jueves, 9 de enero de 2020

MareaVerde



MareaVerde

Posted: 31 Dec 2019 08:54 AM PST
El compañero Manuel Menor nos envía este artículo:



Kavafis vio cómo todos esperaban su llegada y, también,  cómo al no valer ese recurso explicativo de los errores, cundía la decepción ciudadana.

Al parecer, los vándalos andan haciendo jugarretas al Belén que el alcalde de Ourense ha puesto en la Alameda para extrañeza de propios y extraños. Como a la Sra. Almeida, de la Comunidad de Madrid, al Sr. Jácome no le importa mucho que sea un horror su aportación belenística o que haya quienes se la desfiguren. Busca que hablen de él al margen de los asuntos para hacer ver si, con ese cebo, su gestión se redime de todo dislate.

La mención metafórica a los bárbaros alude a quienes dieron al traste en el 476 d. C. con el Imperio Romano -la organización administrativa más sólida de la antigüedad europea- después de muchos años de pactos. Aquellas  tribus eran  habitualmente considerados "barbari" desde una supuesta superioridad cultural, que les diferenciaba como extraños. No obstante, en sus orígenes nuestra propia cultura tiene componentes de todo tipo y, pese a ello, "bárbaro", y sobre todo "vándalo", expresan preferentemente comportamientos poco civilizados, ilegales incluso, aunque, como contraposición, "bárbaro" pueda significar también algo insospechado. Nuestro subjetivo modo de ver y el tono de voz  varían el sentido de esta palabra cuya elasticidad semántica puede percibirse, incluso, respecto a un mismo asunto. Estos días, por ejemplo, en lo tocante a lo que escribe una profesora malagueña. Su éxito editorial con la "leyenda negra" la ha llevado –con similar desenfado- al siglo de la Ilustración y, según qué periódico se lea, lo "bárbaro" indica si es detractor o partidario de ambos libros.

¿Avanzamos?
La Historia de España es empleada aquí para darse zurriagazos políticos, al margen de la calidad explicativa. Este fenómeno colateral, observado ya por Goya, es muy cansino cuando lo genera una gestión de la memoria al servicio del poder. Suele ser incapaz de distraer las urgencias del presente cuando persisten  comportamientos políticos indiferentes al paso de los años, con mínimas modificaciones formales que no impiden que los problemas sigan gravitando idénticos sobre los ciudadanos. Pero es visible a menudo, entre otras, tanto en negligentes políticas educativas, como en sesgos etnocéntricos asumidos como universalistas y dominantes, mientras el palabreo político trata de despistar.  

El valor del conocimiento histórico es apreciable entonces, no solo porque ayude a no repetir errores, sino porque desmienta el truco de supuestos "avances" del presente. La linealidad evolutiva de los acontecimientos no existe más allá de la estricta contabilidad de calendario. Que 2020 venga después de 2019 no indica, por sí mismo, una mejora cualitativa ni,  por supuesto, que vaya a ser provechoso para todos por igual. Sirva de ejemplo que el aniversario de la promulgación de la Ley de Violencia de Género, que debiera hacernos conscientes de cómo la barbarie sigue incrustada en el comportamiento social, con riesgo para las mujeres y, también para los menores.  El significado preciso de "avance" y "cambio" poco tiene que ver con el rutinario paso del tiempo y, si algún baremo puede exigirse para medirlo, debiera cifrarse en la mejora que pueda suponer en el cumplimiento de los derechos humanos. Igual vale decir de una Coalición de Gobierno que se autoproclame "progresista", término también muy "complejo" y "diverso", como se verá en el transcurso del nuevo año.

Desde la caída del Antiguo Régimen, los actores de la Historia –como destacó Bertolt Brecht preguntándose: "¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?"-,  no son las personas eminentes que los cronistas exaltaban sobre un resto que apenas era comparsa. Pero, desde que se empezó a hablar de derechos iguales para todos, ese sujeto colectivo -que se supone en la escena política- presenta internamente conflictivas diferencias de intereses.  No es raro, por tanto, que, en todo relato de algún acontecimiento se traten de apurar interpretaciones parciales, inclinadas a ocultar o exaltar a conveniencia.

Lealtad y honradez
Los calificativos de "buena" y "mala" prensa tuvieron, por tal motivo, mucho predicamento en los primeros años del siglo XX, parejos a los de "buenas lecturas" repetidoras de doctrinas establecidas. Los títeres de cachiporrra siempre  dieron carta de naturaleza lúdica al trato que en sesudos libros de Filosofía, Moral y Teología se daba a los "adversarii", es decir, cuantos pudieran discrepar de la ortodoxia. Les secundaban revistas editadas para considerar como "bárbaro" –vándalo, incluso-  a todo presunto disidente de lo pautado. Cuando ya no había Inquisición -como si las certezas no tuvieran graves riesgos-, la propia ley Moyano creó, en su artc. 160, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Según su Estatuto, para  "que se conserven los principios eternos de orden y autoridad, sin los cuales la sociedad retrocedería a los siglos bárbaros" y prevenir, entre otros, "los errores desgraciadamente peligrosos" que estaban empezando a advertirse  en las reivindicaciones obreristas ante "la cuestión social", como se ratificaría en la sesión inaugural el 15.06.1879.

Las viejas actitudes con los barbari, poco propicias para lo diferente, siguen visibles también hoy en periódicos y digitales. Idénticas a las de quienes escriben de Historia en plan apologético, asociados a prefijadas líneas antropológicas que permitan –como antaño a la psicología- teorizar sobre un apócrifo homo hispanus, impasible ante los egoísmos del presente. De todos modos, en este amplio terreno de lo bárbaro o vandálico que se glosa y se calla entre pasado y futuro, no está de más una sentencia traída a la actualidad por Nuccio Ordine en su divulgación de clásicos para hoy. Es de Montaigne (1533-1592): "Requiere más esfuerzo interpretar las interpretaciones que interpretar las cosas, y hay más libros sobre libros que sobre cualquier otro asunto: no hacemos más que glosarnos los unos a los otros. Todo está lleno de comentarios; de autores, hay gran escasez".

Por otro lado, en este final de 2019 en que fanatismos, odio e intolerancia contra la diversidad, antigitanismo, homofobia, disfobia, antisemitismo, xenofobia y racismo siguen volviendo a crecer a sus anchas –en la realidad y en las Redes-, nadie debiera olvidar lo que Baltasar Gracián decía en el siglo XVII: "En fe de su cultura pudo Grecia llamar bárbaro a todo el resto del universo",  "es mui tosca la ignorancia" y "no hai cosa que más cultive que el saber". Por mucho poder que alguien tenga, si no entiende que una buena educación para todos es el mejor antídoto, estará privilegiando  a la barbarie.

Manuel Menor Currás
Madrid, 31.12.2019
Posted: 31 Dec 2019 08:45 AM PST
Valentín comparte con nosotros esta carta:


Queridos Reyes Magos: Soy un "niño" de 92 años que aunque la vida me quitó muchas creencias en vosotros por necesidad y conveniencia aún sigo creyendo. Por ello os pido algo que dicen que está muy escaso y es muy caro: DECENCIA Y CORDURA PARA NUESTROS GOBERNANTES. Por la ambición de riqueza y poder muchos niños reciben en estos días como regalos: Hambre Destrucción y Muerte en sus países, o los dejan que se ahoguen en el mar. Si de verdad os ha enviado alguien que tiene un poder infinito, espero que vosotros podáis evitar esos desastres..En esa confianza os hace esta petición..

El abuelito Valentín.


      


Posted: 31 Dec 2019 08:41 AM PST
Nuestro compañero Agustín Moreno escribe este artículo en CUARTO PODER

Es un buen regalo de Reyes y comienzo de 2020 que por fin haya un Gobierno progresista. Las líneas del acuerdo de Gobierno hay que verlas globalmente y no solo de forma sectorial para valorar en su conjunto los compromisos que asumen ante la ciudadanía. En este sentido, es importante que se dediquen la mitad de los puntos a aspectos sociales, conscientes de que ese es el camino más eficaz para mejorar la situación de la mayoría social, colocar en el centro de gravedad otros temas diferentes a los que han copado el debate público en los últimos tiempos, y como vacuna frente al avance de la ultraderecha.
En mi opinión, hay cuatro grandes ejes para medir si realmente se coloca la educación como prioridad estratégica para mejorar la equidad, la formación de las personas y la cohesión social y democrática de este país.
1. La sustitución de la LOMCE. Es importante el compromiso de derogar una ley rechazada por la comunidad educativa con sus movilizaciones (Marea Verde), por la mayoría de los grupos parlamentarios y de negativos efectos en la calidad. Pero no se trata de suprimir un símbolo denostado, sino saber por qué se sustituye. La mejor manera de medir la profundidad del cambio es comparar las propuestas del Gobierno con el "Documento de Bases para una nueva Ley de Educación" elaborado por todos los sectores progresistas de educación.
Y las diferencias son grandes, si el cambio se reduce a poco más que la necesaria supresión de los itinerarios segregadores (y, supongo, que a la recuperación de programas como los de diversificación que funcionaban muy razonablemente y se los cargó el ministro Wert) o a que la Religión no cuente para la nota.
2. Red pública o doble red. No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos. Uno de los grandes problemas de la educación es la doble red que selecciona y segrega al alumnado por razones socioeconómicas, clasistas. Y sobre esto no veo nada concreto. Suprimir los conciertos a los centros que segregan por sexo está bien, pero son una pequeña realidad. Insistir en la gratuidad que ya dice hoy la ley "informando a las familia" es un brindis al sol, porque serán las comunidades autónomas las que pongan o no medidas para garantizarlas. No se aborda un horizonte de negociación para suprimir la anomalía de los centros concertados e incorporar su función en la red pública.
3. La laicidad de la escuela. Corregir la barbaridad de la LOMCE de que la asignatura de Religión computase para la nota media y para las becas es lo más elemental. Ya es voluntaria y que no tenga asignatura alternativa es poco relevante. Debería asegurarse la libertad de conciencia de los niños y niñas, según dicen las Convenciones de Naciones Unidas y, para ello, la religión confesional debe de salir de la escuela y del currículo, no solo del horario escolar. Y abordar, de una vez por todas, la derogación de un concordato preconstitucional que carga de privilegios a la Iglesia católica en su labor adoctrinadora, como aprobó la mayoría parlamentaria con la PNL de febrero de 2018.
4. La Financiación. El compromiso de llegar al 5% del PIB desde el actual 4,2% está bien, ya que son 8.000 millones de euros más que fueron los que recortó el PP, pero se demora mucho en el tiempo (no se alcanzarían hasta 2025). Hace falta una fuerte e inmediata inversión en educación porque no se nota la reversión de los recortes en los centros  educativos, hay que mejorar las becas y la calidad. Con este compromiso no hacemos otra cosa que aproximarnos a la media de la Unión Europea. Y esto no es suficiente: hay que  trazar un horizonte de futuro hacía el 7% del PIB si queremos que España esté a la cabeza de la calidad educativa.
Muchos temas que se apuntan en el programa de gobierno están en función de cómo se produzca la financiación, de cómo se desarrollen los acuerdos con las comunidades autónomas (CCAA) y de si son o no prescriptivos para ellas. Estamos hablando de poder financiar nuevas etapas educativas como la de 0 a 3 años; de un plan eficaz contra el fracaso escolar y el abandono temprano; de reducir la interinidad (aunque no se dice cómo) del profesorado y evitar los despidos para no pagar el verano; de reducir la precariedad del profesorado universitario; de mejorar la política de becas y de reducir las tasas universitarias a la situación anterior a los recortes… Compromisos de valor aunque sin concretar que aparecen en el programa de Gobierno.
Vista la experiencia de la ley 4/2019 que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que debía de servir para revertir los recortes de Rajoy (DL 14/2012) y que apenas se ha notado en los centros educativos en la reducción de jornada y de ratios, porque dejaba en manos de las CCAA su concreción y aplicación, se puede temer que algunos opten más por cambios aparentes que reales.
Así las cosas, estando bien una serie de propuestas, no dejan de ser insuficientes los cambios que se plantean en educación. Y, ojo, ello siempre que haya una movilización suficiente de la comunidad educativa y de la ciudadanía progresista, porque seguramente saldrán a la calle de manera preventiva las fuerzas que defienden los privilegios, el negocio y el adoctrinamiento religioso en educación. Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle.
Posted: 31 Dec 2019 08:35 AM PST
ELDIARIO.ES publica esta información

Derogar la LOMCE, prohibir los conciertos educativos en colegios que segreguen por sexo, subir la inversión educativa y sanitaria, incluir el dentista en el catálogo, eliminar los copagos, mejorar las condiciones laborales de los profesores universitarios, regular la eutanasia, descongestionar las listas de espera de la Dependencia, avanzar hacia la generación del 100% de energía renovable o toda una sección dedicada al feminismo.
Como había anunciado, el futuro Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dedica una buena parte de su pacto de Gobierno a lo social, casi la mitad del texto. Un total de cinco de los 11 puntos acordados tienen este cariz: Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo y despoblación componen los apartados más sociales del documento que se va a presentar esta tarde.

Educación: fin de la LOMCE y de los conciertos que segregan por sexo

La derogación de la LOMCE va a llegar tarde. El futuro nuevo Ejecutivo se compromete en el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos a tumbar la conocida como ley Wert y sustituirla por una Ley Básica de Educación. Pero los plazos aprietan, derogar en el Congreso una ley orgánica como la LOMCE lleva tiempo y los cursos escolares empiezan a prepararse por marzo, mucho antes de empezar en septiembre. Las cuentas no salen.
Así, en el mejor de los casos la LOMCE habrá resistido casi siete años, pese a ser una ley que "nació muerta". El Ejecutivo también se compromete a eliminar una de las medidas más polémicas que trajo la ley y que el Tribunal Constitucional avaló: los conciertos educativos en centros que segregan a sus alumnos por sexo. En lo relativo a la escuela concertada, el pacto anuncia que "se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".
Todavía dentro de la etapa obligatoria, a la que se dedican 11 de los 17 puntos de la parte educativa, el acuerdo compromete al Gobierno a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en Educación (actualmente en el 4,2%) en 2025 (ni rastro de objetivos cercanos al 7%, considerada la cifra mágica en Educación y que algún responsable socialista ha citado como la meta ideal). Por último, se anuncia "la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 a través de una red pública de centros".
En Universidad, para los alumnos el Ejecutivo anuncia que revisará el sistema de becas, que el PP había modificado con rebaja en las cuantías incluida. Entre los objetivos del nuevo Gobierno en este apartado estará que el dinero llegue antes de que empiece el curso, una queja recurrente de las asociaciones de alumnos. También se quiere promover una rebaja de las tasas, que llegaron a subir hasta el 300% según dónde, aunque esta ejecutar esta medida depende de las comunidades autónomas, el Gobierno solo puede modificar los márgenes en los que se moverán las autonomías.
Para los profesores, un vago anuncio de "avanzar en la reducción de la precariedad y progresiva estabilización", sin más concreción. A los docentes ya consolidados se les ofrece un estatuto docente, otra reivindicación histórica de los funcionarios universitarios. Para el personal de servicios no hay promesas.
El texto también contempla acuerdos en I+D+i. Se comprometen los dos partidos a aumentar la inversión pública y "avanzar" hacia los objetivos comunitarios, lo que supondría duplicar el gasto (no se especifica este objetivo en el acuerdo). También hay una propuesta para facilitar la contratación de personal investigador y aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales.

Sanidad y servicios sociales: hola al dentista e impulso a la dependencia

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el pacto de gobierno es la introducción de la salud bucodental en el catálogo del Servicio Nacional de Salud. Dicho de otra manera, dentistas gratis. "Progresivamente", eso sí.
El nuevo Gobierno también pretende eliminar los copagos introducidos en 2012, sin otro plazo que la legislatura. Esta medida empezará por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el tercero de los 14 puntos dedicados a la Sanidad se refiere al "blindaje" del sistema público de salud, "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". En este sentido, el documento fija el 7% del PIB como objetivo de financiación para 2023. Los países europeos que más invierten superan el 8%. Como le sucede en ciertos apartados de educación, el Gobierno central tiene las competencias en Sanidad limitadas y depende en buena parte de lo que las comunidades autónomas quieran o no quieran hacer.
El acuerdo también se refiere a la dependencia. Dice el texto que "mejorarán" la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para "reducir las listas de espera", poniéndose el objetivo del 75%. Actualmente, la media de espera para recibir una prestación o servicio es de un año y dos meses, según hizo público este mes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, este año el Sistema, que nació con la Ley de 2007, ha sufrido un retroceso grave: el número de personas que esperaban la valoración alcanzó en verano su récord desde 2012, y también aumentó por primera vez desde 2015 la lista de personas calificadas como severas o graves que no contaban todavía con ayuda.
También prometen PSOE y UP que "se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular", como piden las asociaciones, y de carácter "finalista", es decir, que el presupuesto para el Sistema no se pueda desviar. Actualmente, las autonomías aportan el 80% al Sistema y el Gobierno central el 20%, cuando la legislación dicta que debería de ser una inversión al 50%.
Posted: 31 Dec 2019 08:57 AM PST
ELDIARIO.ES publica esta información

Fernando Suárez, exrector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, dejó el cargo y convocó elecciones en 2017 por el escándalo de sus numerosos plagios. Desde entonces, y tras un periodo fuera de la universidad y luego sin actividad docente en un despacho de la biblioteca del campus de Fuenlabrada, se incorporó como profesor de Historia del Derecho y las Instituciones. Este año, además de su salario docente, recibirá un plus de 2.000 euros en atención a sus "méritos" en la investigación. Es uno de los varios centenares de profesores de la universidad pública que va a recibir un incentivo por su labor "científica". Concretamente, Fernando Suárez tiene publicados en su perfil académico dos proyectos que abarcan desde el 2016 al 2019 para investigar sobre los Reales Sitios (propiedades de la Corona administrados por Patrimonio Nacional) y sobre "Madrid, de corte a capital", en el que figura como investigador principal, según refleja su página de la URJC. Financian los proyectos la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía.
La vuelta a la producción de Suárez se produce después de que tuviera que abandonar el puesto de rector debido a la publicación en eldiario.es de al menos once plagios literales a otros autores. El autor presentó como propias ideas y obras de otros. Por ejemplo, copió y pegó parte de la tesis de una alumna de la Complutense, plagió obras de su propio padre (investigador cercano a la Fundación Franco), también copió a un profesor de Harvard, a un historiador y rabino de la Universidad Hebrea de Jerusalén o a un exdirector de la Real Academia de la Historia. Por todo ello, Suárez tuvo además que dimitir como vocal de la Conferencia de Rectores, como académico de la Real Academia de la Historia y como director de un prestigioso anuario que publica el Ministerio de Justicia tras conocerse su historial de plagios. Dos de ellos han acabado en la justicia: el catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio lo demandó por plagiar "literal y totalmente" 111 páginas de una obra de 180 y otro profesor interpuso una segunda demanda. La URJC anunció en 2016 que abría una investigación por el caso de Suárez de la que no se ha sabido nada ni ha habido como resultado ningún expediente o amonestación al exrector.
La ayuda pública concedida este año, a la que se presentó Suárez y que le ha sido concedida, tiene como objetivo "incentivar la investigación mediante la valoración a posteriori de la producción científica e individual durante el año 2018 y la consiguiente asignación de una cuantía económica individual en función del mérito".
En este caso, ha recibido el mínimo, 2.000 euros, que se da a los candidatos que están "en posesión de un sexenio vivo en 2018", es decir, que hace menos de seis años que el profesor recibió el plus estatal de investigación. La ayuda prevé otros mil euros como máximo en función de la "calidad científica" que en este caso no ha sido concedida. En el año 2017, el mismo en el que tuvo que convocar elecciones por el escándalo de los plagios, también se presentó a estos incentivos y consiguió un plus por el mismo motivo, pero en este caso algo mayor, de 2.400 euros.
El Vicerrectorado de Investigación de la URJC es el que otorga estas ayudas a sus profesores, para las que tiene un presupuesto total de 1,4 millones de euros. Los trabajos deben pasar por una comisión evaluadora, según la normativa. La URJC ha sido contactada pero se encuentra sin actividad institucional ni académica hasta el 8 de enero. El profesor Fernando Suárez no ha respondido a la petición de información de eldiario.es.
Posted: 31 Dec 2019 03:28 AM PST
El Colectivo Amagi (@AmagiColectivo) ha tuiteado el 23-12-2019:
Posted: 30 Dec 2019 11:30 PM PST

En el siglo XIX, ya hubo liberales muy poco liberales

Doctrinarios y demócratas compartieron poco. Los hubo, además, caciques,  sin pensamiento propio para decir lo que piensan y pensar lo que dicen.

La presidenta madrileña acaba de repetir su hipótesis de que muy pronto será posible un ministro etarra en Hacienda. También, barbaridades para exorcizar a sus oponentes de las gamas de comunismo con que, aconsejada por sus expertos, adorna sus peroratas. No se corta, sin embargo, al asignar en los Presupuestos 300.000 euros para el sostenimiento de servicios religiosos en residencias públicas de la región que gobierna, como parte de las subvenciones que van a las mismas manos entre otras partidas que ascienden a 4.100.473 euros anuales.  Más allá del adolescente truco sofista de crear adversarios para dogmatizar a gusto, este gesto de Isabel Díaz Ayuso demuestra la amplitud de "aconfesionalidad" -¿católica?- que exhibe con el dinero publico. Contrasta con los 196.788 euros que reciben conjuntamente, por similares motivos, la Comunidad Judía, las Comunidades Islámicas y los Evangélicos.

¿Neutralidad?
La supuesta neutralidad confesional que exhibe esta parcela autonómica  ilumina bien, además, lo nula que es en otras del gasto estatal continuado desde 185 y confirmado desde los Acuerdos de 1977-79. No solo por las proporciones del reparto económico que merezcan unos u otros creyentes, sino además por lo colonizado que  aparece el propio Estado en la gestión de estos recursos al no haber garantía de que sean empleados por sus receptores sin interferir con el bien común.  La Iglesia y las otras confesiones -en menor medida, por recibir menos- los administran como si les correspondieran per se, indefinida y crecientemente, sin responsabilidad pública, compitiendo por el poder simbólico entre sí, no por la pax religiosa. Esa parte de los Presupuestos públicos sigue siendo empleada, sin mencionar su origen, sobre todo en provecho propio, a la búsqueda de que su ideología o credo particular destaque sobre sus competidoras. Al publicitarse en las ondas, en medios impresos, redes sociales y programas televisivos –amén de lo que pregonen en sus lugares de culto-, persiguen la misma parcialidad de las antiguas guerras de religión: imponer en exclusiva -como cualquier monopolio capitalista- su presencia en los espacios y tiempos sociales.  Y como cualquier otro lobby empresarial, tratan de lograr más recursos y oportunidades para posicionarse en el mercado simbólico de bienes culturales.

Especialmente publicitarias son las prestaciones que estas instituciones hacen en  atención social, el aspecto supuestamente más volcado en la gente común. Los pobres siempre han sido fuente de prestigio –y de recursos-  ante los demás, como estudió Robert Castel, pero también reflejan la calidad de toda política social.  Desde el Bajo Imperio Romano el evergetismo que todo rico debía practicar si quería tener éxito –como ha estudiado Peter Brown- acompañó el triunfo de la Iglesia en el siglo IV. Transmutado en "caridad", el prestigio que confería a quienes detraían parte de sus recursos para ayudar al "pueblo" pasó a servir de propaganda a los eclesiásticos. Y al democratizarse los derechos políticos, sociales y laborales, las confesiones religiosas –también la católica- han preferido sostener estilos de ese pasado, poco o nada coincidentes con las reivindicaciones obreristas que, en el siglo XIX, hicieron de la pobreza fuera la "cuestión social". La intermediación a la que la Iglesia se apuntó entonces –como dejó bien claro León XIII en la Rerum novarum, en 1891- fue la de la caridad -y no la del derecho en justicia-  como paternalista alianza para aliviar algunos excesos.

Esa doctrina contribuyó más a confirmar que había problemas que a reclamar sus soluciones. En los 30 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, mientras el Estado de Bienestar se desarrollaba en los países de la UE, en España esa doctrina de la Iglesia tuvo como referente, entre otros,  el Centro de Estudios Sociales de la abadía del Valle de los Caídos, creado en 1958 "como plasmación de la idea de reconciliación y de superación de la guerra". En la Web de este todavía se puede leer cómo nació para estudiarla y difundirla  "como garante de la paz y de la justicia social en España", y cómo se ocupó "del análisis de los problemas sociales que habían sido la causa más frecuente de las alteraciones registradas en la convivencia dentro de la sociedad española y que habrían tenido su último reflejo en la contienda civil. Al mismo tiempo, el Centro debería contribuir a la elaboración de los criterios inspiradores de las nuevas estructuras socio-económicas que impulsaran la participación y la justicia sociales". A nadie se le escapa que ese importante aparato sociológico nunca analizó seriamente, ni menos trató de cambiar, el régimen político. Como mucho, dibujó algunos problemas nuevos que traía la relativa liberalización desarrollista de los años sesenta.

Desde la exclusiva doctrinal que tuvieron, es significativo que la Conferencia Episcopal solo emplee en el sostenimiento operativo de Cáritas el 2,12%  de lo que percibedel Estado a través del IRPF (21 millones de Euros), una cantidad bastante menor que los 82 millones que asigna, por ejemplo, a 13TV y  COPE, sus medios publicitarios por excelencia. Lo es igualmente, que sus limosnas, estipendios de culto y este dinero no pasen ninguna auditoría –y solo muy de puntillas por el Tribunal de Cuentas- pese a ser en buena medida dinero público, mientras publicita una repercusión "muy rentable" de sus actividades en la vida pública. Todo concuerda, sin embargo, con  la sempiterna  obsesión eclesiástica que, a diferencia del primer cristianismo, muestra por tener amplio patrimonio. Ese fervor capitalista, tan  visible en el celo último de clérigos y obispos en registrar propiedades, hará que los fautores de la desamortización decimonónica se inquieten en sus sepulcros. Menos lo entienden quienes, para visitar  edificios emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, museos y catedrales, han de pagar entrada y aguantar a determinados guías como si de una catequesis se tratara. El visitante  suele salir demasiadas veces de estas visitas con la impresión de que ese patrimonio no es de quienes con sus impuestos han pagado su restauración y conservación, pero además enseñado de que Iglesia S.A. siempre aspira a gestionar más recursos:  nunca le es suficiente.

El esquema
A muchos resultará asombroso todo esto y, como en lo sucedido con la compañía bananera que colonizaba el Macondo de García Márquez, "radicalmentecontrario a lo que los historiadores hayan admitido y consagrado en los libros de texto". Pero, en el fondo y en la forma, lo presupuestado para atención religiosa en residencias públicas por Isabel Díaz Ayuso, reitera ese esquema de actuación inter pares, que se refleja igualmente en capítulos más sustantivos como Sanidad o Educación. Cuando creó la "Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas" tenía que saber que había en la Inspección educativa reiteradas quejas de diversas organizaciones respecto al trato privilegiado que se venía proporcionando a los Colegios concertados, incluidos pagos extras que exigían por sus servicios. Tampoco pudo ignorar que la gran mayoría de esos colegios pertenecen a la caritativa Iglesia S.A,  gestionados por sus congregaciones o comunidades pastorales. En continuidad con otros anteriores, un informe de  mayo de 2019 (de CICAE y de la FAPA Giner de los Ríos) muestra las prácticas comerciales del 90% de estos colegios: "Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)"; "es el proyecto educativo de este colegio; si no, hay colegios públicos a los que se puede ir" que no ofrecen complementos escolares. Los precios que exigen contradicen las normas reglamentarias de los conciertos, y las razones que alegan contravienen lo que predican cuando hablan de caridad o cuando –en el plano propiamente empresarial- dicen que la enseñanza privada es más barata que la pública. Sí explican las quejas de madres y padres cuando advierten que "la libertad de elección de centro" está al alcance de muy pocos y que segrega. Este informe está completo en este enlace.

 A la señora Díaz-Ayuso puede que todo le dé igual, porque lo único que la satisfaga sea que hablen lo que sea, pero que hablen. De todos modos, antes de meterse en más jardines, debiera aclararse con su "liberalismo", la doctrina bajo la que pretende guarecerse contra sus propias alucinaciones. Si en vez de hablar de oídas leyera a Adam Smith o a John Rawls, entendería que no es liberal quien no rige sus actos por la igualdad de normas para todos, con idéntico conjunto de derechos y deberes. Si no se compromete con esa igualdad, por mucho que perore –y los medios repitan sus fantasías-, su parcialidad en el cargo seguirá siendo  antiliberal. La cooperación a que debe animar –para solucionar problemas y no para crearlos-  será imposible mientras excluya a bastante más de la mitad de sus gobernados. Por mucho que se escude en un supuesto liberalismo, habrá de admitir que ha sido puesta ahí para administrar favores y privilegios, como cualquier cacique de los que pululaban entre Los amigos políticos en la Restauración decimonónica. Hace 2055 años, Cicerón denunció a un personaje eminente como Catilina por abusar de la paciencia de sus conciudadanos. Las sentencias de esta presidenta, ridículas hojas de parra incapaces de ocultar maneras vergonzantes, están llevando a los madrileños a similar fase de hartazgo.

Manuel Menor Currás
Madrid, 26.12.2019
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