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Ya era hora de exigir que se recupere el suelo público regalado a los centros privados:
El Gobierno de Cristina Cifuentes y la comunidad educativa persiguen el ansiado Acuerdo para la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Un proyecto bilateral en el que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, formado por organizaciones del ámbito educativo madrileño, ya ha asentado unas bases "imprescindibles para que pueda darse".
Unos cimientos constituidos por un total de
35 medidas fundamentales con las que las organizaciones buscan recuperar y reforzar una educación pública que se ha visto lastrada por un "modelo educativo madrileño, experimentado y puesto en marcha en nuestra Comunidad antes de que fuera extendido con la LOMCE, que ha fracasado".
De esta manera, 14 entidades, entre las que se encuentran algunas como CCOO, UGT, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de Madrid), identifican como problemas a resolver la revisión de "la ocupación de suelo público por centros privados que gozan de concierto". Un escrutinio determinante para así poder establecer "mecanismos" que procedan "a revertir el uso" de ese suelo "para la red pública".
Una cuestión que va acompañada del requisito de crear centros educativos "en función de las necesidades de cada zona, realizando una suficiente oferta pública y gratuita en todas las etapas y enseñanzas", así como "aprobar un plan de recuperación y renovación de los centros educativos públicos, garantizando la adecuación de sus espacios a las necesidades actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética".
Recuperar y mejorar el trabajo del personal educativo
Eso a nivel de la red escolar, pero no puede existir un pacto educativo, según el Consejo Escolar, sin "recuperar y ampliar las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales". Una crisis económica que se ha llevado por delante personal de colegios e institutos y que ha dejado en una situación de inestabilidad a las plantillas. Por eso, una de las bases del acuerdo debe ser "garantizar la estabilidad" de estos profesionales "para favorecer el desarrollo y continuidad de sus proyectos educativos".
Directamente, la competitividad que ha traído la LOMCE también afecta a los profesionales de la educación y por ello el Consejo Escolar exige que se modifique "el funcionamiento de la inspección educativa". Algo que se podría alcanzar, según las organizaciones, "garantizando su profesionalización e independencia respecto a los responsables políticos mediante la oportuna normativa y rango jerárquico adecuado de sus máximos responsables".
Pero no sólo se debería pasar a examen ciertos aspectos educativos. Según reclama el Consejo Escolar, en la Comunidad de Madrid se tendría que llevar a cabo una evaluación del "sistema educativo en todos sus extremos, incluyendo a la propia Administración educativa y todos los sectores que intervienen en el mismo". Todo con un objetivo concreto: no competir entre centros sino buscar "los elementos a mejorar con el objetivoy compromiso explícito de destinar los medios adecuados para ello".
Lucha contra la desigualdad
Recientemente, un informe de Save the Children ha determinado cómo el abandono escolar se ha disparado entre las familias con menos recursos. Es más, las cifras manejadas por la ONG sentenciaron que el 43% de los niños del quintil más pobre de la población española (20%) abandonó prematuramente sus estudios en 2015 frente al 20% de la tasa media española.
Unos datos que han llevado a la comunidad educativa a instar al Gobierno de Cifuentes, como base para el acuerdo, a que se desarrollen "políticas de equidad que garanticen que ninguna persona deje de cursar enseñanzas por falta de recursos económicos, la gratuidad del material escolar (incluyendo libros de texto, soportes digitales o cualquier otro que se use), la recuperación de las ayudas para transporte escolar y las becas de comedor, con financiación suficiente para atender todas las necesidades".
Una serie de objetivos que serían complicados de alcanzar si no se cumple otro de los requisitos fundamentales para el Consejo Escolar: "Aumentar la inversión educativa en la Comunidad de Madrid para conseguir una educación de gestión y titularidad pública de calidad, alcanzando, al menos, la media europea en gasto por alumno".
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