En los últimos tiempos, la Educación Pública ha sufrido duros ataque por políticas neoliberales, con lo que se ha visto aumentada la oposición entre los intereses económicos de éstas y la preocupación social de aquella: eliminación de la atención a la diversidad, aumento de ratios, disminución de docentes y plazas, aumento de horas lectivas, expulsión de docentes con experiencia, precariedad, aumento de tasas, disminución de becas, disminución de presupuestos dirigidos a los centros (algunos con grandes problemas para pagar suministros y materiales)… Todo ello buscando el debilitamiento y desprestigio de la red de centros públicos así como de sus docentes, fundamentalmente los que se hallan en situación de interinidad. Estos, mientras trabajaban y defendían la sociedad, han visto cómo se los despreciaba y se precarizaban sus condiciones laborales: despidos antes de la finalización real de los cursos; eliminación de vacaciones y parte de su cotización; imposibilidad de acceder a una prestación en el paro, porque la Administración ha dispuesto que ya nunca trabajen doce meses seguidos, requisito para recibir tal prestación; obligada aceptación (si no quieren salir de los listados) de medias jornadas, tercios y hasta cuartos, viéndose penalizados si toman otro trabajo para completar un sueldo ínfimo, cuya mayor parte se pierde en el transporte hacia el centro educativo; igualmente, obligada aceptación de puestos en un centro a grandes distancias de su hogar, aunque haya otra vacante más cercana; cada año, iniciar el curso en un centro diferente, aunque la vacante del centro anterior siga disponible e incluso la dirección del mismo estuviera contenta con el trabajo del docente, por lo que se imposibilita que pueda entrar a formar parte de proyectos para los que estaría cualificado…
Todo lo antes referido se suma a que estos docentes, que se han visto en situación mantenida de interinidad por la falta de plazas ofertadas (a pesar de la necesidad de las mismas), han aprobado una o varias veces los exámenes de oposición. Sin embargo, contra toda lógica, se ven obligados a repetirlos una y otra vez, teniendo que decidir entre quitar tiempo para realizar sus tareas reales como docentes y a la actualización de su formación continua o a quitarlo al estudio de dichas pruebas.
A esta angustia de tener que perder mucho tiempo en la preparación reiterada de las mismas pruebas, se suma la reciente (en algunas Comunidades Autónomas, aunque se va extendiendo) de tener que temer que su experiencia –en un trabajo con personas- no se valore nada y se vean, tras años de buen servicio, en el paro como castigo por haber defendido la Educación Pública en momentos de duros recortes y que sufre el alumnado.
Los interinos, al igual que los funcionarios de carrera, ya aprobaron unos durísimos Procesos Selectivos, y por tanto ambos son docentes. La única diferencia que existe entre unos y otros es que en unas convocatorias se repartieron más plazas que en otras. Por tanto, se considera que es de justicia que esas calificaciones no caduquen. Con ello se conseguirá: eliminar parte de la precarización que existe, de lo que se beneficiarían; asegurar que los docentes más preparados continúen en el Cuerpo Docente, verían su esfuerzo recompensado y su ánimo mejoraría para ejercer con mayor diligencia aún la complicada y responsable labor de la docencia; que estos docentes dispongan de tiempo para actualizar su formación, no solamente con másteres u otras carreras, sino en seminarios especializados y en cursos centrados en TDAH, Acoso Escolar, neuropedagogía, etc.; participación en Programas y Proyectos de centro; mejora la calidad de la enseñanza.
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