Figar sigue con su proyecto de destrucción de la escuela pública:
Una cadena humana rodea el instituto Salvador Dalí, en el distrito de Ciudad Lineal. Padres, profesores y alumnos se dan la mano como si quisieran formar un gran escudo que protegiera al centro educativo al que llevan años ligados de las injerencias externas. "Sí hay vacantes". "Queremos Bachilleratos públicos". "Incumplimiento de la libre elección de centros", se lee en grandes pancartas. Desde marzo, al menos 13 centros han vivido movilizaciones de este tipo en contra del cierre de aulas previsto por el Gobierno de Madrid para el curso que viene. Aseguran que se está obstaculizando la matrícula de nuevos alumnos para reducir grupos, y con ello profesores y gastos. A falta de cifras oficiales, CC OO calcula que el próximo curso se van a eliminar al menos 500 plazas en centros públicos, sobre todo de infantil, ESO y bachillerato. Un portavoz de la consejería asegura que "cuando se decide cerrar grupos es porque no hay suficiente demanda de alumnos".
La situación en las etapas de ESO y bachillerato resulta "especialmente preocupante" para la comunidad educativa. "Existen listas de espera para cursar Bachillerato y las peticiones de apertura de nuevos grupos no están siendo atendidas", explica Pilar de los Ríos, presidenta de ADIMAD, la asociación de directores que representa al 70% de los centros de secundaria de la Comunidad. CC OO estima que casi 1.000 alumnos no saben todavía en qué centro van a estudiar en septiembre, y esta incertidumbre puede generar, según De los Ríos, "un desvío de alumnos a la red privada". "¿Crees que los padres que a estas alturas no sepan dónde van a estar sus hijos van a esperar hasta septiembre?", pregunta con ironía. "Los que puedan permitírselo, llevarán a sus hijos a concertados cerca de casa".
José Luis Pazos, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres (Ceapa), considera que "es lógico terminar la adjudicación de plazas en septiembre" para incluir a los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. "Lo que no es razonable —dice— es que los estudiantes que han aprobado no estén matriculados porque el proceso se haya hecho mal".
Muchos centros tienen concertada la enseñanza secundaria, pero no los dos cursos de bachillerato, por lo que las familias tienen que decidir entre pagar elevadas cuotas o trasladar a sus hijos a un instituto público. Esta es la situación de Oilyana, de 17 años. Sus padres optaron por buscar otro centro porque no podían hacer frente al pago de 14 cuotas de 250 euros mensuales. Eligió el Dalí, pero el portal escolar publicó justo antes de Semana Santa que no había vacantes. Algo que la jefa de estudios del centro, Belén Rodríguez, niega con rotundidad. Lo mismo sucedió en todos los institutos en los que han suprimido algún grupo. "La consejería afirma que no hay demanda suficiente de niños", comunica Asunción López, vocal de la Asociación de Padres del Rosa Chacel. "Pero no pueden comprobarlo porque ni siquiera permitieron que se abriera el plazo de inscripción. Por lo menos 40 familias iban a matricular a sus hijos", asegura.
El cierre de aulas no se limita a cursos puntuales. Al menos en nueve institutos se van a suprimir las enseñanzas de ESO y bachillerato para, según afirma un portavoz de la consejería, "especializar los centros y potenciar la formación profesional". La decisión significa separar de nuevo a los alumnos de educación secundaria de los que cursan módulos que capacitan para el desempeño de una profesión. "Este planteamiento nos retrotrae a los años setenta", opina Isabel Galvín, representante de Educación de CC OO. "Segrega a los alumnos que considera mejores de los que la LOMCE —la nueva ley educativa— califica "con menos talentos". Pazos va más allá. Cree que el Ejecutivo autonómico está quitando las enseñanzas de ESO y bachillerato en "barrios de entorno socioeconómico bajo". "El Rosa Chacel se queda sin enseñanza secundaria porque está enfrente de la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza. Se lo puede decir más alto, pero no más claro". El director del Luis Buñuel, Alfonso García, estima "engañoso" que Educación afirme que pretenden potenciar la formación profesional si no van a recibir una inversión extra —cuenta— ni van a implantar nuevos ciclos "con la excusa de que no hay dinero".
"El Rosa Chacel es el único instituto público de mi barrio", ilustra una antigua alumna del centro. "Ahora los estudiantes tendrán que ir a un concertado o coger el metro o el autobús para desplazarse hasta otro centro público. Y si la familia no puede permitirse pagar un abono todos los meses para que su hijo vaya al colegio, ¿nos quedamos sin estudiar por no tener dinero?".
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