Valencia imita a Madrid y blinda la escuela subvencionada:
La consellera de Educación, María José Catalá, va a acelerar la toma de decisiones para «blindar» la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana y despejar la incertidumbre que sobre ella generan diversos grupos políticos de la oposición, en especial Podemos, Esquerra Unida y Compromís –en orden de mayor a menor repulsa al sistema–.
Esta semana se va a dar un impulso a la orden de la Conselleria que ampliará la duración de los conciertos entre la Administración autonómica y los centros educativos, para pasar de cuatro a seis años de vigencia en Primaria. De esta manera se adecua a lo que mandata la Lomce, que sí mantiene los cuatro años de vigencia para el resto de etapas.
La intención de Catalá era poder incluso llevar al pleno de esta semana la citada orden, aunque en cualquier caso podría estar lista para el último pleno del mes o el primero de diciembre. Al margen de la adecuación legislativa, la enseñanza concertada –que los socialistas impulsaron en su etapa al frente del Gobierno autonómico– es una prioridad para el Partido Popular ante las próximas elecciones autonómicas y locales del 31 de mayo.
Colaboración público-privada
El «ADN» de los populares lleva este tipo de colaboración público-privada que también se propone y se ejecuta en el ámbito sanitario. Es por ello que disociar la duración de los convenios y la cita con las urnas cada cuatro años es «aconsejable», según reconoció la propia consellera el pasado 25 de octubre durante el cuadragésimo segundo Congreso Nacional de Enseñanza Privada.
La estabilidad de la comunidad educativa está también en el horizonte de esta política educativa, ya que no se quiere crear inseguridad al alumnado que está recibiendo la enseñanza en centros concertados, y tampoco a sus familias.
La estimación del departamento que lidera María José Catalá es que hay 350.000 familias valencianas que tienen inscritos a sus hijos en centros concertados o que han solicitado plaza para ellos.
Esta parte importante de la sociedad valenciana merece, a juicio de la consellera, el esfuerzo del actual Consell para ofrecer la mayor certidumbre posible sobre el futuro de este modelo, que lleva vigente en la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas.
Tres de cada diez alumnos
Las cifras de la enseñanza concertada, además, invitan a ese impulso, ya que emplea a 19.300 personas en la Comunidad Valenciana. El total de alumnos en la región que están matriculados en centros educativos públicos es de 568.674 (71,3%), frente a los 228.087 (28,7%) registrados en centros concertados.
Estos porcentajes globales se acentúan en infantil y primaria donde hay un 75,6% de alumnos inscritos en centros públicos y un 24,4% en centros concertados.
El objetivo de María José Catalá es que ese porcentaje sea mucho más equilibrado, y se sitúe en un algo menos de un 60% de alumnos en centros públicos y algo más de un 40% en centros concertados.
Y es que la demanda para centros concertados está creciendo exponencialmente y la de la pública no sigue esa progresión. La oferta no se corresponde con la demanda, y ese desajuste es el que quiere corregir la Conselleria de Educación.
El ejemplo más claro se produce en las 41.474 solicitudes registradas en primer curso de segundo ciclo de Infantil (3 años) en centros sostenidos con fondos públicos, que se reparten entre las 27.399 en centros públicos (66%), y las 14.075 solicitudes en centros concertados (33%).
Sin embargo, un total de 10.212 plazas han quedado vacantes (el 24,6% del total). En centros públicos las plazas sin ocupar han alcanzado el 28% y en los concertados solo el 20%, ocho puntos menos.
Modelo «experimental»
El Consell que preside Alberto Fabra no se abstrae del posicionamiento que tienen sobre la enseñanza concertada fuerzas políticas emergentes como el caso de Podemos, con quien Compromís esta dispuesto a pactar.
Por ello, el PPCV presentó mociones en todos los ayuntamientos en defensa de este modelo educativo y trasladó este debate al plenario de las Cortes autonómicas. Las «bondades» del sistema se contrapusieron a otro tipo de aventuras educativas con modelos que los populares, como en el caso de Podemos, califican de «doctrinarios».
El líder de esta formación reveló recientemente en una entrevista en La Sexta su parecer sobre la enseñanza concertada, que si gobernara «reduciría a situaciones experimentales y elementos innovativos en la educación. No me gusta que se esté financiando con dinero público a escuelas en las que los métodos educativos los deciden instituciones privadas».
El modelo educativo será pues un campo abonado para la «batalla» electoral. Cuestión que, por otro lado, se ha traducido en malos resultados los últimos años.
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