LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS "Francisco Giner de los Ríos" está en profundo desacuerdo con los cambios producidos en la normativa de escolarización y estudia las acciones legales necesarias para intentar evitar sus más que previsibles nefastos efectos, así como considera un auténtico despropósito algunas de las cuestiones recogidas en las instrucciones dadas hoy a conocer para participar en el proceso de escolarización.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la Orden 2939/2012, por la que se modifica la Orden 1848/2005, en la cual se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, contiene elementos suficientes para afirmar que es una normativa que provocará más perjuicios que beneficios y que limita la libertad de elección de las familias para ampliar sin límites la libertad de los centros educativos para seleccionar a su alumnado, una vieja reivindicación de una buena parte de la patronal de la escuela privada concertada.
La nueva norma camina en sentido opuesto de las recomendaciones de los informes internacionales, el último conocido es el elaborado por la OCDE bajo el título "Equidad y Calidad en la Educación", en los cuales se incide constantemente en la necesidad de regular los procesos de escolarización para evitar efectos perversos que se provocan con la desregulación absoluta en nombre de una libertad de elección mal interpretada y peor gestionada para favorecer intereses económicos e ideológicos. (sigue leyendo en el desplegable)
La falta de programación general de la enseñanza, tal y como ocurre en este caso, supone una dejación de funciones por parte de la Administración educativa madrileña y, por ello, la vulneración del mandato constitucional recogido en el artículo 27.5 de nuestra Carta Magna.
Además de que, el intentar beneficiar a unas pocas familias que quieren escolarizar a sus hijos e hijas en centros educativos alejados de sus lugares de residencia habitual, supone que otras perderán las plazas cercanas a su domicilio, es decir, que la opción de unos supondrá el perjuicio para otros, la norma prescinde de garantizar determinados derechos de los menores, como por ejemplo, el que tienen a no ser desarraigados de su entorno familiar y social, pero eso a la Administración no le preocupa, pues piensa en las necesidades de los centros educativos privados y no en el de las familias y, mucho menos, en el de los menores de edad.
Por otra parte, el baremo incorporado en formato de escalado de puntos que afecta a la escolarización en Bachillerato, supone que la Administración ha ocultado información significativa al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues no figuraba en el borrador de Orden que facilitó a este organismo para realizar el dictamen preceptivo, y debe ser denunciado públicamente. Dicho baremo vendría a dar respuesta a las necesidades de algunos proyectos estrella, como el Bachillerato denominado de "excelencia", que en el curso actual ha escolarizado al alumnado afectado vulnerando la legislación vigente en el proceso de escolarización del año pasado.
Relacionadas con la Orden publicada y en desarrollo de ésta, las instrucciones conocidas hoy suponen un auténtico despropósito organizativo y la constatación por enésima vez de que a los responsables de la Consejería de Educación y Empleo no les preocupan las necesidades de las familias, a quienes desprecian con demasiada frecuencia.
El calendario aprobado supone que las familias sólo tendrán dos días hábiles para realizar la entrega de las solicitudes de reserva de plaza, el 20 y el 21 de marzo, dado que la publicación efectuada hoy a última hora de la mañana deja a los centros educativos sólo un día, el de mañana viernes, para comunicar a las familias todo lo relacionado con el proceso, lo que, sumado a que estamos ante un fin de semana festivo al acabar en un lunes que tiene esa consideración, sólo deja dos días para que las familias acudan a los centros, y eso en el mejor de los casos, es decir, siempre que los centros puedan informar a todas mañana, pues de lo contrario el plazo aún sería menor. Situación idéntica a la que se producirá en septiembre, pues aunque el plazo de matriculación es teóricamente de cinco días, en el mejor de los casos serán sólo dos, pues se necesitan al menos tres para realizar los exámenes, las sesiones de evaluación, y la información a las familias.
La FAPA va a facilitar un modelo de reclamación a las familias para que lo presenten en los registros oportunos, de manera que presenten su queja y exijan una ampliación del plazo de presentación de las solicitudes, pues los padres y madres no tienen la culpa de que la Consejería de Educación y Empleo tenga una falta absoluta de planificación, causada por dar cobertura a las medidas ideológicas anunciadas. Los ciudadanos merecemos el respeto del que prescinden los actuales responsables de la Administración educativa madrileña.
15 de marzo de 2012
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