CCOO denuncia el saqueo de Figar y la Púnica:
CCOO denuncia el escándalo que suponen las revelaciones que se están produciendo con motivo de conocer el Informe de la Agencia Tributaria sobre ingresos de las empresas de la trama Púnica, referidos exclusivamente a construcciones de Colegios Concertados y Privados.
Para que las cifras que se manejan tengan sentido hay que señalar que, de 2001 a 2011, periodo al que se refiere el Informe de la Agencia Tributaria, las cantidades destinadas a Conciertos y subvenciones en la Comunidad de Madrid pasaron –siempre bajo la mano del PP- de 399.617 miles de euros (en 2001) a 913.678 miles de euros (2011), es decir, un incremento del 129%. El resto de los capítulos del presupuesto de Educación sólo tuvieron, en ese mismo periodo, un incremento del 53%, es decir, menos de la mitad del incremento de los conciertos.
Las construcciones de colegios concertados se hicieron, en la mayoría de los casos, sobre suelo público que fue cedido, gratuitamente, a titulares empresas privadas, para llevar a cabo la posterior construcción de colegios. De esa manera, los Ayuntamientos se descapitalizaron, perdiendo importante patrimonio. Las empresas de la trama Púnica gestionaron 222,8 millones en esas construcciones de esos colegios. Independientemente de las desviaciones que en esas construcciones se hubieran podido producir, las cantidades –incluidas en ese total- relacionadas con empresas que elaboraron, según información periodística, facturas falsas ascendieron, sólo en dos colegios, a 2.349.000 euros.
Sólo esta cantidad serviría para pagar los sueldos a 60 profesores contratados un año entero, es decir los de un Instituto grande (1.000 alumnos). O medio millón menos que la cantidad presupuestada para 2015 (1.750.814) para becas a estudiantes de universidades públicas madrileñas, desfavorecidos por circunstancias físicas, psíquicas o sensoriales. O haber evitado la reducción -que se hizo en 2014- de las becas de comedor gratuito quitándoselas a 2.000 niños de entorno rural o alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial y a los que proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos o marginales.
CCOO ha solicitado en numerosas ocasiones una auditoría para esclarecer posibles actuaciones irregulares en la cesión de suelo a centros privados-concertados así como en las externalización en educación. Además, el sindicato ha estudiado las medidas jurídicas oportunas para presentarse en la causa.
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