MareaVerde |
- Los sindicatos, cautos con el plan de vuelta a clase por la "baja credibilidad" de Ayuso (María F. Sánchez para CUARTOPODER.ES)
- UP reclama condicionar los fondos de Educación a las CCAA a bajar los ratios (Sato Días para CUARTOPODER.ES)
- Comunicado Intersindical Plan de la Comunidad de Madrid para el inicio de curso
- Sindicatos y comunidad educativa ponen en duda el plan de Ayuso para la vuelta al cole y exigen que todas las clases sean presenciales (Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)
- El derecho a la educación (Marina Rodríguez Martínez para ELDIARIO.ES)
- Ayuso y Casado discrepan sobre la seguridad de los colegios con unos minutos de diferencia (ELDIARIO.ES)
- INTERVENCIÓN DE ISABEL DÍAZ AYUSO, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INICIO DE CURSO 2020/21 Madrid, 25 de agosto de 2020
- ¿Por qué no somos irresponsables los docentes al apoyar una huelga educativa? (ADIMA en CUARTOPODER.ES)
| Posted: 26 Aug 2020 08:53 AM PDT Reproducimos este artículo de CUARTOPODER.ES La pandemia ha provocado un gran dilema en la educación que afecta a alumnos, docentes y familias. Semana y media antes de que inicie el curso, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el plan de su Gobierno de regreso escalonado en fechas para la vuelta al colegio, que conlleva una inversión de 370 millones y la contratación de 11.000 trabajadores. La noticia ha llegado bajo una convocatoria de huelga educativa que se realizó la semana pasada para exigir una vuelta al colegio planificada y segura. Los sindicatos, todavía lejos de desconvocar la huelga, muestran cautela con el anuncio y se centrarán en analizar y vigilar las medidas anunciadas para asegurarse de que el plan no es un brindis al sol. De momento, no se habla de desconvocar la huelga planteada por CCOO, UGT, CGT y STEM para los primeros días del curso escolar. Que por fin haya llegado el esperado anuncio de las medidas no es suficiente motivo para cancelar la convocatoria. Consideran que el Gobierno madrileño "llega muy tarde" y que durante los últimos meses han dado motivos para desconfiar. "Su credibilidad es muy baja", apunta a cuartopoder la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. "Tenemos mucha prudencia y mucha cautela, cada vez que anuncian algo se queda en humo, en artificio o blanquean las cifras", añade Enrique Díaz Tenorio, delegado de CGT y parte del comité de huelga. A pesar de las críticas de Díaz Ayuso a la convocatoria de una huelga educativa durante este inicio de curso pandémico, los sindicatos consideran que ahora se demuestra la utilidad del instrumento. "Si no hubiera habido anuncio de huelga, no hubiera habido plan", manifiesta Galvín. De hecho, convocantes de la huelga como CGT ponen la atención en evitar la desmovilización del profesorado y las familias porque temen que este sea realmente el principal objetivo del Gobierno regional. "Tenemos la sensación de que estamos ante una cortina de humo para desmovilizar", apunta Díaz Tenorio. 370 millones y 11.000 nuevos profesionales. ¿Será suficiente? Díaz Ayuso ha anunciado a bombo y platillo este martes una inversión de 370 millones para la vuelta al colegio y la incorporación de 10.600 nuevos profesionales, entre educadores, técnicos especialistas, maestros y profesores. Todo el esfuerzo va destinado a unas medidas de mayor seguridad en los centros educativos y aulas con menos alumnos. Más allá, la presidenta ha anunciado que las bajas ratios se mantendrán después de la pandemia, una intención que ha sorprendido a los sindicatos porque hasta la fecha no constaba en las comunicaciones del Gobierno. CCOO había pedido la contratación de 11.000 profesores para la pública, la cifra que estimaban necesaria según sus cálculos. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid, 2.662 de estos docentes irán destinados a los centros concertados. "Nos sentimos aludidos ya que han hablado de esta cifra redondeada de 11.000, pero de esos 10.600 anunciados tendremos que ver si son todos profesores y si son para la pública", explica Galvín. A su sindicato le parece que la cifra de 370 millones se queda corta para todas las medidas que ha anunciado la Comunidad. "Creemos que todo lo anunciado cuesta 100 millones más", añade. "Queremos fechas y tipos de contrato", indica Díaz Tenorio respecto a la contratación de maestros. El sindicalista recuerda que el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, anunció en junio la contratación de voluntarios de ONG, estudiantes de magisterio y monitores para atender al alumnado, una medida que los sindicatos rechazaron. También cree necesario asegurar que entre esos "nuevos" contratados no se camuflen los contratos de los profesores interinos que se realizan cada año y son ajenos a la pandemia. Sobre la presencialidad y la semipresencialidad Según el plan elaborado para la vuelta al colegio en Madrid, a partir de 3º de la ESO los estudiantes acudirán a los centros educativos en un modelo semipresencial, con un tercio de la parte del horario semanal de forma presencial. Para facilitar este trabajo online, tanto para estos alumnos como para aquellos que tengan que permanecer un tiempo en cuarentena, la Comunidad de Madrid instalará 6.100 cámaras en las aulas para impartir clases 'online' y comprará 70.000 ordenadores para profesores y estudiantes. Los convocantes de la huelga, así como organizaciones como Save The Children, ya han advertido que continuar con la modalidad 'online' de estudio puede volver a perjudicar a los menores más desfavorecidos, ya que entre un 20% y un 30% de los alumnos estuvieron totalmente desconectados durante el anterior confinamiento, según las propias autoridades. "Nosotros queremos una vuelta segura y de presencialidad plena y queremos que en ello se empleen los recursos. Lo de las cámaras nos parece una ocurrencia", indica Díaz Tenorio. Por su parte, Galvín aprecia que unos pocos miles de cámaras no sirven para solventar un problema porque son un número muy bajo para surtir a todos los centros eductativos de Madrid. También observa otras medidas insuficientes, como la contratación de 150 personales de enfermería que se ha anunciado este martes, cuando "se necesita una figura sanitaria por centro". Surgen también otras dudas sobre la habilitación de espacios para poder tener a menos alumnos por clase, una gestión que necesita de la comunicación con los ayuntamientos a pocos días de que empiece el curso. Estas son las primeras apreciaciones porque los sindicatos están a la espera de poder estudiar con detalle el documento elaborado por la Comunidad de Madrid y a ver cómo se concretan las medidas, como la contratación de profesorado que debe realizarse con inmediatez para que se pueda contar con él en el inicio del curso. "La credibilidad está muy tocada, se necesitan hechos. No nos vale una rueda de prensa con anuncios que suenan bien", concluye Galvín.  |
| Posted: 26 Aug 2020 08:26 AM PDT CUARTOPODER.ES publica esta información Las relaciones en el seno del Consejo de Ministros, entre los componentes socialistas y los de Unidas Podemos, no pasan por un buen momento. Pedro Sánchez mira cada vez más a Ciudadanos ante el horizonte de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y eso está levantando ampollas en las filas de Pablo Iglesias. Hoy, un nuevo desencuentro entre las dos patas de la coalición gubernamental, esta vez por el plan de regreso a las aulas. Según cuentan fuentes de Unidas Podemos, han defendido que "una bajada de ratio de alumnos en los centros educativos es imprescindible para garantizar una vuelta segura a las aulas y critica la falta de liderazgo de Educación respecto a las comunidades autónomas". Afean a Isabel Celáa su inacción en este sentido. Desde UP se ha propuesto que los 2.000 millones de euros del fondo covid-19 para comunidades destinados a Educación estén condicionados y "solo puedan destinarse a la contratación de nuevo profesorado y a alquilar o acondicionar espacios que permitan desdoblar las clases y, de esta manera, se reduzcan los ratios de alumnos". Consideran desde las filas moradas que "esta es la única vía para garantizar que los niños y niñas de este país puedan volver a los colegios e institutos de una manera segura para ellos, para los docentes y las familias, ya que minimizaría el riesgo de contagio". Los dirigentes de Unidas Podemos confían en poder alcanzar un acuerdo sobre este asunto capital antes de que dé comienzo el curso escolar. La cuenta atrás apremia.  |
| Comunicado Intersindical Plan de la Comunidad de Madrid para el inicio de curso Posted: 26 Aug 2020 08:21 AM PDT |
| Posted: 26 Aug 2020 08:17 AM PDT ELDIARIO.ES publica esta información En una semana los alumnos de infantil volverán a las aulas en Madrid. El resto de cursos –para alguno de ellos se ha retrasado– irán reincorporándose a lo largo de los siguientes 15 días con la vista puesta en la situación epidemiológica de la región, que no deja de empeorar. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presentó este martes –dos días antes de la reunión convocada por el Ministerio de Educación– una batería de medidas para hacer "más seguro" el regreso a los centros educativos. El Gobierno regional trata de reaccionar así a la huelga del profesorado que los principales sindicatos habían convocado para los primeros días de la vuelta al cole. Las medidas principales anunciadas por la presidenta madrileña pasan por la contratación de 10.600 docentes y la reducción de las ratios a 20 alumnos por aula. La conclusión de sindicatos y oposición es que esos números "no cuadran". Para los sindicatos, la realidad de esas contrataciones cuando se lee la letra pequeña choca con el triunfalismo del Gobierno regional. Desde Comisiones Obreras (CCOO) recuerdan que, del personal anunciado, solo 7.398 docentes se destinarán a la educación pública y otros 2.662 irán a la enseñanza concertada. "Son insuficientes y no llegan", defiende la portavoz de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, quien recuerda que el plan elaborado por el sindicato para la vuelta al cole contemplaba un mínimo de 11.000 contrataciones solo para la enseñanza pública si se planteaban ratios de 20 alumnos por aula. Los cálculos de CCOO llegaban hasta los 29.000 profesores más si se llegaba al rato de 15 personas por aula. "La contratación de los profesores va a ser temporal, en tanto en cuanto lo exijan las circunstancias", reconocía el consejero de Educación, Enrique Ossorio, solo unos minutos después de que la presidenta madrileña hubiera manifestado su "deseo" de que "la bajada de ratios sea permanente". Ayuso pedía este martes a los sindicatos que desconvocaran la huelga del profesorado "por el bien de las familias". De momento, las movilizaciones anunciadas se mantienen a la espera de que los diferentes organismos se reúnan con el profesorado y reciban el plan regional por escrito. Los sindicatos recuerdan que el documento que les fue remitido el fin de semana por la Consejería de Educación no contemplaba ninguna de las medidas que este martes ha anunciado la presidenta madrileña. En ese plan para la vuelta al cole de hace apenas cuatro días, al que ha tenido acceso elDiario.es, no se recogía la reducción de ratios ni las nuevas contrataciones y se apostaba por la semipresencialidad para todos los niveles. "La realidad de hace una semana era que la educación no fuese presencial, ahora mismo no nos fiamos de que vayan a cumplir con las promesas", asegura Galvín quien considera que los anuncios "llegan tarde" para que dé tiempo a ponerlos en marcha a diez días del regreso a las aulas. "Para nosotros, la Comunidad de Madrid tiene cero credibilidad, por eso hasta que no veamos el documento por escrito y sobre todo las medias incorporadas en el inicio de curso desconfiaremos". "Lo que ha anunciado Ayuso es un giro en materia de inicio de curso y avanza bastante en la presencialidad, cosa que celebramos. Lo que presentaron hace unos días era la desregulación en la que cada centro quedaba abandonado", añade. Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) llegan a las mismas conclusiones: las contrataciones de profesorado "son insuficientes" y las ratios deberían replantearse al menos en la enseñanza infantil para la que los dos sindicatos creen que deberían ser de 15 escolares por aula. La portavoz de UGT Madrid, Teresa Jusdado, celebra en todo caso que "por fin la Consejería esté tomando medidas encaminadas a hacer más segura la vuelta al cole", aunque lamenta que se haya planteado la semipresencialidad en los cursos superiores. A su juicio, esta decisión "vulnera" la igualdad de oportunidades y derechos de personal docente y alumnado. "UGT considera positivo que la Consejería de Educación se haya puesto a hacer los deberes, aun queda mucho por hacer pero si que recoge alguna de las reivindicaciones que reclamábamos desde los sindicatos como de tests a los profesionales y el plan de formación al profesorado que venían reclamando desde el sindicato", añade Jusdado. Nuevos espacios para las nuevas ratios Con 1,2 millones de estudiantes no universitarios bajo el paraguas del Gobierno regional, que es quien posee las competencias sobre Educación, la propuesta de Ayuso es que los alumnos de Infantil hasta segundo de la ESO realicen su formación de manera presencial. El resto de cursos (3º de la ESO en adelante) combinarán la presencia en las aulas con clases virtuales, una cuestión criticada desde desde los sindicatos, que este martes han pedido en una reunión con el consejero de Educación que se replantee. La vuelta a los colegios será escalonada y se retrasa en nueve días para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, que empezarán el 17 de septiembre y para los estudiantes de 1º y 2º de la ESO, que lo harán el día 18. La Consejería de Educación tiene previsto habilitar espacios para que la bajada de ratios anunciada sea posible. Para ello, se reorganizarán los espacios en los centros educativos con el fin de que haya más aulas y, en caso de que fuese necesario, se habilitarán espacios alternativos en otros edificios de titularidad autonómica o municipal o mediante prefabricados. Si no es posible todo lo anterior, se instalarán mamparas en las aulas, anunciaba el consejero de Educación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha avanzado que el Consistorio ofrece espacios municipales como bibliotecas, parques y polideportivos para dar clases fuera de los colegios. Desde Más Madrid y Unidas Podemos IU consideran que este anuncio demuestra la "improvisación" del Gobierno regional. "No tenemos constancia de que el Ejecutivo de Ayuso haya pedido espacios a los municipios que ya se están quejando que para ponerlos en marcha se necesita tiempo ya que hay que acondicionarlos además de cancelar programación prevista", asegura la portavoz de Educación de Más Madrid María Pastor a este diario. "La cuestión es que más allá de grandes cifras hay pocas concreciones. Está todo en el aire, es comparable a los cientos de rastreadores que iban a contratar y que nunca llegaron", añade Jacinto Morano, portavoz adjunto de Unidas Podemos IU que pone en duda que la contratación del profesorado anunciaba pueda llevarse a término en los plazos anunciados. Un coordinador Covid para cada centro Una de las medidas más controvertidas de las anunciadas este martes por Ayuso es la del coordinador Covid que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que "será fundamental". Habrá uno por cada centro y su función será de la reportar las incidencias que se produzcan en su centro. Los sindicatos pedían en sus reivindicaciones la contratación de un enfermero o en su defecto un profesional de la salud por cada centro educativo, algo que el consejero de Educación descartó "por completo". Ossorio se ha comprometido este martes a contratar a 150 enfermeros más que se sumarán a los cerca de 200 que ya hay en la plantilla, una cifra lejos de la que pedían los organismos sociales para los más 1.800 centros públicos que hay en la región. Además, desde CCOO y UGT temen que esa figura acabe recayendo en los centros y en un profesor. El Ministerio de Sanidad registraba este martes 7.117 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.926 pertenecen a Madrid una evolución de la pandemia que sigue preocupando a sindicatos y que el Ejecutivo regional mira de reojo. No obstante, tanto CCOO como UGT celebran que la administración "haya reaccionado" tras a la presión ejercida con la convocatoria de huelga, aunque miran con desconfianza el plan anunciado por el Gobierno regional a solo diez días del regreso a las aulas. Las movilizaciones, por tanto, se mantienen: "Desconvocar la huelga ahora sería un tremendo error", considera Teresa Jusdado (UGT) que como CCOO espera que las medidas del Ejecutivo se materialicen en los próximos días.  |
| El derecho a la educación (Marina Rodríguez Martínez para ELDIARIO.ES) Posted: 26 Aug 2020 08:11 AM PDT Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIO.ES Hace ya tiempo se ha ido imponiendo un argumento que encierra una falacia, y su "aparente evidencia" prevalece a su "sencillo desenmascaramiento". Ha hecho mella en políticos de diferente signo, liberales, neoliberales e incluso progresistas; entre padres y madres; también entre docentes, incluso de la educación pública, porque es de educación de lo que trata este artículo. El argumento es: Los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y así lo recoge la Constitución. Innegable, los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, y por eso las sociedades plurales y democráticas les ofrecen las opciones de educación pública o privada, entre las que seleccionar la más afín a sus creencias, acorde a sus valores o cercana a sus casas. Lo que no dice la Constitución es que las opciones privadas hayan de ser financiadas con dinero público. Por eso, la exigencia de ese derecho de elección avalado por la Constitución, se convierte en una falacia cuando lo que va implícito es el derecho a que se les subvencione lo "privado". ¿Por qué tendrían que subvencionarnos un transporte privado, al que optamos libremente, con dinero público?, ¿podríamos exigir la financiación de la consulta médica privada, a la que acudimos libremente, a cargo del erario?, ¿se entendería la exigencia del derecho a elegir ese taxi o este médico subvencionados de esa manera? Lo que resulta claro en cualquier otro sector se ha trastocado tanto en el ámbito educativo que ahora estamos en un callejón sin salida: la educación privada-concertada, obligatoria (Primaria y ESO) y no obligatoria (Infantil y Bachillerato). La educación privada-concertada nace en nuestro país en los años 80 como una solución provisional a la imposibilidad de atender la demanda de escolarización por parte de la institución pública y de construir centros en unos plazos mínimos. Cuatro décadas después, la concertada es una realidad consolidada y en continuo crecimiento, a pesar de las paradojas que su sostenimiento provoca, por ejemplo, la concesión de suelo público para construir colegios concertados, más habitual de lo que podría pensarse, o negar nuevas líneas educativas en la pública que sin embargo engordan a la concertada. Por lo tanto, derecho a elegir, sí; exigencia de subvención pública si se opta por la vía privada, no. Esto sería suficiente para disolver la falacia que entraña la privada-concertada. Sin embargo, esta pugna entre la escuela pública y la concertada dura más de lo que hubiera sido deseable y hay algunos argumentos que pueden alumbrar el escenario en el que estamos para comprenderlo mejor. El primero tiene que ver con lo que podríamos llamar jerarquía de derechos. Suele quedar oculto que por encima del derecho de los padres a "elegir" está el derecho de los niños y jóvenes a "recibir" educación en cualquier rincón del territorio nacional. Esto se vuelve diáfano cuando pensamos en tantos lugares adonde no llega la privada aunque sea concertada, pero sí la pública: barrios y zonas deprimidas de las ciudades, guetos sociales, zonas rurales, dispersión poblacional. El derecho a la educación es universal y, además de en la Constitución Española, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto prevalece sobre el derecho a elegir, que existe mientras haya donde elegir, situación que no siempre se da, como hemos visto. La pública atiende al derecho universal de infantes y jóvenes, estén donde estén, por lo que necesariamente es superior y anterior jerárquicamente al derecho de elección. El segundo tiene que ver con la deriva que ha tenido el fenómeno de la concertación. Lo que nació como algo coyuntural para paliar unas necesidades a las que había que atender, se ha consolidado como opción educativa cada vez más privilegiada por los presupuestos públicos, en detrimento de la pública que ve enflaquecer su partida. Es decir, se produce una inversión de las inversiones presupuestarias, dándose la paradoja de que lo que se recorta a la pública va a parar a la privada. Pero esta es una cuestión de hecho, y hay que preguntarse si tiene sentido: tenemos dos modelos educativos públicos, uno "público-público" que está sufriendo todos los embates de las crisis, los recortes y la degradación de su función, y otro "privado-público"(privado en la gestión y recaudación de beneficios y público en la financiación) cada vez más boyante. Y aun así, sigue siendo la escuela pública la que obtiene objetivamente mejores resultados con menos recursos, y probablemente seguirá siendo así. Mientras la concertada recibe las subvenciones pero no pocas veces incumple los requisitos, como se concreta en el siguiente argumento. El tercero se convierte en una llamada de auxilio para enmendar cuanto antes esta suicida inversión de las inversiones y, sobre todo, remediar la pérdida de conciencia del papel fundamental que una educación pública de calidad juega en la construcción de sociedades democráticas y moralmente saludables. La educación pública es necesaria porque tiene la imprescindible función de servicio público para atender a todos con equidad, subsanando las desigualdades que las loterías natural y social conllevan; la privada-concertada es contingente, su función es atender a la élite, a los afines, a los suyos. La pública es plural y diversa, como la propia sociedad, y contribuye a la cohesión social; la privada-concertada selecciona y excluye, segrega y diferencia, en contra del Concierto. La pública es gratuita, financiada con el dinero de todos; la privada-concertada también recibe dinero público, pero además cobra cuotas "enmascaradas y voluntarias", no permitidas por el Concierto y que introducen la desigualdad en su seno. La pública persigue el beneficio social y su rentabilidad es la propia educación; la privada-concertada tiene como fin el lucro, porque es una empresa y persigue la rentabilidad económica, su negocio. Con todo esto, ha llegado el momento de caminar hacia la solución, aplazada una y otra vez, de la esquizofrenia de dos modelos que se fagocitan uno a otro. No será fácil, pero sobre todo no será rápido, porque habrá que situarse, para empezar, en el mismo punto en que se quedó en los años ochenta: la construcción material de escuela pública y, paulatinamente, la desamortización, des-concertación y/o reconversión en pública de la concertada que se pueda y se avenga. Una sociedad plena y madura debe contener en su oferta educativa diferentes opciones, públicas y privadas, laicas o confesionales, con diferentes metodologías pedagógicas que superan al modelo tradicional por ser más acordes a los tiempos que vivimos, que no son ya los del siglo pasado. Pero igualmente es un deber de toda sociedad contar con el mejor sistema público de educación posible, él único que debe ser financiado por todos, porque es para todos sin exclusión, como reza el lema que ha enarbolado la pública desde el inicio de sus malos tiempos: una "educación pública de tod@s para tod@s". Marina Rodríguez Martínez Profesora de Filosofía en un instituto público  |
| Posted: 26 Aug 2020 08:18 AM PDT  |
| Posted: 26 Aug 2020 08:18 AM PDT |
| Posted: 26 Aug 2020 08:11 AM PDT Reproducimos este comunicado de Asamblea de Docentes e Interinxs de Madrid (ADIMA) publicado en CUARTOPODER.ES Creemos que no. Rotundamente, no. Responsabilidad sería haber organizado ratios más bajas en todas las etapas, garantizando además grupos estables de alumnado con espacio suficiente para poder asegurar la distancia de seguridad. Pero esto no lo hacemos los docentes, son decisiones que debe dictar la administración. Asunto sobre el que no ha hecho nada. Responsabilidad sería ofrecer unas medidas seguras para el alumnado y profesorado de riesgo, puesto que son más vulnerables ante la COVID 19. Sus vidas están en juego y no hay nada regulado al respecto. Responsabilidad sería garantizar la limpieza y desinfección de todos los espacios comunes de los centros durante toda la jornada, intensificando la presencia de personal a todas horas y no solo cuando los centros se vacían, como sucede ahora. Pero esto también depende de la administración, que no ha hecho nada. Asegurar la presencia de personal sanitario en todos los centros sería responsable, para que trabaje coordinadamente con el profesorado en la detección de casos o en la toma de decisiones sobre la salud. Pero de esto también se ha de ocupar la administración, que no ha hecho nada. Responsabilidad sería haber ofertado las vacantes reales para que sean cubiertas por interinas e interinos, no haber aprovechado esta situación para continuar con la tendencia de contratar cada año menos profesorado. Responsabilidad sería garantizar una atención a la diversidad del alumnado con especialistas suficientes y que no roten entre centros, para paliar las consecuencias que tuvo el cierre de los centros en este alumnado y para evitar mayor movimiento del profesorado. Pero esto también lo organiza la Consejería y no solo no ha aumentado, sino que ha anunciado menos expertos (por ejemplo, PTSCs, profesores técnicos de servicios a la comunidad, que atienden al alumnado y a sus familias). Otra medida responsable sería dotar a los centros de los materiales de protección y desinfección suficientes y adecuados, pero lo que se ha recibido es un paquete de mascarillas y algún bote de gel hidroalcohólico, siendo los centros los que, sin más presupuesto, han costeado pantallas, guantes, batas, alfombrillas desinfectantes... Responsabilidad sería apoyar a los equipos directivos y docentes facilitando una guía de actuación ante la Covid-19, y no dejar en ellos toda la responsabilidad de la toma de decisiones apelando a la "autonomía de los centros". Igualmente responsable sería ser coherente y dar flexibilidad a los centros para que organicen sus horarios y servicios como sus espacios lo permitan. Responsabilidad sería garantizar que todas las bajas sean cubiertas con rapidez y transparencia. Sin embargo, fue la Consejería la que paralizó los llamamientos para sustituciones durante el estado de alarma, dejando bajas sin cubrir y considerando que ese trabajo podía ser repartido entre otros docentes del centro. Además, sigue sin conocerse el destino definitivo de miles de interinos que tendrán que esperar hasta el 26 de agosto para conocer el centro al que irán, momento en que la Consejería de Educación hace pública la asignación de vacantes que, no olvidemos, es un procedimiento informático que bien podría hacerse con más anterioridad. Responsabilidad sería asegurar que tanto alumnado como docentes cuentan con recursos suficientes para poder hacer frente a la enseñanza a distancia, en caso de que este escenario llegue. Pero la administración educativa no solo no ha actuado en este asunto, sino que da por hecho que se podrá implantar de nuevo esta modalidad dando por garantizado que tanto unos como otros volverán a preocuparse por conseguir estos medios, sin ayudas de ningún tipo. "El sálvese quien tenga". Responsabilidad sería organizar los horarios y espacios de los centros para que los servicios que se venían ofreciendo de comedor y extraescolares puedan retomarse. También para garantizar que los grupos de alumnado cuentan con más espacio y distancia suficiente. Pero la administración solo se ha ocupado de pedir un listado de espacios a los centros para no hacer nada sobre ello. Responsabilidad sería creer de verdad en que es necesaria la educación presencial porque es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y haber trabajado en colaboración con los docentes para que esta sea posible. En definitiva, los docentes y equipos directivos no somos irresponsables por llegar a un nuevo curso con una huelga convocada. Somos los que, junto a muchas familias, han mostrado preocupación e interés en garantizar una #vueltasegura pero, una vez más, hemos sido ignorados y ahora, humillados. No somos irresponsables, somos conscientes y realistas. Sin medidas de seguridad, la vuelta a las aulas no es más que un parche para que volver a la docencia a distancia quede justificado con un "lo intentamos". Señora Ayuso, señor Ossorio, los docentes no queremos intentar volver a las aulas, queremos garantizar que sí se puede volver.  |
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