Más profesores al INEM y aulas tercermundistas:
Aumentar un 20% el límite legal de alumnos por aula (es decir, incrementar el máximo de estudiantes por unidad de 27 a 30 en primaria y de 33 a 36 en secundaria), no cubrir las bajas del profesorado de menos de dos semanas, imponer un mínimo de 25 horas lectivas en primaria y 20 en secundaria (ahora es un máximo de 25 en primaria y 21 en secundaria), aplazar el cambio previsto de los ciclos formativos de FP, congelar o reducir los complementos salariales y dar la posibilidad a los centros de bachillerato de ofrecer solo ciencias o letras. Son las seis medidas que José Ignacio Wert ha propuesto a los consejeros de enseñanza de las comunidades para aplicar el recorte de
al menos 3.000 millones de euros en las aulas, adicionales a los más de 3.400 que se han recortado ya en los presupuestos de los dos últimos años, anunciado el lunes pasado por el Gobierno.
Según el ministro, algunas de estas medidas son conyunturales y, por tanto, reversibles, mientras que otras son estructurales y servirán para mejorar la eficiencia en el servicio. La viceconsejera de Canarias, Manuela Armas, del PSOE, no opina lo mismo y considera que todas serán "irreversibles" y afectarán a "varias generaciones", ha declarado al término de la reunión con Wert. Además, considera que, como los presupuestos se han calculado en base a estas medidas, las comunidades no tendrán margen y se verán obligadas a aplicarlas, quieran o no.
Según Armas, estas medidas supondrían reduccir a la mitad la plantilla de la enseñanza pública, que ya ha perdido miles de docentes en los dos últimos años, por lo que se ha mostrado en contra y ha pedido que, en todo caso, se apliquen de manera proporcional al esfuerzo de recorte ya realizado por las diferentes autonomías.
Ya antes del comienzo de la reunión los consejeros del PSOE habían manifestado sus reservas ante los planes del Gobierno. "No hay que confundir la búsqueda de eficiencia con los recortes en Educación", dijo la consejera de Educación del País Vasco, Isabel Celaá (PSOE), en la entrada del Ministerio de Educación, en Madrid, en representación de los tres representantes de su partido, ella misma y los responsables andaluz y canario. "Venimos a debatir, no solo a escuchar", añadió Celaá.
Junto a Celaá, a la entrada del ministerio, el consejero de Educación en funciones de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, añadió: "No vamos a aceptar imposiciones". Ambos defendieron la inversión en educación como garantía de futuro frente a las medidas de ahorro del Gobierno. El consejero de Educación canario, José Miguel Pérez, también del PSOE, ya se había manifestado en días anteriores contra estas medidas.
Más dispuestos llegaban los representantes del PP. El titular de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en nombre de todos los consejeros de su partido, aseguraba que las medidas son "razonables, de máximos, y no obligan" a las CCAA, además de no afectar a los puestos de trabajo. Algo que ha reiterado después del encuentro con Wert, subrayando además que son "reversibles, aunque necesarias en este momento para "salvar el sistema educativo", que se encuentra "en serio peligro".
Presión sindical
Los sindicatos se han concentrado esta mañana frente al ministerio, también en contra de los recortes anunciados. CC OO, UGT, STES, ANPE y CSIF han entregado al departamento un manifiesto contra el tijeretazo y a favor de la escuela pública. "Vamos a asistir a una vuelta a las escuela de los años setenta" si las medidas se llevan adelante, ha dicho José Campos, de CC OO. "Un aumento de las ratios y de las horas de clase van a dificultar mucho la atención personalizada de los alumnos, que es la mejor manera de mejorar los resultados", ha añadido Carlos López Cortiñas, de UGT. Por su parte, Carmen Guaita, de ANPE, ha asegurado que estos recortes van a hacer imposibles las reformas que el ministerio ha prometido para mejorar la enseñanza en España.
Todos ellos han exigido la convocatoria de la mesa sectorial (órgano que reúne a sindicatos y Gobierno) para hablar de las medidas, y CC OO y UGT han amenazado con movilizaciones si no se llegan a acuerdos sobre las medidas de ahorro.
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