Lógicamente, no podía ser de otra forma:
Cinco leyes educativas ha tenido España desde la restauración de la democracia, las tres últimas en apenas 14 años. Este vaivén en el modelo educativo español, y la incapacidad de los distintos gobiernos y congresos para alcanzar un acuerdo amplio en un tema tan importante para la sociedad, han producido que este lunes la Comisión Europea ponga el grito en el cielo y exija medidas urgentes al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia.En un demoledor informe, Bruselas sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y uno de los miembros comunitarios que gasta menos y peor en educación. La Comisión señala directamente a una "presión presupuestaria importante" para explicar los grabes problemas de financiación de un "sistema de cualificaciones eficaz y equitativo".
Poco e ineficaz
Actualmente, el gasto en educación de España es el 4,1% del PIB, uno de los más bajos de la UE y que se ha visto disminuido desde el estallido de la crisis. Aunque esta reducción se ha detenido en 2015 y 2016, "los recortes acumulados previamente han disminuido el capital disponible para educación" y "han reducido la equidad", señala el Ejecutivo comunitario.La Comisión señala también que este dinero destinado a educación, además de poco, se usa de forma ineficaz, poniendo como ejemplo las
"considerables diferencias" en las tasas de matriculación y financiación pública entre comunidades autónomas que "aumentan las desigualdades a nivel nacional".Incluso desde Bruselas no dudan en señalar la "fuga de cerebros",
"movilidad exterior" para la ministra Fátima Bánez, que se está produciendo en los universitarios españoles hacia el extranjero, lo cual "podría exacerbar los efectos de la crisis".
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Abandono y repetición sin soluciones
Uno de los principales problemas para la Comisión Europea en la educación española, bien conocido desde hace años, es el alto grado de abandono escolar. Esta tasa, correspondiente a la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que han dejado el sistema sin completar la educación secundaria, se ha reducido levemente en los últimos años, pasando del 21,9% en 2014 al 20% en 2015, aunque sigue siendo de las más entre los 28 de la UE.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que, si bien la última ley educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la LOMCE, se propuso como primera prioridad reducir este porcentaje a través de la nueva Formación Profesional Básica como itinerario alternativo, "tras dos años de funcionamiento, las tasas de matriculación y de transición son bajas, lo que cuestiona la eficacia del programa".Otro grave problema para Bruselas es el alto grado de repetición de cursos con un 32,9% en España, muy por encima de la media del 12,4%, lo que agrava en gran medida la desigualdad entre estudiantes y para lo que la LOMCE no plantea ninguna solución.
Parálisis política
Además de las "dudas" sobre el futuro de la LOMCE, la La Comisión Europea destaca la falta de avances en la reforma educativa en España como consecuencia del bloqueo político del último año."El bloqueo político de 2016 ha frenado el progreso en materia de reformas educativas, ya que existen dudas sobre el futuro de la Ley Orgánica 8/2013para la mejora de la calidad educativa, y la reforma de la profesión de docente sigue paralizada", indica el estudio.El propio ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha admitido este problema en su reunión con el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, justo el día que se ha publicado el informe. De Vigo ha declarado que espera "recuperar el tiempo perdido".
Recado a las universidades
Además de para el Gobierno, la Comisión Europea también tiene deberes para las universidades españolas, a las cuales reclama una mayor cooperación entre ellas y el sector privado, así como la revisión de sus sistemas de gobernanza y financiación, señalando que tampoco "proporciona suficientes incentivos para la cooperación". "El reclutamiento de los profesores y el sistema de promociones limitan la movilidad del personal tanto entre universidades como entre universidades y empresas. Es más, el sistema de financiación de las universidades se basa principalmente en criterios cuantitativos y no premia la innovación", recalca Bruselas.
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