Un buen artículo:
Una sociedad moderna que se precie, ha de mirar al futuro, y conceder gran importancia a la educación y la formación, con la seguridad de que de ellas dependen tanto el bienestar como el progreso individual y colectivo.
El sistema educativo español está inspirado en la calidad de la educación para todos, independientemente de sus condiciones y circunstancias. Un sistema que dice garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que actúa como elemento compensador de las desigualdades personales, económicas y sociales. Un sistema al servicio de la sociedad para la preparación del ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos; la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. Todo está, pero casi nada es lo que debería ser.
Malos tiempos corren para la educación pública. La semana pasada, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se dirigía a la comunidad universitaria y denunciaba que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había comunicado a las seis universidades públicas madrileñas el alcance de los nuevos recortes presupuestarios que quiere imponer durante el presente ejercicio de 2012. Paralelamente, el Gobierno regional pretende sustentar los citados recortes a las universidades públicas de Madrid con la subida e implantación de nuevas tasas académicas. Ante estas medidas, el Rectorado de la UCM manifestaba su profunda preocupación y su total desacuerdo con las mismas, al no ser previsible el aumento de ingresos provenientes de las nuevas tasas que plantea el Gobierno regional; además de ser profundamente injusto hacer recaer el recorte en la financiación sobre los estudiantes y sus familias.
Se está utilizando la crisis económica, para imponer medidas restrictivas a los centros educativos y a las universidades públicas. Todo lo contrario que han hecho otros países, que han mantenido fuertes inversiones en educación -como Francia o Alemania-, y que se encuentran en mejor posición para soportar la crisis que afecta a la Unión Europea.
La educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales; para ello la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados.
El gobierno de España está incumpliendo el espíritu de la Constitución. En lo que respecta a la enseñanza no universitaria está recortando el número de profesores interinos y aumentando el horario lectivo del resto del profesorado de secundaria; aumenta las ratios en escuelas infantiles, colegios e institutos; elimina centros de formación del profesorado; suprime aulas de enlace y compensatoria y reduce grupos del bachillerato nocturno; elimina becas de acceso, para comedores, transportes y libros; todo ello en perjuicio de la calidad y del acceso en igualdad al sistema público.
En educación superior, la política de austeridad impuesta, se traduce en un incremento de las tasas, una reducción del presupuesto para becas e investigación, así como de la oferta académica. Todo esto, sumado al coste mismo de la crisis, va a suponer la expulsión de mucha gente de la universidad y la formación de un modelo elitista.
Los recortes, más que una amenaza al futuro, son un atentado violento de carácter ideológico, para acabar con la educación pública y los principios que la sustentan. Un atentado violento en toda regla que se dirige al alma de la sociedad: al desarrollo -imposible sin conocimiento, sin ciencia, ni tecnología-, y al principio de igualdad en el acceso al conocimiento y a la cultura. ¿Hay mayor acto de violencia que la de ser abocado a la ignorancia?.
En tiempos de crisis hay que ser austeros y siempre eficaces y eficientes. Habrá que recortar en partidas de gastos accesorios y suntuarios, que muchos hay; pero no todo, ni siempre, debe plantearse desde lo económico. No puede recortarse en cuestiones fundamentales y vitales para el futuro de un país, sino todo lo contrario. No se puede recortar en educación, sanidad o en prestaciones sociales, pilares del bienestar. Hay que invertir en educación, en un sistema educativo público, que favorezca una educación de calidad como una de las mayores riquezas y principal recurso de un país. Si además, como ocurre, se está impidiendo el acceso a la educación a una mayoría de la población, por razones económicas y sociales, se están incumpliendo los principios constitucionales de libertad, igualdad y no discriminación y por tanto contrariando un derecho fundamental: el derecho a la educación.
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