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- Septiembre (Manuel Menor)
- Mientras siguen reclamando un IES público en la Garena, la Comunidad de Madrid admite ampliar las rutas escolares
- Los factores de la exclusión educativa en España: Mecanismos, perfiles y espacios de intervención. UNICEF 2017
- Cifuentes pone a profesores de Dibujo a dar clase de Matemáticas cuando la ley no lo permite (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)
- Comienzo de curso – No sin mi profe (Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública). Modelos de carta para familias y ampa
- Podemos denuncia ante la Fiscalía la gestión de Cifuentes que ha dejado a cientos de alumnos sin colegio (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)
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Posted: 11 Sep 2017 05:01 AM PDT
Manuel Menor nos envía su último artículo:
En septiembre vuelven a ser patentes las desigualdades del sistema educativo
Nuestra versión universalizadora de los derechos educativos sostiene múltiples resabios de diferencia, segregación e, incluso, exclusión. De entrada, tiene dos –o, según se mire, tres- redes bien distintas.
El mes de septiembre es el que mejor muestra una de las desigualdades más persistentes en España a lo largo de la edad contemporánea y actual. Antes de 1857, se correspondía con las características económicas y sociales que marcaba la rígida y jerarquizada sociedad del Antiguo Régimen. Incluso las superaba, pues pocos –y especialmente muy pocas- eran quienes tenían acceso al conocimiento. Y desde 1857, en que Claudio Moyano hizo la primera ley general de Educación, hasta el presente en que tiene vigencia la LOMCE, seguimos manteniendo, con apariencias ligeramente diferentes, un amplio paisaje de desigualdades en la prestación de los medios adecuados para dar cobertura a este derecho esencial de acceso al saber. Verdad es que se ha logrado la escolarización universal pero, pese a todo, la educación que reciben unos y otros españoles dista mucho todavía de tener las características de la equidad como supuestamente se pactó en la última Constitución.
Duplicidad, no igualdad
Desde antes de la ley Moyano y a lo largo de los 160 años últimos, la estructura del sistema educativo español ha tenido siempre una amplia duplicidad, atenta a la reproducción de características sociales muy diferenciadas. En la etapa de la II República y en la dinámica de lo acontecido en Francia y otros países, se intentó reducir el desequilibrio, pero en los 40 años que siguieron hasta la Constitución de 1978 se fortaleció la situación previa, de modo que cuando se debatió el artc. 27, el peso que tenía la enseñanza privada en el conjunto del sistema educativo español –en gran medida propiedad de congregaciones católicas-, fue muy superior al de quienes defendieron la escuela pública. Esto explica que fuera redactado de modo ambiguo y, sobre todo, que de entonces a hoy sigamos con evidentes diferencias entre ambas redes y, lo que es peor, con una fuerte propensión a reducir, desde los años 90 los recursos de la red pública. En un reciente informe de FE-CCOO, puede seguirse gráficamente en detalle la secuencia de esta disminución desde 2009, tanto en personal como en medios para atender a los ciudadanos más desfavorecidos. Pese a que la crisis ha hecho aumentar los demandantes de educación pública, la tendencia es que, en el afán de reducir costes, los presupuestos han favorecido a la enseñanza privada mientras los de la pública han disminuido. Ha sucedido especialmente en la atención a la diversidad, las becas y las ratios por aula.
En la primavera, los padres primerizos dedican parte de su tiempo a buscar información para que sus vástagos tengan acceso a lo que consideran una buena inversión de futuro. El boca a boca suele ser el medio más prestigiado para decidir a dónde se lleva al niño o, sobre todo, a la niña. La publicidad escolar también hace lo suyo: prolifera entonces de manera más aguda para idealizar las cualidades que tienen determinados centros. Un brillo al que los rankings de centros que algunas comunidades han impuesto también contribuye. Así se ha ido configurando una fuente documental de primer orden para observar cuáles son las preferencias de este mercadeo y cuáles sus pulsiones cambiantes a fin de que la demanda escolar tenga una ficción referencial. Convertida la escolarización en mercancía, la demanda suele acabar ajustándose a lo que la oferta proporciona. La pluralidad que ofrecen instancias privadas diversas, en que el negocio suele mezclarse con razones ideológicas predominantemente religiosas que lo fortalecen, es relativamente amplia, pues da acceso –con variaciones crecientes según etapas y comunidades autonómicas- a más de un tercio de la población en edad de escolarizar, perteneciente en su gran mayoría a las clases medias y medio altas.
Tras la ardua decisión y el cálculo de oportunidad pertinente, para los padres más preocupados septiembre viene a ser ya el momento de comprobar de qué vaya el producto que hayan elegido, sobre todo si han decidido llevar a los niños a la enseñanza privada o concertada. Disfrutan estas en menor o mayor medida del dinero público, pero conviene no olvidar que la red pública también la pagan los ciudadanos, aunque por la vía presupuestaria. Quienes por razones económicas o de muy meritoria elección personal han decidido enviar sus hijos a este subsistema no suelen tener en septiembre una tensión tan estricta con la rentabilidad de su elección inversora. Nadie les quitará, sin embargo, que, cuando hablan con allegados o familiares, les surjan de la gama del prestigio y demostración social dudas de si habrán hecho lo correcto.
Reproducción más que educación
Vista históricamente, entre las condiciones de nuestro sistema educativo, la de la desigualdad sigue siendo una de las más significativas. Si para que desaparezca hemos de esperar el mismo tiempo que llevó universalizar la escolarización, nos queda todavía para rato. En 1989, estaba lograda hasta los 14 años y, en torno a 1996 -después de que se ampliara a los 16 en un momento en que la educación pública tuvo un fuerte impulso- se alcanzó esa preciada aspiración de los más ilustrados del XIX. El problema es que en muchos casos no se ha sabido bien qué hacer con ese crecido tiempo de la escolarización y que, entretanto, han pervivido muchos recovecos del sistema para mantener la diferencia. Uno de los más sutiles y astutos, por ejemplo, ha sido el de la "igualdad de oportunidades", constructo en que –como explicó Ángel Puyol en 2010- escondió Napoleón para su delirio imperialista las aspiraciones de millones de individuos que, antes de la Revolución, estaban condenados desde antes de nacer, a seguir soñando con la posible emancipación. En realidad, la carrera abierta a los más talentosos bajo un rubro distinto del linaje persigue aprovechar al máximo –eso es el esforzado meritaje- las posibilidades de mayor rentabilidad social, política y económica. A cambio, sigue dejando fuera de juego a la gran mayoría de individuos, y más en tiempos de crisis.
Por su parte, José Saturnino Martínez acaba de publicar La equidad y la educación, en que incide sobre las inequidades actuales que cabe deducir de un riguroso análisis estadístico. Buen momento, pues, el de este septiembre para reconsiderar el carácter discriminatorio que sigue mostrando el sistema educativo español, donde un 33,3% de críos está en clara situación de desventaja social y en grave riesgo de pobreza educativa. Ahí sí que no ha llegado en modo alguno la supuesta bonanza del crecimiento económico. Comunidades como la madrileña, de nivel alto en su contribución al PIB, siguen siendo paradigmáticas en cuanto al maltrato hacia la escuela pública en beneficio creciente de la privacidad educadora. Valga de prueba lo que en este septiembre tienen que soportar los padres de miles de niños sin posibilidad de "elección de centro", ese ideologizado eslogan que tanto instrumentó Esperanza Aguirre y que sigue utilizando agresivamente Cifuentes. Han aumentado las subvenciones a colegios que segregan por sexos. Hay unos 19 centros escolares en obras donde, incluso, empezarán las clases en barracones. Persisten bastantes "centros de difícil desempeño" y, además, en una precariedad laboral donde hay profesores interinos, como Eloy Garavís, que ha circulado durante un mismo año académico hasta por siete centros diferentes.
En este septiembre sigue urgiendo replantear, por tanto, las políticas educativas que se llevan a cabo. Sobre todo, las que induce el MECD con legislación y proyectos como el de un "pacto" en que este tipo de cuestiones ni se mencionen o lo hagan de manera tan suave que todo siga como ha sido. La pretensión del PP de preservar y aumentar los privilegios de los conciertos educativos y otras subvenciones a centros privados, es la regresión perpetua. No se contentan con que los derechos educativos se reduzcan a preservar en puridad las reformas que había puesto en marcha la UCD, particularmente la LOECE (1980). De ser posible, tratarán de ir más atrás: para los más conservadores, la ley de 1970 habría sido el origen de la "gran estafa" educativa. También las primeras huelgas obreras de la etapa franquista llevaron a decir a algunos: -"¡A dónde vamos a parar; si hasta los obreros quieren vestir abrigo!".
Igualdad y propiedad
La igualdad sigue siendo, en todo caso, un indicador esencial para entender de qué van la calidad educativa o la democrática en general, aunque el fondo de esta cuestión ya quedó sentenciado en la peripecia acomodaticia que adoptó la Revolución Francesa antes de que terminara el siglo XIX. Roberspierre, para quien la pobreza era incompatible con la independencia personal que presupone ser ciudadano, antes de que le estigmatizaran sentenció que el derecho más imprescindible del hombre es el de existir: "la primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a esta". Ahí conectaría el de la educación, imprescindible para no ser esclavo de múltiples formas de dominación y dependencia. Sin embargo, como analiza Puyol, el triunfo de los intereses burgueses sobre los del estado llano en esa Revolución tan crucial hizo pronto que el significado de libertad e igualdad se acomodara a las exigencias de aquellos. "La libertad" se redujo a la libertad económica de los propietarios; "la igualdad" se transformó en formalista igualdad ante la ley, por mor de la seguridad jurídica contractual. Y de "la fraternidad", el otro gran referente, patente es que ha quedado más proclive a la aleatoria continuidad de la beneficencia particular que a las exigencias de una justicia distributiva. En cuanto a la propuesta de la igualdad de oportunidades antedicha, a la vista está lo lejos que nos encontramos de erradicar las contradicciones que nuestro sistema educativo acarrea
Ahí seguimos en este septiembre, cuando arranca este nuevo curso académico y el imaginario nacionalista pretende distraernos con otras nostalgias. Sus cómplices, que ahora se rasgan las vestiduras, tanto guerrearon con que España se rompía que no se sabe dónde están en vísperas del 1-O. ¿Andarán buscando los 40.000 millones de Euros que dijeron no pesarían sobre el erario público? ¿Por qué se amparan en neolenguajes vacuos para que no nos fijemos en que promueven descarnadas asimetrías sociales y que, en coherencia, la escolarizaión pedestre que patrocinan no tiene interés alguno en una equidad digna para todos?
Manuel Menor Currás
Madrid, 09.09.2017
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Posted: 11 Sep 2017 12:00 AM PDT
LA RUTA ESCOLAR PARA LOS NIÑOS DE LA GARENA
La Plataforma por la construcción del IES La Garena, que había manifestado su disconformidad, respecto a cómo se había planificado la ruta escolar del barrio de La Garena, que inicialmente sólo era para los alumnos de 1º de la E.S.O., esta tarde ha recibido información de que dicha ruta, se amplía a los niños de 1º y 2º de la E.S.O. y a los hermanos de éstos que estén en cursos superiores. Los alumnos beneficiados serán los que asistan a los institutos: Antonio Machado, Doctor Marañón y Arquitecto Pedro Gumiel.
Como consecuencia de la falta del I.E.S. en el barrio de La Garena, los niños tienen que desplazarse al centro de Alcalá, esto ha motivado la necesidad de que la CAM organice una ruta escolar para asistir al instituto.
Desde La Plataforma para la construcción del IES La Garena, seguimos insistiendo en la necesidad de dicho instituto en el barrio de La Garena, en vez tomar medidas que no solucionan el problema de fondo, que es la necesidad de la construcción del mismo.
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Posted: 10 Sep 2017 02:15 PM PDT
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Posted: 10 Sep 2017 01:56 PM PDT
Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
Sofía Pérez Mendoza
David es profesor de Dibujo pero este año tendrá que dar además Matemáticas, una especialidad para la que no tiene ninguna formación. A Pilar, que estudió Bellas Artes, como David, le ha tocado completar sus horas con Tecnología. Son solo dos de la veintena de funcionarios de carrera a los que la Comunidad de Madrid hace asumir en los institutos materias que no forman parte de su especialidad ni han impartido nunca, una maniobra que contraviene la ley. "Esto empeora la calidad de la educación y no estoy dispuesto", dice David, que ha rechazado la plaza asignada y ahora está en un limbo. Pilar también se ha rebelado porque, además de dar varias asignaturas, tiene repartidas sus horas en varios institutos. En una situación similar están otros profesores que no tienen habilitación para dar clase en centros bilingües. "No saben qué hacer con nosotros, hay años que hemos estado haciendo la mitad de horas lectivas y el resto nos lo completaban con guardias", cuenta Pilar. Según el real decreto que regula las llamadas "asignaturas afines", los docentes que aprobaron la oposición por dibujo solo pueden dar Educación Plástica y Visual en Secundaria y Dibujo Técnico, Fundamentos del Arte, Historia del Arte y Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas. El resto de materias quedan fuera de su alcance, una norma que la Comunidad de Madrid no está respetando a la hora de repartir las vacantes para este curso y que ya generó polémica en el pasado, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la región. Los que deciden cómo se reparten las horas de cada profesor son los propios centros. Es decir, la Consejería de Educación no distribuye los horarios ni elige qué materias imparte cada uno pero sí está enviando a profesores con una sola especialidad a vacantes del tipo 02: plazas que llevan implícito "compartir horario con otra especialidad". Además, según el testimonio de varios afectados, cuando los docentes reclaman a la administración les advierten de que pueden rechazarlo pero a cambio de que les envíen "a lo que quede". "Ellos saben que no es legal, pero si tú aceptas...", añade David. La Consejería de Educación defiende que "se trata de un proceso totalmente legal", en respuesta a las preguntas de eldiario.es. "Este tipo de vacante supone completar el horario en el centro con los apoyos docentes que ofrecen los equipos directivos, siempre teniendo en cuenta la formación docente del profesor", justifican. Pero circunscriben los casos a solo clases de refuerzo para niños y niñas con dificultades (Compensatoria). "Cualquier profesor puede optar a las vacantes de compensatoria, que en cualquier caso son voluntarias". Los docentes afectados, reunidos en la Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid, quieren evitar culpar de su situación a los directores y directoras de los institutos públicos. "Este año se están volviendo locos para cuadrar los horarios porque faltan docentes. A mí me han puesto estas cuatro horas porque, ya en este estado de necesidad, piensan que puedo dar bien al menos la parte de geometría por mis conocimientos de dibujo técnico", explica David. La mayor parte de centros madrileños han pedido sin éxito ampliación de cupo de profesores porque desde este curso las horas de tutoría cuentan dentro de las 20 horas lectivas y el resultado es que faltan manos, denuncian los sindicatos. Una polémica parecida surgió en el año 2011, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre entonces optó por señalar a los institutos como culpables: "S i alguien da una materia que no es afín a su especialidad, irá la inspección y se le caerá el pelo a ese instituto y a ese profesor", dijo. La diferencia es que, seis años después, el número de institutos bilingües se ha multiplicado, lo que aumenta el número de docentes afectados. Su punto en común es no tener la habilitación de idioma extranjero (nivel C1) que exigen este tipo de centros para dar clase en inglés. Así que estos docentes se quedan apartados por los interinos que, incluso sin aprobar la oposición, sí tienen formación en lengua inglesa. "Somos funcionarios de carrera y llevamos años en expectativa de destino, dando vueltas, compartiendo centro, dando otras cosas...", se queja Pilar. David se siente igual: "Terminamos quemados y apáticos. Cada año es empezar de cero", dice. "No hay sitio para nosotros"
En algunos casos, los docentes no pueden –en muchos casos por circunstancias personales– empezar a estudiar inglés hasta alcanzar el nivel avanzado exigido. "No es cosa de dos días", dice Mayte, que justifica que no cree en el bilingüismo implantado en Madrid porque es "discriminatorio".
Lee el artículo completo en eldiario.es
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Posted: 10 Sep 2017 01:32 PM PDT
Mercedes nos envía este correo de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública:
Eso significa que mañana viernes 8 de septiembre, algunos alumn@s empezarán el colegio sin su profesor/a de referencia o de apoyo.
Proponemos que las familias impriman y firmen la siguiente carta – o bien individualmente, o bien como AMPA (o de las dos maneras). Hay que completar con el número de profesores que faltan (o por recortes o por nombramiento tardío) en tu centro. (Las familias / AMPAs pueden adaptar la carta a las circunstancias de su centro.)
La carta se puede mandar individualmente o conjuntamente a la dirección en la cabecera o a través de registro, además de por correo electrónico.
Sugerimos que esta acción se lleve a cabo entre mañana viernes y el lunes 11 de septiembre.
 
Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas
Puedes descargar estos documentos en word:
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Posted: 10 Sep 2017 02:05 PM PDT
Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
Sofía Pérez Mendoza
Ambas empresas abandonaron las tareas a las que se comprometiron por contrato con la Consejería de Educación tras ganar el concurso público por "falta de solvencia", una decisión que ha repercutido en que los estudiantes que tenían que ocupar esas aulas nunca construidas hayan tenido que ser reubicados de urgencia en otros centros públicos, pasar el curso dando clase en barracones o ser enviados a espacios en centros concertados por los que la administración está pagando más de 50.000 euros. Estos hechos, entienden los denunciantes, "podrían revestir naturaleza penal" y por ello piden al Ministerio Público que los investigue. Joca S.A firmó la obra de construcción de las nueve primeras clases del colegio Averroes (en Arroyomolinos), un comedor y una sala de usos múltiples por 1,6 millones de euros cuando el presupuesto estimado era de 2,4, según los pliegos del concurso. En el instituto José García Nieto del municipio de Las Rozas rebajó el coste de los 4,1 millones calculados por la Consejería de Educación a 2,7 millones. Para levantar el edificio de Primaria en el CEIP Miguel de Cervantes en la ciudad de Getafe pujaron con una oferta de 1,42 millones cuando estaba presupuestado en 2,19. Y en el IES Las Tablas, la empresa Ogmios Proyectos S.A ha renunciado a construir las 12 aulas que figuraban en un contrato con una rebaja del 34% del presupuesto base. El único criterio fijado para las adjudicaciones en todos los casos era el precio. En la denuncia figuran, además, el IES Neil Armstrong, cuyas obras están bloqueadas porque los terrenos están afectados por la trama Púnica; el IES Paracuellos del Jarama; y los CEIP Ensanche de Vallecas, Constitución 1812 (Leganés) y Andrea Casamayor (Paracuellos del Jarama). Cláusula de responsabilidad
El escrito aclara que en todos estos contratos había una cláusula, la vigésimo sexta, que prevé la responsabilidad del contratista por daños "que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato". Sin embargo, "no existe indicio alguno de apertura de procedimientos de investigación y depuración de responsabilidades para estas empresas". En ninguno de los casos, los denunciantes tienen constancia de que "la empresa haya sido sancionada o penalizada por una actuación al menos temeraria".
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