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Ahora toca eliminar centros
Móstoles, Coslada, Alcalá de Henares…
Este es un proceso que no para. Con la excusa de la crisis, las Consejerías de educación y de sanidad están en una carrera de recortes a ver quién se lleva el premio. Están, además, reforzadas por dos grandes ideólogos. El ministro Wert que afirma que "no hay relación directa entre un mayor presupuesto y una mayor calidad"; y el interino Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, que no tiene empacho en decir en una entrevista en El País del 5 de noviembre pasado: "A nadie le gusta recortar. Ir hacia atrás siempre es complicado. Pero tenemos que aprovechar estos momentos de crisis para introducir medidas de racionalización, para hacer más eficiente la gestión". Son sus palabras las que explican lo que están haciendo: recortar, ir hacia atrás.
I. Medidas de racionalización. En un artículo anterior ("Figar hunde la escuela pública. Más recortes y peor gestión") se explicaban recortes que afectan a la calidad, a los profesores, a los alumnos y a los padres. Una de las medidas de racionalización (el eufemismo) fue aumentar la ratio alumnos/aula un 20 %, según norma de Wert, pero que ya Aguirre inició con su presidencia de la Comunidad al elevarla un 10 %. El proceso es claro: más alumnos por aula lleva a menos aulas y menos profesores. La reducción de profesores ya se ha hecho. Queda, pues, por acometer la reducción de aulas. Estas son sus medidas de racionalización, pero "no era eso", González-Figar, "no era eso". La racionalización, bien entendida, parte de la prestación de un servicio público universal (no en todos los sitios hay otras opciones), gratuito (en los concertados se paga y en los no concertados más), sin discriminación (los hay que discriminan y se les subvenciona), sin discriminación por origen y/o clase social (los inmigrantes), sin discriminación por capacidad (alumnos con deficiencias). Hay que juntar todos estos factores y entonces establecer las medidas de ratio de alumnos/aula, de recursos humanos y materiales, de distancia, de servicios, de becas, de ayudas. Las subvenciones a los centros concertados continúan, mientras que a los centros públicos se les ha recortado transporte, becas de comedor, ayudas de libros, fondos para reposición, para obras, para mantenimiento, profesorado general y profesorado de apoyo. ¿Qué toca ahora?
Eliminar centros. Dos casos han saltado en la última semana: Móstoles y Coslada. EL director territorial de la zona Sur, Alberto González Delgado, un incombustible en su puesto y abanderado en los procesos de recortes o de medidas contra los profesores (sanciones a directores el curso pasado; supresión de las comisiones de servicio a los equipos directivos) ha reunido a los directores de ocho –de 17-centros de secundaria de Móstoles para comunicarles su plan de racionalización: separar los centros por enseñanzas de ESO/Bachillerato y de Formación Profesional; fusionar centros y trasladar alumnos a otros ; y cerrar otros. En una segunda propuesta del director territorial plantea la fusión de los IES Juan Gris y Octavio Paz; el Antonio de Nebrija se divide en dos; El Tafal pasa al Felipe Trigo, que queda solo de FP, como el Luis Buñuel, que asume los ciclos formativos del Europa y manda a sus alumnos de ESO y Bachillerato a Los Rosales. Todo un baile.
Los centros actuales funcionan según una planificación que justificó la unión de enseñanzas en función de la oferta de las mismas y del aprovechamiento de recursos. ¿Ha presentado algún informe el director territorial en el que se justifiquen tanto el ahorro económico como la eficiencia del sistema educativo? En el momento en que el Gobierno tiene en marcha una reforma educativa, ¿es eficiente acometer este proceso? ¿Ha informado a los otros sectores afectados: alumnos, padres y administración municipal? Hay que recordar que el punto 5 del Artículo 27 de la Constitución está en vigor:" Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, conparticipación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".
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Alberto González, DAT Sur
(Villaviciosadigital.es)
Parece que también hay intención de aplicar esta reordenación en los municipios de Getafe y Leganés. Las consecuencias son claras: se limita la oferta a los alumnos, aunque se diga lo contrario; se elimina otra forma de integración de alumnos, profesores y recursos, humanos y materiales; se crean dos categorías de centros, los de Bachillerato y los de FP, retrocediendo a la Ley del 70; permitirá seguir con el hábito de nombrar a dedo a los directores y equipos; crea conflicto entre los centros y entre el profesorado. Y lo más grave es que todo apunta al paso siguiente: privatizar las enseñanzas de FP, dando la gestión a las empresas, además de suprimir profesores y facilitar mano de obra barata.
Otro tanto ha ocurrido en la Zona Este, con otra abanderada de recortes, Mª Dolores García Castro, que ha planteado la supresión de dos colegios en Coslada: el Agapito Marazuela y el Pío Baroja. El primero dejaría el barrio de La Cañada sin colegio y los alumnos serán trasladados al colegio Antonio Machado, en mal estado y sin presupuesto para mejoras, según les han informado los inspectores; el segundo se fusionaría con el Vírgen del Amor Hermoso. El Ayuntamiento todavía no ha dicho nada. También hay informaciones de posibles cierres y fusiones de colegios en el Barrio del Pilar, distrito de Fuencarral.
En Alcalá de Henares se plantea el cierre del colegio Zulema y traslado de los alumnos al colegio Henares, alejado del primero. También deja al barrio sin centro.
Falta de plazas para adultos. En la región hay 134 centros en los que se imparte educación de adultos, sin embargo unos 20.000 alumnos se han quedado sin plaza en este curso. Esto supone el doble que el curso pasado. En este caso sí se debe aplicar la referencia a la crisis para, justamente, ofrecer más plazas. Pero la racionalización de González-Figar ha consistido, por un lado, en no aumentar las plazas; por otro, en reducir el presupuesto en un 38 %, pasando de 2.900.000 € en 2011 a 1.786.000 en el recorte de agosto pasado (Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012).
Faltan de plazas en Formación Profesional. Son ya varios años de crisis y ha habido tiempo para tomar medidas. En el curso 2011-2012 se quedaron 1.000 alumnos sin la plaza elegida; en el presente curso son 9.000. Esto no se soluciona y mientras, mediante una resolución del entonces Viceconsejero de Educación Valverde Bocanegra, se ponen en marcha varios ciclos experimentales sin notificarlo a los alumnos ni a los centros y cambiando el modelo, cuando hay una reforma legal en puertas.
II. Hacer una gestión eficiente. Por referirnos solo a este curso, lo mejor es volver a releer el Comunicado de la Asociación de Directores de Institutos para comprobar la ineficiente gestión de la Consejería de Educación. Veamos algunos temas más para añadir a la gestión de la consejera Figar:
- Retrasos en el pago a los auxiliares de conversación, repitiendo lo ocurrido en el curso anterior.
- Los IES no han recibido el crédito correspondiente al segundo plazo (septiembre) y en el primero recibieron tan solo el 30 %; después llegó el recorte del mes de julio. Sin embargo, sí ha dispuesto la Consejería de 2 millones de euros para obras solo en el IES San Mateo, el de la pretendida excelencia, además de los 600.000 que reasignó en 2011. Una buena prueba de racionalización.
El gran contrato de la limpieza de centros. Este es el último golpe y el último lío que la Consejería ha organizado en los IES. Ha dado el contrato de limpieza a la empresa EULEN, que se ha presentado con una baja temeraria. Sin ninguna comunicación a los centros de este cambio por parte de la Consejería, desde el 13 de noviembre, se han presentado representantes de EULEN, reuniéndose con las empleadas y planteando una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de horas y del número de trabajadoras, sin duda como forma de "gestión eficiente", esto es, compensar la oferta de baja temeraria que ganaron. Todo esto lo ha hecho la Consejería de Educación sin información de ningún tipo a los centros.
Las consecuencias son varias y graves: se van a perder más de 400 puestos de trabajo, ya que hay uno o dos despidos por centro; se reducen en un tercio las horas dedicadas a limpieza; va a ser un golpe duro a pequeñas empresas en favor de esta macroempresa, muy bien relacionada en la administración. ¿Qué dice a esto el presidente de la CEIM, Arturo Fernández? Claro que él ya gestiona varios centros concertados, construidos en suelo público.
Lo que subyace en todas estas medidas es el modelo aplicado en la "privatización de los servicios de lavandería" y de comidas de hospitales. En esa misma entrevista (El País, 5 de noviembre de 2012), a la pregunta sobre la externalización de la gestión de centros de salud, afirma:"La sanidad pública significa que la facilita el Estado gratuitamente. No que tenga que poner un médico que es funcionario o una enfermera que es funcionaria. El servicio te lo puede dar una empresa a la que contrata la Administración.y al ciudadano le cuesta cero. Por eso es pública, universal y gratuita. No por el modelo de gestión".¿Cómo dice que al ciudadano le cuesta cero? ¿No pagamos la sanidad y la educación con nuestros impuestos? Pero vienen estos neoliberales, a los que también y bien pagamos, y venden lo que pagamos entre todos para que unas empresassaquen beneficios. En otro punto dice: "¿Qué más da que quien le atienda tenga una bata roja, verde o blanca?" Puede leerse la entrevista para conocer el pensamiento simple-mente neoliberal. Los que creemos en lo público y queremos caminar sin dar y recibir porrazos, preferimos que nos atiendan con bata blanca y nos eduquen con camiseta verde. No da lo mismo.
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