Al amparo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sembrado una nueva polémica en vísperas de las vacaciones de verano. Los sindicatos y la Marea Verde, así como los partidos de la oposición madrileña, acusan a Cristina Cifuentes y su Ejecutivo de hacer nombramientos a dedo en algunos centros durante los procesos de renovación de directores de cara al próximo curso.
La radicalidad en la interpretación de la LOMCE, también conocida como Ley Wert, permite a los gobiernos regionales reservarse el derecho de nombramiento de directores en caso de que no salga ningún candidato a través de los procedimientos ordinarios. Este proceso se fundamenta en la calificación del proyecto que presente el candidato o candidata para ocupar el puesto de director del centro por cinco personas: tres son miembros de la administración, una cuarta pertenece al Consejo Escolar y una quinta al claustro de profesores. En el caso de que no sea considerado apto ningún candidato para el puesto, el gobierno de la comunidad, a través de los directores de Áreas Territoriales (DAT) de las zona correspondiente al centro involucrado, elige un candidato definitivo.
De los más de 2.000 centros que hay en la Comunidad de Madrid, durante este año se han producido 336 cambios de directores, de los cuales 47 han venido con una enorme polémica y acusaciones al Gobierno de lo que ya se conoce como "dedazo".
El sindicato STEM no duda en calificar estas acciones de "creación de redes clientelares" en favor de directores que sean afines al Ejecutivo y que no vayan a ser críticos con los recortes venideros en el resto de la legislatura. Por su parte, CC OO y UGT lo consideran como un ataque a la educación pública sin paliativos. El clima de inestabilidad en los colegios públicos es cada vez mayor, ya que aproximadamente un tercio de la plantilla de educadores cambia cada año. Estos datos reflejan la falta de proyecto en la educación pública, cada vez más abandonada a su suerte.
Los supuestos nombramientos a dedo de estos directores se producen por dos vías diferentes: o bien porque las plazas sacadas a concurso no se cubren o bien porque se ha producido una jubilación y no se aprueba a ningún sustituto. Es entonces cuando el DAT entra en juego y elige a un candidato.
Un ejemplo de gestión
El centro público Montelindo, de Bustarviejo, en el norte de la Comunidad, ha sufrido lo que desde el mismo consideran un acto antidemocrático. Tras la jubilación de su antigua directora, durante el curso 2015/2016 ascendió al puesto una profesora que llevaba nueve años trabajando en el centro, como parte del protocolo del proceso de integración de un nuevo director. Fue entonces cuando, al acabar el año, presentó el proyecto para establecerse a largo plazo como directora, el cual fue suspendido con tres ceros por parte de la Administración.
Las organizaciones sindicales no dudan en tachar esas calificaciones como un "veto" velado. En declaraciones a Diagonal, Juan José Moreno Navarro, encargado de Educación del PSOE en la Comunidad, asegura que calificar con un cero sólo se justifica en el caso de que haya claros problemas en el centro relacionados con la violencia, con la integración de los jóvenes o con problemas logísticos profundos. Desde el CEIP Montelindo afirman que el centro no tiene esas deficiencias, ya que el aumento anual de alumnos es notable.
Soraya Chapinal, de Movimientos de renovación pedagógica, entiende que esas malas calificaciones sirven para estigmatizar al centro por llevar una línea de innovación en materia de estudios fuera de lo común, por lo que la comunidad prefiere cortar de raíz esas proyecciones. "Lo diferente es señalado", asegura Chapinal. Ésta no ha sido la excepción. Cecilia Salazar, encargada de Educación por Podemos en la región, nos mostraba su extrañeza ante estas prácticas de la Administración, definiendo esos ceros como "vetos" y entendiendo como un abuso el uso de los procedimientos extraordinarios.
Además, este centro se mostró reacio –porque las familias así lo quisieron– a realizar algunas pruebas de evaluación externas a los alumnos, lo que puede haber llevado a la toma de represalias por parte de las instituciones. Isabel Galvín, representante de CC OO en la plataforma regional de Madrid por la Escuela Pública y secretaria general de Educación del sindicato en Madrid, advierte que algunos de los nombramientos y suspensos de los proyectos se deben a "penalizaciones" a estos centros por haber sido críticos con los recortes o con la gestión de los gobiernos de la comunidad. Se ponen sobre la mesa posibles ajustes de cuentas que enturbian aún más la situación.
Otros colegios afectados
La lista de colegios e institutos con directores nombrados a dedo desde la Administración asciende a 47. Analizando el mapa de la comunidad, hay zonas más calientes que otras. Getafe, ha sido uno de los municipios que más ha sufrido estas prácticas. Cuatro colegios y un instituto se han visto afectados por este procedimiento extraordinario. Distritos madrileños como el de Fuencarral-El Pardo tienen hasta tres centros dentro del listado. Hay otros tres en San Sebastián de los Reyes y dos en Alcobendas. Esto apunta a que hay Direcciones de Área más flexibles que otras a la hora de nombrar directores y directoras de centros.
Esta mala praxis no ha sorprendido al sector de la educación más movilizado. El Partido Popular, que lleva casi tres décadas al frente de la comunidad, ha generado tal red de personal interno afín al partido y a sus procedimientos que se llega a perder la pista. Precisamente, el director del DAT Norte –responsable entre otros del colegio Montelindo– es Jose Carlos Fernández Borreguero, exconcejal del PP por Soto del Real. En las últimas elecciones municipales, el PP perdió la Alcaldía –y tres escaños– del municipio en favor del PSOE. Esto levanta la sospecha de nombramientos 'compensatorios' por la pérdida de sus puestos políticos, un evidente mal uso de los cargos públicos. Fernandez Borreguero llevaba doce años en la educación privada.
Hay otros centros que, pese a las imposiciones del DAT, no han cedido en la lucha y han acabado ganando la batalla. Es el caso del Miguel Hernández, de Getafe, uno de los centros referentes en lo que a innovación en planes de estudio se refiere. Hasta dos directores nombrados a dedo han tenido que dimitir en cuestión de horas debido a la oposición de padres y profesores. A la tercera, la Administración ha acabado nombrando al recomendado por el Consejo Escolar. Una victoria de la perseverancia.
En la última sesión de control de la Asamblea de Madrid antes del verano, este tema no pasó de largo. Fue Ciudadanos el primer partido que sacó a relucir los nombramientos a dedo, tendiendo la mano al Partido Popular para buscar conjuntamente una solución menos radical. El PSOE no compareció sobre este asunto y Podemos lo hizo acusando al Gobierno de nombrar candidatos "sin proyecto de dirección" para poder ponerse a trabajar en septiembre.
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