Parece que ahora trasladan el modelo alfedel a Andalucía. 70.000 euros para comprar la "plaza" de profesor, aunque el concierto y la inversión estarán garantizados:
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha denunciado de nuevo al colegio Marí Nebrera,
el mismo que cobraba 190 euros por entrevista a los aspirantes a trabajar en él, al conocerse que el último requisito para obtener el puesto de docente en el mismo es desembolsar 70.000 euros, en concepto de participación en la sociedad María Nebrera Ruiz S.A. que lo regenta.
En concreto, los aspirantes a un puesto de trabajo como docente deben convertirse en socios de la sociedad María Nebrera Ruiz S.A., aportando 70.000 euros como participación en la sociedad para poder trabajar como docente. El SAT, que ha denunciado esta exigencia ante la Inspección de Trabajo, destaca en su escrito como dicho "requisito" para trabajar en el colegio "ni siquiera se acompaña de un contrato de trabajo, sino de un 'compromiso de colaboración docente'". El contrato recoge que se devolverá la inversión inicial en cuatro años.
El SAT sostiene ante la Inspección de Trabajo que estos hechos vulneran el principio de igualdad y son discriminatorios por razón de condición social, "privando del derecho a un puesto de trabajo a aquellos aspirantes que no dispongan de capacidad económica para pagar 70.000 euros por acceder a un puesto de trabajo".
El portavoz de Educación del sindicato, Carlos Ríos, afirmó en un comunicado considerar "una inmoralidad" el que se pida a los docentes un "impuesto patronal" por el simple hecho de aspirar a un puesto de trabajo. "El sector del profesorado ha sido ya suficientemente castigado este curso con más de 4.500 despidos en la enseñanza pública", sostiene Ríos.
La denuncia pide a la Inspección que el proceso sea detenido y la empresa María Nebrera Ruiz S.A. sea inhabilitada para realizar cualquier tarea relacionada con la educación "habida cuenta de su comportamiento inmoral, ilegal e injusto hacia la mayoría de la sociedad andaluza". Piden también al Ayuntamiento de Granada que retire la concesión de la parcela pública que posee dicha empresa, que ya gestiona una guardería construida en 2010 con dinero del Plan E.
Se basa el SAT en que el pliego de cláusulas administrativas de la concesión establece como infracción grave, en su cláusula vigésimo segunda sobre régimen sancionador, "la percepción de cualquier tipo de retribución de los usuarios que no sea de las expresamente ofertadas en la adjudicación y que motivaron ésta".
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