viernes, 24 de julio de 2020

MareaVerde





MareaVerde


Posted: 21 Jul 2020 02:01 AM PDT
Reproducimos esta noticia de la FREM CC.OO.



El afán del gobierno de la Comunidad de Madrid de recortar la Escuela Pública no tiene límites, ni siquiera en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Es absolutamente inaceptable lejos de incrementar los recursos para un inicio de curso seguro, incluso recorte los existentes. CCOO, que alarma sobre el impacto que este nuevo recorte va a tener en el alumnado ya que anticipa el aumento de las brechas y las desigualdades, anuncia actuaciones para revertir esta planificación.


La información a la que está teniendo acceso CCOO, en contacto permanente con los centros educativos, es muy alarmante. Los primeros cupos de plantilla para el próximo curso que están llegando a los equipos directivos de los Institutos de Educación Secundaria suponen recortes de profesorado en relación a las plantillas del curso que acaba de terminar. Este recorte se concentra especialmente en el personal especialista en atención a la diversidad. En particular, se suprime cupo de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa, Audición y Lenguaje así como Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). Una vez más, el más perjudicado vuelve a ser el alumnado más vulnerable por razones de necesidades educativas especiales o desventaja socioeconómica. No obstante, los recortes alcanzan a todos los perfiles al haberse suprimido grupos previamente al inicio del proceso de escolarización.

Como ya ha denunciado anteriormente CCOO, la Consejería de Educación está reduciendo también el número de grupos y aumentando las ratios de alumnado por aula, llegando a 33 en la ESO y a 38 en Bachillerato. Con estas ratios es imposible respetar el distanciamiento social y las medidas de prevención y seguridad imprescindibles, en un inicio de curso marcado por la pandemia de COVID19.

Con las plantillas asignadas no es posible organizar los refuerzos educativos anunciados por el Consejero de Educación, cuando son más necesarios que nunca después de la situación de confinamiento sufrida por el alumnado. En esta situación, el profesorado deberá asumir más carga de trabajo ya que, además de tener un número mayor de alumnado por grupo, aproximadamente un 15% de la plantilla de Educación Secundaria y Bachillerato verá aumentadas sus horas lectivas. Con el cupo de profesorado asignado a los centros ni siquiera es posible cumplir las ya restrictivas instrucciones de inicio de curso publicadas por la propia Consejería.

En plena pandemia se cierran aulas, se recorta profesorado y muchos grupos empezarán por encima de la ratio legal. Se está planificando la vuelta al cole en septiembre masificando aún más las aulas, sin respetar la distancia de seguridad y sin recursos para garantizar la tan necesaria presencialidad. Las plantillas que se autorizan a los centros públicos evidencian que se mantiene la agenda de recortes, que se ha decidido no aportar recursos ante la emergencia sanitaria y, lo más grave, que los fondos destinados a que el sistema educativo madrileño vea mitigadas las consecuencias de la pandemia no serán destinados a garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado madrileño. De no revertir esta planificación que se está realizando, las consecuencias, en términos de aumento de las desigualdades en el presente y limitación de las oportunidades en el futuro, serán catastróficas.

Por tanto, la situación es gravísima. Incluso, en algunas zonas y centros es desesperada. Por ello, CCOO que ha recurrido las Instrucciones de medidas sanitarias y de Inicio del curso 2020/2021, llevará a cabo todas las acciones a su alcance contra esta planificación absolutamente sectaria, irresponsable e injusta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Posted: 21 Jul 2020 01:57 AM PDT

CHANGE.ORG: Por una bajada de la ratio en Educación YA

Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista sanitario: el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados donde además no se mantiene una distancia física de seguridad.

Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista educativo: cualquier docente atiende mejor un grupo de alumnos/as más cercano a 20 que a 30 y el alumnado consecuentemente aprende más.

Medidas tomadas en cualquier negocio (bar, restaurante, peluquería, taller mecánico, supermercado, teatro, etc): reducir el aforo.

Medidas tomadas en centros educativos: mismo aforo (o sea, misma ratio o mismo número de alumnos/as por aula).

Por qué este trato diferencial? Si la excusa es que no hay dinero para invertir en Educación no es creíble porque se recortó y no se han revertido los recortes, pero si la excusa es que priman otros intereses por encima del bienestar de los niños/as y adolescentes no es presentable.

A la Educación no se le puede aplicar la lógica de los negocios y la mercantilización porque sus objetivos son distintos, pero es que se está aplicando una lógica peor, que embrutece e idiotiza.

La Educación es la mejor inversión que una sociedad puede hacer desde una lógica vitalista (su propósito fundamental), pero es que además también es la mejor inversión para cualquier negocio que pretenda perdurar a medio y largo plazo.

Si toleramos el maltrato a la Educación, siguiendo además una lógica mercantilista errónea y cortoplacista, estaremos vendidos y vendiendo el futuro de nuestros/as hijos/as.

La comunidad educativa al completo (profesorado, alumnado y Familias) y el resto de la sociedad (sin importar la opción por una educación pública, concertada o privada) debe movilizarse para concienciar a políticos de toda orientación.

Exigimos que se legisle una bajada definitiva de la ratio (como por otra parte se viene reivindicando desde hace años y como ocurre en los mejores sistemas educativos de otros países):
- En Educación Infantil 16 (máximo 18 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Primaria 20 (máximo 22 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Secundaria Obligatoria 24 (máximo 26 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).


FIRMA EN CHANGE.ORG
Posted: 21 Jul 2020 01:53 AM PDT
Reproducimos este articulo del compañero Agustín Moreno publicado en CUARTOPODER.ES 

  • "El Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo"
  • "La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada "nueva normalidad" con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad"
  • "Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas?"
El término "doctrina del shock" lo utilizó Naomi Klein para referirse a la aplicación de brutales medidas económicas neoliberales con el uso de técnicas de choque. Estas recuerdan las terapias psiquiátricas del electroshock sobre los pacientes para que no puedan reaccionar y reciban de forma sumisa la sucesión de agresivas descargas. En economía buscan atacar el bien común para privatizarlo y proceder a lo que se conoce como la acumulación por desposesión. A veces se utiliza la fuerza militar de forma directa, como fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Otras veces, se aprovecha el impacto en la psicología social de acontecimientos catastróficos para imponer reformas antisociales. Así, tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, se avanzó en el desmantelamiento de lo público, en un urbanismo de tabla rasa para reemplazar a los pobres por turistas y en las privatizaciones de la red de escuelas.
Aquí y ahora, estamos ante un escenario del segundo tipo: el aprovechamiento de la crisis sanitaria del coronavirus para aplicar duras medidas privatizadoras. Tendría que ser al revés, ya que si hay alguna lección clara de esta crisis es el valor esencial de lo público. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo. Liberalizar el suelo para volver a la fracasada fórmula del ladrillo. Seguir con los recortes en sanidad, negar condiciones dignas a los MIR actualmente en huelga, o privatizar parte del Hospital del Niño Jesús y las limpiezas del Gregorio Marañón, son algunas de las medidas. Aunque la lista de deseos de Díaz Ayuso y la ultraderecha neoliberal en Madrid es crecedera.
Veamos en educación. En este campo hay dos tendencias muy enfrentadas. Una progresista que defiende el fortalecimiento de la educación pública, como única garantía del derecho a la educación y de una mayor equidad, igualdad de oportunidades y cohesión social; y otra conservadora que defiende una privatización cada vez mayor a través de la segregadora educación privada sostenida con fondos públicos ("concertada"), como negocio económico e ideológico. En este contexto se produce el debate sobre las medidas a tomar para la vuelta a las aulas tras la pandemia.
La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada "nueva normalidad" con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad. Con este fin el Gobierno central aprobó destinar 2.000 millones de euros, porque la vuelta al colegio no puede ser con el mismo paisaje de aulas abarrotadas, escasez de recursos y profesorado. Con esta inversión no se revierten todos los recortes que realizó el Gobierno Rajoy y que llegaron a los 9.000 millones de euros. Pero dan juego para mejorar las cosas. Por ejemplo, en Asturias se ha fijado un número máximo de 20 alumnos por clase en primaria y se van a contratar 400 profesores más.
Pero la derecha sigue impertérrita y va a volcarse en las privatizaciones en educación en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad de Madrid marca el modelo y el Gobierno Ayuso ha preparado para el curso 2020-21 una reducción de 14.121 plazas en la educación pública. Se pretende así derivar a este alumnado hacia la red privada-concertada, negando de hecho la llamada "libre elección de centro", porque se obliga a las familias a llevar a sus hijos a los concertados al no haber plazas en los públicos. Estos datos se han recogido por el sindicato CCOO, tras la publicación de las plazas disponibles en el proceso de admisión de alumnado abierto para el curso próximo. Supone la reducción de 466 grupos, lo que paradójicamente lleva a aumentar las ratios en las aulas en tiempos de crisis sanitaria.
Estas cifras se han empezado a concretar estos días en los centros al recibir los cupos de profesorado para el curso 2020-21 y la reducción de grupos y de profesores es escandalosa. Ello dará como resultado la organización de grupos con más de 30 alumnos en ESO y 38 en bachillerato, la ausencia de desdobles y un aumento de las horas a parte del profesorado. A estos recortes hay que añadir el golpe a la inclusión educativa con la supresión del cupo de profesores de atención a la diversidad, compensatoria y PTSC; con ello se está perjudicando al alumnado, al que se tenía que reforzar después del confinamiento, por estar en desventaja socioeconómica y ser más vulnerable por tener necesidades educativas especiales.
Estos recortes en la pública no son algo excepcional, se producen año tras año, al tiempo que se regalan descaradamente decenas parcelas a la concertada, saltándose incluso la ley. Ello ha hecho que en la Comunidad de Madrid, gestionada por Esperanza Aguirre y otros presidentes imputados, el alumnado en la educación pública sea del 54%, frente al 67% en el resto del Estado. Es el resultado del achique del espacio de la educación pública, junto a un fuerte proceso de segregación escolar que nos hace estar a la cabeza de Europa en inequidad educativa.
Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos en bachillerato durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas? Ignorar la pandemia y planificar el curso como si el virus hubiera desaparecido va a dar lugar a un previsible escenario de brotes, de estrés en el profesorado y de alarma social entre las familias. Piénsese en el estudio de la Universidad de Granada que calcula que una clase de Infantil de 20 niños se convierte en una burbuja que contacta con más de 800 personas en sólo dos días. Podemos estar abocados al cierre de muchas aulas en otoño por tamaña chapuza y a consecuencias de salud pública.
¿Qué puede salir mal? Pues todo, cuando se actúa con tanta irresponsabilidad en una situación sanitaria excepcional. En el colmo de la inconsciencia y del fanatismo para seguir agrediendo a la educación, Díaz Ayuso se ha manifestado a favor "de reducir la distancia de seguridad en los colegios", cuando tendría que estar pensando en reforzar la prevención con la reducción de la ratio, la contratación de más profesorado y la inversión en infraestructuras. Y los ataques no acaban aquí: también ha anunciado que quieren aprobar una cuarta universidad privada contra el criterio de todo el mundo académico. Esta política anti educación pública también se repite en otras CCAA gestionadas por las derechas (Andalucía, Murcia, Galicia…)
Todo lo anterior ha hecho que se empiecen a agitar las aguas en la educación madrileña, creciendo el malestar y la preocupación. Se han realizado asambleas virtuales, una importante manifestación en defensa de los servicios públicos en Vallecas el 9 de julio frente a la Asamblea de Madrid, Asamblea Marea Verde ha convocado una manifestación para el 5 de septiembre , la Plataforma Regional por la Escuela Pública anuncia movilizaciones…
El rechazo a la política educativa de Díaz Ayuso es rotundo. Pero, más allá de la denuncia, la clave está en cómo se organiza la movilización para impedir esta nueva estocada a la educación pública. El profesorado, los sindicatos y los equipos directivos tienen mucho que decir, las familias y el alumnado también, junto a la ciudadanía madrileña y a los partidos políticos de la oposición. Quizá haya que conjurarse convocando unos Estados Generales de la Educación Pública de todas las fuerzas que la defienden para frenar esta brutal agresión. El curso no debería arrancar de esta manera tan irresponsable.
Posted: 21 Jul 2020 01:41 AM PDT
ELDIARIO.ES publica este artículo

La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer

Cataluña y Aragón están empezando a perder el control de una segunda ola de la pandemia cuando solo se atisban los efectos de la desescalada. Madrid es posible que esté igual, pero como Isabel Díaz Ayuso ha desistido de contratar a rastreadores que hagan seguimiento de los casos no lo podemos saber. Ayuso con la pandemia es el mono que se tapa los ojos, lo fue con las residencias y lo está siendo ahora. Mientras, Quim Torra se sigue peleando con la ley. Se sorprende cuando un juez le niega que pueda ordenar a los ciudadanos quedarse en casa y, con tal de no pedir ayuda al Gobierno de España, se le ocurre recomendar a la gente que no salga, mostrando la incapacidad argumental de los que negaban el estado de alarma como única herramienta legal posible. Los del estado de alarma como 155 encubierto se han dado de bruces contra el virus. Contra esta enfermedad no sirve la política procesista efectista, inútil y de confrontación que es norma en Cataluña, quién lo iba a decir.


Pero no nos perdamos en disquisiciones irrelevantes. Lo que está ocurriendo no será nada comparado con los riesgos que se correrán en septiembre y sus previsibles consecuencias. El curso escolar comenzará sin que se haya tomado ninguna decisión que no sea abjurar de la propia responsabilidad y asumir que no son capaces de garantizar la seguridad en las aulas para estudiantes y docentes. Las familias tienen que saber que cuando lleven a su hijo a la escuela o al instituto lo harán sin ningún tipo de garantías sanitarias más allá de la profilaxis que todos estamos siguiendo estos días pero en entornos mucho menos higiénicos que el aire libre, la playa o una terraza. El Ministerio de Educación de Isabel Celáa y las consejerías de educación de distinto signo político han tirado la toalla, no son capaces de aportar soluciones efectivas para que el curso se reanude en septiembre con unas mínimas condiciones sanitarias exigibles.

La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer. La legislación estatal en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, establece que las aulas deben disponer de un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona, esto en una situación normal, sin necesidad de distanciamiento social. Es decir, en condiciones normales una clase de Bachillerato con sus 36 alumnos tendría que disponer de un aula de 54 m2. Para mantener la distancia que marcan las pautas sanitarias de dos metros entre alumnos no cabrían en las aulas tipo de un centro público más de 12 alumnos, lo que supondría reducir la capacidad hasta un tercio. La única manera de que los alumnos y profesores no estén en riesgo es duplicar o triplicar recursos humanos y materiales.

¿Cómo se va a mantener la distancia de seguridad con ratios de 30 a 38 alumnos por clase? En la EVAU se han realizado las pruebas con unos aforos de sala del 30%. Ese porcentaje supondría meter en un aula solo a 12 estudiantes en una clase de Bachillerato de 38 alumnos, el máximo permitido por la CAM. Esa es la ratio de seguridad que las administraciones públicas han fijado para la EVAU pero han desistido de hacerlo al comienzo del curso porque eso supondría tener que aumentar los recursos por tres. En profesores y en espacio. Si no son capaces de hacerlo porque no hay dinero, que lo digan. Que sean claros, no pueden garantizar la seguridad de los menores ni de sus trabajadores.

La Comunidad de Madrid ha establecido unos escenarios tan ambiciosos para reanudar las clases en septiembre que van de llevar mascarilla a que no exista el virus. El consejero de Educación se ha lavado las manos dejando a los centros toda la responsabilidad en la gestión y dejando a los profesores la decisión de controlar los síntomas de los alumnos: tendrán que sacarlos del aula cada vez que uno muestre síntomas. Convierte a los profesores en personal sanitario y tendrán que llamar al 112 cada vez que un alumno tosa. Un plan sin fisuras.

Queda poco más de un mes para que se reanuden las clases y el cuidado plan de contingencia contra el COVID es embadurnarse de gel. Hay un elefante en el medio del aula y nadie parece prestarle atención. Lo único cierto y concreto de las previsiones es que cuando lleven a sus hijos al colegio estarán comprando un billete para una truculenta lotería.
Posted: 21 Jul 2020 01:36 AM PDT
Tabla

En este ámbito, la ministra ha dado a conocer a los consejeros autonómicos el presupuesto total para actuaciones en Formación Profesional durante 2020, que supone 316,4 millones de euros. De este presupuesto se asignan a las CCAA, a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, 265.572.000 euros. El resto se destinará a diversas actuaciones del MEFP. Esta cantidad se distribuye entre las CCAA de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros.


Puedes leer la información completa en la web del Ministerio de Educación y FP:

El Ministerio de Educación y FP presenta a las Comunidades Autónomas un programa de Formación Profesional con una inversión de más de 316 millones de euros para 2020

Posted: 21 Jul 2020 01:32 AM PDT
La Plataforma por la Escuela Pública en Moratalaz nos envía este documento, que puedes descargar completo AQUÍ


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