3. La paralización de la LOMCE para elaborar una nueva ley que será impulsada por los docentes, los conocedores de los problemas de la educación, junto con las familias y la ciudadanía. Las leyes educativas que hasta ahora se han aprobado han sido lideradas por políticos que desde sus despachos se han limitado como mucho a consultar a colectivos afines sobre los cambios que realizar. En ningún caso se ha elaborado una consulta masiva entre los que cada día entran en clase para desarrollar ese trabajo sobre el que otros legislan desde la ignorancia. Ha sido un gravísimo error que queremos que se corrija en una nueva ley construida por todos/as.
Las familias también deberán tener voz en este proceso, así como la sociedad en general. Y es que lo primero que debemos dirimir entre todos es qué tipo de educación queremos. La mayoría de los partidos nos proponen una educación sujeta a las necesidades de los mercados, cuyo objetivo es la formación de trabajadores. Queremos que sea la ciudadanía la que decida, porque hay otras alternativas, como la que proponemos desde este colectivo. Queremos una ley cuyo objetivo sea la formación de personas, de ciudadanos libres capacitados para vivir, participar y desarrollarse dentro de una sociedad democrática; ciudadanos críticos e informados, no solo capaces de ejercer una profesión, que también; ciudadanos, en definitiva, responsables y activamente comprometidos con la mejora de su realidad.
La nueva ley educativa debe respetar la pluralidad de creencias y convicciones presentes en nuestra actual sociedad y garantizar el derecho a la educación en convivencia, por ello defendemos que la escuela debe mantenerse alejada de dogmas e intereses confesionales, sean de la confesión que sean, para responder tan sólo a intereses culturales, científicos, artísticos y humanísticos. Cuestionamos la legitimidad de la presencia de la religión en el ámbito educativo así como la financiación con dinero público de escuelas religiosas. Este asunto merece un debate racional sobre el significado de la aconfesionalidad de nuestro estado y los principios de laicidad que consideramos han de estar presentes en la educación pública, para que nuestra educación sea auténticamente democrática y permita garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La educación en una determinada confesión se ha de promover desde otros espacios que no son la escuela pública (como el ámbito familiar, los templos o asociaciones).
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