MareaVerde |
- Gobierno y comunidades pactan un acuerdo de mínimos para salvar el comienzo de curso (Irene Castro para ELDIARIO.ES)
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos
- La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera un éxito total la manifestación virtual del 27 de agosto
- El Gobierno recuerda que la vuelta al cole es obligatoria y no concreta las medidas de conciliación (Irene Castro y Belén Remacha para ELDIARIO.ES)
- Solo una transmisión comunitaria descontrolada supondrá el cierre de centros educativos (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
- Se acabó la guerra civil de los colegios, ahora queda esperar a la siguiente (Íñigo Sáenz de Ugarte para ELDIARIO.ES)
| Posted: 28 Aug 2020 07:41 AM PDT Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES Enterrada, al menos por ahora, el hacha de guerra. Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo de mínimos para organizar la vuelta al colegio. La cercanía de la reapertura de las aulas seis meses después de que los niños se fueran a casa en marzo por el crecimiento del coronavirus en España disparó las alarmas en la comunidad educativa sobre la forma en la que se retomará la actividad. Y también se incrementó la tensión entre administraciones. Algunas comunidades autónomas y el PP reprocharon al Ejecutivo la inacción en este asunto. Incluso Unidas Podemos acusó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de "falta de liderazgo" en la organización del retorno a las escuelas. "Estamos trabajando desde la suspensión de la actividad educativa presencial. Hemos trabajado conjunta y coordinadamente". Así comenzó Celaá su intervención en la rueda de prensa en la que, junto a Salvador Illa y Carolina Darias, explicó el acuerdo alcanzado con todas las autonomías, a excepción de Euskadi. "Hemos conseguido concluir el curso 2019-2020, celebrar las pruebas de la EVAU, organizar el trabajo y homologar los estudios cursados en el extranjero y otros. Estamos trabajando en el inicio del curso escolar 2020-2021 que empezará en septiembre. Hay mucho trabajo hecho", se defendió la titular de Educación, que recordó que el 22 de junio, tan solo un día después de que se levantara el estado de alarma, se envió a las comunidades una guía para el arranque del curso escolar. "No hemos partido de cero", remató. Una vez recuperadas todas las competencias, las comunidades tenían que establecer sus propios planes de actuación. Pero a medida que la fecha se ha ido acercando y con un aumento significativo de los contagios, la tensión se ha elevado por parte de algunas autonomías, que pedían instrucciones a Educación. El Gobierno convocó una reunión multisectorial en la que estuvieran presentes los consejeros de Educación y Sanidad y, por su parte, asistió también la ministra de Política Territorial. La víspera, el PP convocó a sus representantes y, tras la reunión, Génova reclamó un plan coordinado para la vuelta al cole que incluyera el uso obligatorio de la mascarilla o la elaboración de pruebas PCR a los profesores antes de reincorporarse. Ante la revuelta ocasionada, desde el Gobierno recordaban que la educación es una materia transferida a las comunidades autónomas y que ya había un protocolo genérico elaborado en junio. La ministra trató de rebajar la preocupación al asegurar que solo era necesario realizar algún "ajuste" en función de cómo ha evolucionado la epidemia en España. Y eso es lo que han hecho en la reunión de este jueves en la que han introducido algunos cambios sobre las recomendaciones iniciales. Por ejemplo, se ha generalizado el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años –independientemente de que los alumnos formen o no parte de grupos "burbuja"– y se tomará la temperatura al inicio de la jornada escolar. También se han establecido parámetros como la higiene de manos al menos cinco veces al día o la necesidad de ventilar –si no es posible tener permanentemente las ventanas abiertas– antes de iniciar las clases y en los recreos. Los ministros explicaron que se trata de una serie de medidas acordadas con las comunidades, que podrán desarrollar otras que consideren oportuno dado que las competencias les corresponden a ellos. Un ejemplo es la realización de test PCR al profesorado. "Hay un consenso amplio en la ciencia y entre los epidemiológos en que una acción indiscriminada con PCR o test serológicos no tiene mucho sentido, hay maneras más eficaces" de reducir el riesgo de contagio, sostuvo Illa. "Nunca viene mal pero no es la forma más eficiente de actuar", apostilló el titular de Sanidad, que dejó claro que las autonomías pueden "actuar convenientemente". También intentaron restar importancia a las críticas que habían llegado de algunas comunidades, que acusaban al Ejecutivo de inacción. "El ambiente que hemos venido sosteniendo a lo largo de 18 reuniones –dijo Celaá para remarcar el contacto constante con las autonomías– ha sido siempre muy positivo". "Las comunidades dan mucho trabajo", admitió la titular de Educación en tono irónico, consciente de que ha estado en el centro de la diana en los últimos días por el tira y afloja entre las autonomías y el Gobierno central. Fuentes gubernamentales admiten que es "agotador" el equilibrio que tienen que mantener en la cogobernanza con las 17 comunidades. "Hay más ruido fuera que dentro", trató de suavizar Darias, que es la responsable de las relaciones territoriales. Sin embargo, la carrera por presumir del mejor plan no tardó en llegar y algunas autonomías cuestionaron el cumplimiento al 100% de las medidas pactadas. Andalucía puso en duda el uso de la mascarilla de los niños en el caso de que puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Catalunya no modificará su protocolo de apertura de las escuelas para incluir la mascarilla obligatoria entre los alumnos a partir de 6 años. El responsable de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que seguirán con su criterio: solamente será obligatorio el uso de mascarilla cuando el riesgo epidémico sea elevado. Si no, no lo será, informa Pau Rodríguez. Aún así, Argimon trató de no polemizar. "No habrá discusiones estériles". A pesar de que algunas comunidades habían reclamado con insistencia el pronunciamiento del ministerio en los últimos días, han aprovechado después para defender sus planes. "Es un documento razonable, de mínimos. Se debía haber debatido hace unas semanas –dijo el consejero madrileño Enrique Ossorio–. Por ese motivo el pasado martes la Comunidad de Madrid presentó su estrategia basada en el escenario 2 de las instrucciones de inicio de curso". La región, que encabeza las críticas al Ejecutivo central en la gestión de la pandemia, asegura que el documento pactado recoge "muchas de las propuestas" del plan madrileño, que consideran "más ambicioso" porque incluye medidas como 100.000 pruebas PCR o un ratio de 20 alumnos por aula [el protocolo establecido por Educación en junio apuntaba a una bajada del número de estudiantes para que estuvieran entre 15 o 20 por clase]. "El Ministerio ha llegado tarde. Ha presentado el 27 de agosto unas medidas que en nuestra Comunidad estaban ya adoptadas desde hace varias semanas", afirmó la consejera de Educación de la Región de Murcia, Esperanza Moreno, que reprochó que no se recogiera "la solicitud de flexibilizar los currículos de las materias y asignaturas". Celaá recordó que las adaptaciones programáticas son una potestad de las autonomías. No obstante, muchas comunidades han admitido que ya tenían todo listo para la vuelta al cole y que el acuerdo de mínimos no varía sus planes –que en muchos casos van más allá–. La consejera cántabra, Marina Lombó, explicó que el texto aprobado este jueves "actualiza" la guía publicada por los Ministerios de Educación y Sanidad el pasado mes de junio, que fueron la base para la elaboración del protocolo propio de cada Comunidad Autónoma, a la luz del conocimiento más profundo que se tiene hoy del virus y, también, de la evolución de la crisis sanitaria. "Hemos ejercido nuestras competencias", explican desde un Ejecutivo regional gobernado por el PSOE, que considera injustas algunas de las críticas que en los últimos días se han producido desde algunos gobiernos autonómicos por la gestión de la vuelta al cole. División en Unidas Podemos por las críticas a Celaá Además de la batalla que la ministra de Educación ha tenido que librar en los últimos días por las acusaciones de inacción por parte del PP y de algunas comunidades, Celaá se topó con la crítica de los de Pablo Iglesias a su gestión de la vuelta al cole. Mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, Unidas Podemos envió una comunicación a los medios en la que reprochaba a la ministra "falta de liderazgo" y le reclamaba medidas como la rebaja de las ratio de alumnos por aula o que la distribución de los fondos europeos se condicionase en función de la contratación de profesorado -algo inviable, según Educación y el propio presidente-. Sin embargo, ese reproche no lo comparten algunos de los miembros del gabinete que forman parte del socio minoritario. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, alabó el "excelente" trabajo de Celaá. "No le ha faltado liderazgo en absoluto", aseveró, según informa Servimedia. En esa misma línea se pronunció la titular de Trabajo, Yolanda Díaz: "Hace un trabajo extraordinario".  |
| Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos Posted: 28 Aug 2020 07:36 AM PDT DESCARGA AQUÍ LA GUÍA COMPLETA  |
| Posted: 28 Aug 2020 07:33 AM PDT   |
| Posted: 28 Aug 2020 07:31 AM PDT Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo para poner en marcha 23 medidas y cinco recomendaciones para la vuelta al colegio del que solo se ha descolgado Euskadi. "Hay un compromiso de seguir estas medidas pero no únicamente estas", ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en referencia a los distintos planes que pondrán en marcha las autonomías, que tienen las competencias en materia educativa. Lo que ha enfatizado el Gobierno en la rueda de prensa posterior al encuentro con los consejeros de Educación y Sanidad es que la vuelta al colegio es obligatoria para los menores de entre seis y 16 años ante la posibilidad de que haya padres y madres que se nieguen a que acudan a clase ante el temor a que no sea un entorno seguro. Lo que no ha precisado el Ejecutivo es qué medidas en materia de conciliación pretende adoptar para aquellos progenitores que tengan que hacerse cargo de sus hijos en caso de que estén en cuarentena y no puedan trabajar. El Gobierno encargará un informe a los servicios jurídicos del Estado para abordar el eventual absentismo escolar por la COVID-19. "Será puesto a disposición de las comunidades en una próxima reunión", ha explicado la ministra Isabel Celaá. No obstante, ha recordado que la educación es un derecho fundamental y que la obligatoria se extiende de los seis a los 16 años. "Es obligatorio asistir a clase y examinarse", ha aseverado la titular de Educación, Isabel Celaá. "Estamos trabajando por un entorno escolar seguro y muy controlado", ha dicho la ministra, que ha reconocido que "no existe el riesgo cero" antes de sentenciar que "la escuela tal y como se está preparando es mucho más segura que otros ámbitos de socialización en los que se pueda conducir al alumno". De hecho, la guía de actuación ante casos en colegios aprobada también hoy recoge que "el cierre de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectivo y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje". Illa ha precisado que se refiere a que el cierre de los colegios como medida aislada habría sido insuficiente para frenar la expansión del coronavirus. "Una medida aislada como la paralizacion educativa aisladamente no tiene por qué tener efecto", ha señalado. En el caso de que haya que cerrar las escuelas por la situación epidemiológica, la decisión corresponderá a las comunidades, según ha explicado Illa. Esa guía señala que se hará solo en el caso de que se detecte transmisión comunitaria en el centro, si no, se procederá a acciones menos drásticas, que sí podrán incluir la suspensión de clases o cierre de aulas concretas. El enfado de Illa: "No concibo que un padre lleve al colegio a un hijo que no está en condiciones de ir" Preguntado por si se prevén sanciones en el caso de que las familias lleven a los niños al colegio a sabiendas de que están contagiados, el ministro de Sanidad ha sido tajante: "Estando como estamos no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución". No obstante, el Gobierno no aclara qué medidas pretende poner en marcha para garantizar la conciliación de aquellos padres o madres que tengan que hacerse cargo de los menores en el caso de que tengan que permanecer en cuarentena, que es una de las preocupaciones de las familias. "Este documento que esta mañana hemos acordado no recoge tema de conciliación", ha dicho Celaá, que ha garantizado que el "Gobierno siempre está, ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias". "Pensaremos en respuestas acorde a las necesidades de las familias", ha apostillado. Ayer, el Gobierno sí anunció que están estudiando una modalidad de bajas o permisos para esas situaciones, pero todavía no está concretada. Illa y Celaá han destacado cinco medidas de las adoptadas para la vuelta al colegio: la distancia interpersonal de 1,5 metros, la mascarilla obligatoria a partir de los seis años en todos los grupos, higiene de manos como mínimo cinco veces al día, ventilación frecuente y constante - Illa ha dicho que lo ideal sería tener las ventanas abiertas si es posible. En caso de no serlo, la ventilación tiene que ser antes de arrancar la jornada, en los recreos y, en su caso, en el intercambio de clases-. La última es la toma de la temperatura antes de la jornada, que se podrá realizar en el domicilio con una declaración responsable o en el centro educativo. Sin embargo, Illa no ve necesario hacer test a los miembros de la comunidad educativa. "Las comunidades pueden actuar convenientemente" como consideren pero hacer PCR o pruebas serológicas masivas no es una orden ministerial porque "hay un consenso amplio en la ciencia y entre los epidemiológos en que una acción indiscriminada con PCR o test serológicos no tiene mucho sentido, hay maneras más eficaces" de reducir el riesgo de contagio, defiende el ministro. "Nunca viene mal pero no es la forma más eficiente de actuar", ha añadido, aunque sí ve útiles "los cribados" que sí están haciendo ya algunas consejerías "en función" del entorno del centro y de la tasa de incidencia. Además de las medidas relacionadas con la vuelta al cole, comunidades y Sanidad han decidido una segunda "acción coordinada en materia de salud pública" con las comunidades: adelantar la campaña de vacunación de la gripe. Habitualmente, cada año comenzaba a finales de octubre y principios de noviembre; este año, será "la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana". Con esa orientación, cada gobierno autonómico decide su calendario de vacunación gripal. El objetivo será llegar a un 75% de cobertura para mayores de 65 años y a un 60% para personas de riesgo, en contacto con personas de riesgo, y embarazadas. Se priorizarán "los centros residenciales". Que la campaña de vacunación de este curso se intensifique es relevante contra la pandemia de COVID-19, ya que muchos de los síntomas de sendos virus se confunden y en temporada de gripe se podrían sobrecargar más los sistemas de diagnóstico, además de empeorarse la salud de personas que puedan sufrir ambas patologías.  |
| Posted: 28 Aug 2020 07:31 AM PDT ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta información Pocas son las novedades con respecto a las anteriores versiones del documento que estudian las administraciones educativas autonómicas presentado desde el Gobierno central en la Conferencia Interterritorial de Educación que se celebra desde esta mañana. Son tres los escenarios que se plantean desde Sanidad para tener en cuenta si se producen casos de contagio en los centros educativos a lo largo de los próximos meses. Sobre la base de los grupos burbuja de alumnos/docentes, se prevé, en un primer escenario, que si se produce algún caso esporádico, este será aislado y se hará un seguimiento de sus contactos para controlar el contagio. En el caso segundo de que haya transmisión comunitaria esporádica o «brotes complejos», en los que el seguimiento de contactos sea muy complejo o imposible, se cerrarán en el centro las aulas afectadas y se ampliará el tamaño del grupo de personas que deben aislarse durante dos semanas. Solo en el tercer caso, si hay transmisión comunitaria descontrolada, se cerrará el centro. Actuación que decidirá en su caso la autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma. Según el documento de Sanidad, se considera brote a grupos de dos o más casos de infección activa que tengan vínculo epidemiológico. Por lo demás, los grupos burbuja no han de llevar mascarilla durante su estancia en las aulas, que deberían tener una correcta ventilación, y sí tendrán que hacer cuarentena, en bloque, en el caso de que haya algún caso positivo. Cuando un alumno tenga síntomas, lo previsto con anterioridad: mascarilla quirúrjica, EPI para el personal docente que trate con el caso en ese momento, aislamiento del alumno en una sala de uso individual (preferentemente) bien ventilada, con papelera de pedal. El centro tendrá que avisar a la familia, así como a la persona responsable covid en el colegio o instituto. Las familias tendrán que avisar a su centro de salud y los docentes, además, al servicio de riesgos laborales. Si existieran síntomas, habría que guardar el aislamiento a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. En el caso de que estas dieran negativo, la vida del centro educativo no debería verse afectada. En el caso de que fuera positivo, las autoridades sanitarias autonómicas tendrán que tomar las decisiones.  |
| Posted: 28 Aug 2020 06:47 AM PDT ELDIARIO.ES publica este artículo Después de días y semanas en que los medios de comunicación y la oposición alertaron sobre las ya míticas 17 vueltas al colegio diferentes ("17 formas de llevar mascarilla o de ventilar el aula", se ha llegado a titular), al fin se celebró el jueves la reunión con ministros y consejeros autonómicos de Educación. Después de toda la tinta derramada, podría pensarse que iba a tener lugar un combate salvaje con posiciones radicalmente contrapuestas. De repente, el drama desapareció. Las autoridades presentes llegaron a un acuerdo básico que cada autonomía aplicará a buen seguro en función de las circunstancias. "Un mínimo común denominador", lo llamó Salvador Illa, ministro de Sanidad. 29 medidas y cinco recomendaciones. Para lo más difícil, aquello de lo que casi nadie quiere hablar –el cierre de colegios en caso de brotes–, el plan del Ministerio lo reserva a situaciones de "transmisión comunitaria no controlada" sin concretar las cifras. Es mejor que eso lo decida cada Gobierno autonómico en función de los datos de cada centro. Nadie quiere ponerse en lo peor antes de abrir las aulas. Esta última idea tiene su parte de lógica. Si se pusieran sobre la mesa todos los posibles escenarios más negativos, los colegios no se abrirían nunca y el daño que sufrirían los alumnos, en especial los de familias más pobres, sería irreversible. Sí hay situaciones que se van a producir, porque son inevitables, y ante las que podría haber una respuesta más clara. Preguntaron a Illa qué se hará en los casos de familias que envíen a sus hijos al colegio sabiendo que tienen fiebre. El ministro, que suele medir bien sus palabras, optó por una reacción que ignora la realidad de este país, la formada por aquellas familias que no pueden trabajar desde casa ni tienen dinero para contratar a alguien que se quede con los niños en el hogar. "Estando como estamos, no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución", dijo. Quizá Illa no lo pueda concebir, pero ese es un dilema al que se enfrentarán muchas familias en el mundo real. Es evidente que sería una irresponsabilidad. También es verdad que es más fácil ser responsable cuando te lo puedes permitir. La ministra de Educación admitió que el documento pactado no recoge medidas sobre conciliación para esos casos. "Pensaremos en respuestas acordes a las necesidades de las familias", dijo Isabel Celaá. Cuando terminen de pensar, es posible que nos avisen. El acuerdo no contempla medidas inviables, como la exigencia del PP de hacer "test masivos", una medida desproporcionada que no es una garantía, porque un profesor que dé negativo en una prueba PCR puede contagiarse un día o una semana después. "Tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos", había dicho Ana Pastor el día anterior. Los gobiernos autonómicos presididos por el PP podrían realizarlas por su cuenta sin pedir permiso al Gobierno central y no se les ve con muchas ganas. Básicamente, porque tendrían que pagar las pruebas y contar con el número suficiente de laboratorios en el que analizarlas. Una reunión de ministros y consejeros no es una garantía de éxito. Como mínimo, esta era necesaria. Podría haberse hecho a mediados de agosto, aunque no fuera la cita definitiva. Esperar a los últimos días del mes ha permitido altas dosis de ruido político y periodístico. Lo normal en esta pandemia. Los gobiernos autonómicos ya habían aprobado criterios para la reapertura de las aulas, porque tienen las competencias en educación y las ejercen todos los años. La imagen ofrecida por muchos medios –caos, decían algunos titulares– daba a entender que todo estaba paralizado a la espera de la reunión del jueves, lo que no era cierto. Todo el mundo sabe que la respuesta de las Comunidades Autónomas dependerá de la evolución de los contagios en cada zona y cada centro. Es imposible convertir las escuelas en una burbuja, como se ha hecho con los deportistas en varias competencias celebradas este verano. "Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad", ha dicho el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. "Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos, entonces las escuelas pueden reabrir". En España, está ocurriendo todo lo contrario en las últimas semanas, así que cada uno puede hacer cuentas sobre lo que puede pasar. El presidente del Gobierno asturiano ha ofrecido lo que considera clave para revertir los datos preocupantes de este verano: "Asturias tiene mejores datos del coronavirus, precisamente, porque se anticipó y fue más drástico en adoptar algunas medidas. La anticipación, ganar días, ha demostrado ser clave para evitar mayores contagios", ha explicado Adrián Barbón. Otras comunidades lo tienen más complicado y han empeorado sus opciones con medidas contradictorias o tardías, o simplemente ausencia de ellas. En Madrid, una fuente inagotable de noticias difíciles de creer, todo depende de quién abre la boca. El vicepresidente afirma que la situación está controlada, al mismo tiempo que el alcalde de la capital pide a los ciudadanos que sólo salgan a la calle en las zonas del sur si es imprescindible, lo que viene a ser un confinamiento voluntario. Pero durante esta semana supieron que podían coger un coche o un tren para desplazarse en 40 minutos a Alcalá de Henares y asistir a una corrida de toros junto a otras 4.000 personas. La feria taurina de esa ciudad había sido autorizada por la Consejería de Interior, a pesar de que la Consejería de Sanidad recomendaba que no se celebrara. Parece que el Gobierno madrileño tenía dudas sobre qué es más importante: abrir los colegios o las plazas de toros. En la tarde del jueves, después de varios días de polémica, Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión que probablemente le partió su corazón taurino. Ordenó la suspensión de las corridas previstas. Esta crisis no deja de ofrecer momentos para la historia.  |
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