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Posted: 07 Sep 2017 12:00 AM PDT
Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
Sofía Pérez Mendoza
El PP sale al rescate de la escuela concertada. El grupo popular en el Congreso ha presentado este verano una iniciativa que pide al Gobierno que continúe "velando para que las administraciones garantice el derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos".
La proposición no de ley, firmada por el portavoz Rafael Hernando y registrada en julio en el Congreso, señala una a una a todas las comunidades autónomas que están revisando estos acuerdos (Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) y acusa a los gobiernos regionales –todos socialistas o en coalición con socialistas– de "distorsionar" el "derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución" al "reducir de forma injustificada unidades concertadas y/o dificultar la viabilidad de los centros concertados, enfrentando ambas redes".
El PP utiliza esta vía para confirmar que su postura sobre la escuela concertada –privada subvencionada con fondos públicos– es inamovible y, además, no se va a maquillar de cara a un futuro pacto, interpretan los demás grupos políticos. Más allá de eso, el Gobierno poco puede hacer en la gestión de estos acuerdos.
El Ministerio de Educación no tiene competencias sobre ello. La facultad de crear, renovar o rescindir los conciertos es de las comunidades autónomas. Indirectamente esta cartera –en los tiempos en que era dirigida por el exministro José Ignacio Wert– ha introducido cambios a favor de la concertada. En este caso incluyéndola en la ley educativa actual, la Lomce, aprobada en 2013.
Esta norma amplía el periodo de vigencia de los conciertos de cuatro a seis años y concretando que la organización de plazas escolares queda sujeta a "demanda social", lo que se interpreta como una vía para facilitar la creación de nuevos acuerdos. La 'ley Wert' también obliga a las administraciones a garantizar "plazas suficientes" aunque sin especificar, como sí habían hecho leyes anteriores, que para ello debe utilizarse preferentemente la red pública.
eldiario.es ha preguntado al Ministerio de Educación como parte apelada por el PP en su iniciativa. "Los centros públicos y concertados deben ser respetados en los mismos términos, garantizando su viabilidad y continuidad en el ejercicio de la enseñanza", afirman las fuentes consultadas, que añaden que "corresponde a las comunidades garantizar el derecho a los padres a elegir centro educativo".
En la situación actual, el Ejecutivo solo podría poner un recurso para intentar parar la desaparición de algunos de estos acuerdos, informan fuentes jurídicas. "Pero eso sería meterse en un lío porque no tendría mucha legitimación porque las normas que regulan esto son autonómicas. Solo podría ocurrir en el caso de que se agarraran a un incumplimiento de la Lomce", explican desde UGT, donde interpretan que la iniciativa busca más bien "un golpe de efecto para su electorado más proconcertada".
Las patronales pleitean para no perder
Las comunidades que han cambiando sus normativas sobre conciertos educativos están encontrando muchas dificultades para reorganizar las plazas escolares. Las patronales de la concertada o los propios centros afectados por la reducción de aulas han presentado recursos ante los tribunales, algunos con éxito. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha blindado cautelarmente las aulas de seis centros concertados que habían sido eliminadas por el gobierno valenciano.
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