Sería absurdo empezar este artículo con eufemismos o matices: la educación pública se encuentra en una de los cruces más preocupantes de los últimos tiempos. Sometida a la imposición de un nuevo paradigma neoliberal y víctima de las medidas antisociales con las que los diferentes gobiernos pretenden parar esto que ellos han denominado crisis, la vemos peligrar mientras se imponen los nuevos criterios y se aprovecha la situación actual.
Y ésta, difiere mucho de la que creyó en la educación como un servicio público, como un derecho universal. La que se vertebraba gracias a la participación activa del profesorado y de la comunidad educativa. La que tenía como reto ofrecer una enseñanza de calidad a través de la democratización de los centros y de la igualdad de oportunidades. Aquella que entendió su función como una herramienta para el desarrollo personal, y la emancipación social, y que quería una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. La que por primera vez vio como las clases populares accedían a la universidad - que había dejado de ser exclusiva de los sectores dirigentes.
Hacia un modelo educativo neoliberal y globalizado
Pero llegaron los vientos neoliberales que todo lo impregnan y los diversos gobiernos, central y autonómicos, cambiaron el paradigma e impusieron un nuevo modelo: el que se deriva de la progresiva imposición del neoliberalismo a escala mundial, y que viene avalada por las directrices de los organismos supranacionales, como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la convicción de que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, ha de estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. Una educación al servicio de la economía, en su doble vertiente: "Adaptada" a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y "rentable", o sea gestionada con criterios empresariales y por lo tanto, susceptible al negocio privado.
La privatización es uno de los elementos básicos de este nuevo modelo. Y aquí, no sería ocioso recordar la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo: Desde la OMC se preconiza la apertura del mercado educativo y la liberalización de este servicio. Desde el Banco Mundial se "recomienda" la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas "competencias básicas" que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución de los gastos públicos destinadas a la educación y un aumento de la financiación individual (la educación, como toda inversión, se debe pagar), y una gestión de los sistemas educativos que rentabilicen los gastos y aumenten la eficiencia.
¿Cómo aterriza la globalización neoliberal en la educación Catalana?
Esta privatización en Catalunya se concreta con la ampliación y consolidación de la doble red, con un incremento de los centros privados concertados, con un aumento de los niveles educativos que reciben subvención pública y con el incremento de las cantidades dedicadas a la concertación. Todo esto sin una normativa clara ni medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no-discriminación del alumnado y de laicidad. El resultado, evidentemente, es una mayor cantidad de dinero público gestionado por patronales privadas, un aumento de la fractura social (de clase social y de origen cultural) y más control ideológico por parte de los centros religiosos y de élite...
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