Excelente artículo:
El pasado viernes 17 de mayo de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora del Sistema Educativo, la tercera Ley Orgánica que regulará la educación en poco más de una década. El objetivo parece claro: continuar con la onda expansiva de mercantilización y degradación de servicios básicos fundamentales.
El Ejecutivo justifica este Anteproyecto con dos datos: el elevado fracaso escolar, expresado en términos de abandono temprano (en torno al 28%) y de no titulación en ESO (25%), y los resultados del informe PISA 2010, que sitúan a España por debajo de la media de los países de la OCDE. Sin embargo, estos datos exigen una lectura más profunda y una atención más exhaustiva a los indicadores concretos.
En primer lugar, los datos de fracaso escolar en España no están relacionados con una deficiencia en los conocimientos, sino con un sistema de valoración que no se ajusta a nuestra realidad. En países con resultados muy similares (Francia, por ejemplo, prácticamente empatada con España en los resultados del informe PISA, e Italia, con peores resultados) hay ratios de fracaso muy inferiores a las nuestras. O ya que gustamos de compararnos: en Castilla León y La Rioja los alumnos tienen resultados superiores a los de Finlandia pero nuestros porcentajes de fracaso escolar están por encima del 20%. A esto habría que sumarle las diferencias regionales en las tasas de abandono temprano, que llegan al 27%. Parece bastante obvio que estas enormes dispersiones estadísticas no pueden abordarse únicamente con cambios que no tengan en cuenta las particularidades y los contextos específicos.
Sin embargo, la mayor injusticia que plantea el Anteproyecto en su base es la de esgrimir los talentos naturales como determinantes en toda la vida del alumnado. Se parte de una concepción segregacionista entre el alumnado que los posee, que será aquel cuyo aprendizaje se potencie, y aquellos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que verán comprometida su continuidad en la carrera de obstáculos de las reválidas. Estas últimas no serán meras pruebas de diagnóstico, sino que decidirán quién continuará dentro del sistema y quién habrá de abandonarlo. El acceso a determinadas etapas queda, por lo tanto, condicionado, mutilándose el derecho al aprendizaje del alumnado y vinculándose el talento a los resultados académicos, sin ninguna previsión de acciones concretas para garantizar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad.
La segregación, además, se produce desde la Educación Primaria. En esa etapa ya se realizarán pruebas de evaluación que, aunque aun no vinculadas con la permanencia en el sistema educativo, sí segregarán entre aquellos que demuestren de forma temprana sus capacidades y aquellos que aun no hayan sabido sacar a relucir todo el potencial que la ley tiene previsto. Estos últimos se verán condenados al ostracismo y el resto de su escolaridad quedará marcada por dichos resultados.
La expulsión temprana del sistema educativo creará una mano de obra poco cualificada, barata, con conocimientos instrumentales. La apertura de esta "segunda vía" trata de disimularse terminológicamente con la denominación de Formación Profesional Básica. Sustituta de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, la FPB obligará al alumnado a realizar prácticas (que pueden ser no remuneradas) en centros de trabajo, donde supuestamente habrán de adquirir la formación suficiente para integrarse en el sistema laboral.
Pero el Informe PISA también destaca algunas bondades de nuestros resultados que han pasado, sin embargo, desapercibidas. Habla, por ejemplo, de la rapidez con la que la educación española está superando el déficit acumulado durante el franquismo y evidencia, asimismo, la gran dificultad de aspirar a un buen sistema educativo con una inversión de segunda (no solo en recursos económicos, sino también en dotación de plantillas e infraestructuras). España tiene una posición esperable en función de su PIB y está a la cola en inversión educativa. En estas condiciones, ¿no es absurdo pretender estar a la cabeza en resultados?
Una ley que condena la democracia
De igual manera, el Anteproyecto compromete la toma de decisiones en el ámbito de la enseñanza pública aislando a casi todos los agentes educativos y centralizando la toma de decisiones en la figura del director. Este último podrá exigir ciertos perfiles al profesorado asignado a su centro, así como vetar posibles candidatos (Art.132, 133, 134 y 135 del Anteproyecto). Las familias y el profesorado son los grandes ausentes de una Ley abiertamente antidemocrática, que únicamente prevé incluirlos como informadores pero con una capacidad de voto muy mermada o inexistente en cuestiones como los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión del alumnado. No solo no hay mención alguna ni a la carrera docente ni a la formación continua, sino que se prevé la movilidad de profesores y profesoras fuera de sus especialidades o etapas educativas.
El acceso universal a la educación pública queda igualmente comprometido al no garantizarse la oferta pública en todas las zonas, mientras aumenta la duración media de los conciertos. En los centros concertados los directores cuentan con dinero público, lo cual no les impide escoger al alumnado. Esta situación no será posible en los centros públicos, aunque ambos estén financiados con recursos de todos.
Finalmente, se abre la puerta a la mercantilización absoluta de la educación con el establecimiento de unos ranking para decidir parte de la dotación presupuestaria de los centros. Se prima la competitividad y se establecen criterios "de calidad" en función de la gestión de recursos materiales y financieros de los centros. Las necesidades pedagógicas y sociales de los mismos dejan de ser un criterio determinante en la asignación de presupuesto. Una vez se abra la veda para que los centros concertados puedan elegir a su alumnado –y, obviamente, tratarán de seleccionar al de más "talento"-, no resulta muy descabellado imaginarse los centros públicos con los alumnos desechados por el resto de centros pero sin dotación suficiente para realizar los apoyos o desdobles necesarios. De esta forma, sus posiciones en la nueva escala de los centros de calidad se verá, además, comprometida. Una vez devaluado el prestigio de la enseñanza pública, no será difícil imponer nuevas formas de privatización basadas en indicadores injustos y manipulables.
Estudiantes con conocimientos básicos pero con gran parte del cerebro atrofiado porque es posible que no conozcan lo que pueden aportarles las materias que no cuentan en las pruebas internacionales o futuros trabajadores precarizados, baratos y con el futuro comprometido por haber sido expulsados de forma temprana del sistema educativo. Las dos caras de que el Gobierno decida si tienes talento.
Sara Pedraz
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