido, su enmienda abría la posibilidad de que Isabel Natividad Díaz Ayuso destinara bajo ese paraguas cantidades ingentes del dinero destinado a Educación a su apuesta, que no es otra que la privatización y mercantilización del Derecho a la Educación a través de la privada-concertada, como ha sido su reclamación y la de su consejero Ossorio. Aprovechan la desgracia que ha supuesto la pandemia para seguir lapidando a la Educación Pública. La falta de concreción en la enmienda les abría ese melón al que podían agarrarse. No podemos permitirnos dar ningún respiro, y eso es algo que debería haberse previsto en la redacción de la enmienda. Por lo tanto, entendemos que no puede haber margen para que el gobierno de la Comunidad de Madrid, quien va a gestionar esa financiación, pueda utilizar esos fondos asignados al Estado Español para que lo reparta entre negocios educativos que, además de incumplir la ley con las cuotas voluntarias, incluso con los centros cerrados por el confinamiento, segregan alumnado y crean mayores diferencias para con las posibilidades del desarrollo del Derecho a la Educación en la Comunidad de Madrid. A toda la incertidumbre que genera en el conjunto de la Comunidad Educativa las medidas tomadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que básicamente se reducen a que las alumnas y alumnos vayan a clase con mascarilla, sin distancia de seguridad y sin protocolos concretos que dejan en manos de los equipos directivos cuestiones sanitarias para las que no están cualificados, y que, además, recordamos que se ha declarado insumisa respecto a la gestión de dichos fondos o incluso respecto a determinados aspectos de la LOMLOE que se está tramitando, no se puede sumar que el Gobierno de España y los partidos que lo sustentan caigan en la tentación de renunciar a sus propios principios, o por lo menos los que dicen tener, en aras de buscar un consenso con la derecha neoliberal que encima ha rechazado, dejando en evidencia las posiciones de algunos de esos partidos. Desde Asamblea Marea Verde Madrid exigimos una clara y concisa concreción de la asignación de los fondos, en el sentido que el dinero público se destine a todos los centros educativos públicos de todas las etapas y que esta sea de obligado cumplimiento para el conjunto de gobiernos autonómicos. Madrid, 23 de julio de 2020 Puedes descargar el comunicado en formato .pdf y en formato .jpg Entradas relacionadas: Líneas rojas de la Marea Verde (junio de 2020)Inicio de curso 2020-21  |
| Posted: 24 Jul 2020 08:27 AM PDT SPANISHREVOLUTION.ORG difunde esta información La escuela pública acaba de sufrir un duro revés en lo que era un apoyo incondicional a su figura. Los 2.000 millones de euros que España invertirá en educación para paliar los efectos del confinamiento y crisis del covid-19 no solo se destinarán a la escuela pública, también irán a la concertada. El PSOE, Unidas Podemos y ERC han dado este martes un volantazo respecto a la escuela concertada con una enmienda para eliminar la exclusión que inicialmente habían planteado respecto a este tipo de enseñanza, de forma que también pueda acceder a los fondos extra que van a aprobarse para adaptar los centros educativos a la epidemia del coronavirus. Si este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica decía en su punto 18.1 que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa. El documento queda así: «La inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad». La enmienda fue votada electrónicamente el martes y finalizará el miércoles. El resultado de este martes por la noche es incierto: 168 representantes de los tres partidos (de un total de 350 representantes en la Cámara) necesitan el apoyo o la abstención de otras formaciones, lo que no está garantizado. La escuela concertada y los obispos, "preocupados" por la nueva ley de educación y por el reparto de fondos contra el efecto de la pandemia en las aulas, habían reclamado igualdad de trato respecto a la red pública. PP, Ciudadanos y el PNV también presionaron en contra. La enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC pone el acento en que los fondos adicionales que el Gobierno entregará a las comunidades autónomas deben destinarse a los centros que matriculen a alumnos con más necesidades.  |
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