Parece que por fin alguien va a llevar a Figar y González a los tribunales:
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres "Francisco Giner de los Ríos" ultima una denuncia contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la anterior Consejera de Educación, Lucía Figar: les acusa de "posibles delitos de prevaricación" al dejar de ejecutar "al menos 130 millones de euros del presupuesto de educación" de 2014. Las asociaciones consideran que con ello perjudicaron a la educación pública madrileña "a sabiendas de ello y con intención de que así fuera".
Según la FAPA el presupuesto educativo de el pasado ejercicio fue 112 millones de euros menor que el de 2013, y entiende que la falta de ejecución de esos 130 millones es la explicación: "En la Comunidad Autónoma que menos invierte en educación de todo el Estado desde hace años, estos 130 millones no ejecutados tuvo que asumirlos la educación pública, siendo perjudicada gravemente de forma deliberada y consciente", denuncia la plataforma de padres y madres de alumnos en Madrid.
"Con esos 130 millones se podían haber revertido los recortes en profesorado que se han producido en los últimos años", critican. Según sus cálculos, se han eliminado unos 4.000 docentes de la escuela pública, que se podrían haber recuperado con la cantidad que la Consejería de Figar dejó de gastar. "Los datos sobre la liquidación de los presupuestos de 2014 demuestran que se dejaron sin gastar, por ejemplo, 11,8 millones para sueldos de maestros de infantil, primaria y especial, 6 millones para enseñanzas especiales (conservatorios y escuelas de idiomas) o 40,7 millones para educación compensatoria", denuncia la plataforma.
Por otro lado, los padres y madres de alumnos entienden que una región que "triplica los datos de fracaso escolar de la que más bajos los tiene en el Estado, y que no es capaz de mejorar la media, deja de gastar más de 40 millones de euros que estaban destinados al apoyo y refuerzo del alumnado que tiene mayores dificultades para progresar en el sistema educativo". Denuncian que tampoco se ejecutaron otros 38 millones de euros destinados a la construcción de centros públicos, "cuyas consecuencias sufren las zonas afectadas, como se está denunciado de forma reiterada por la FAPA y las diferentes comunidades educativas de dichas zonas".
Por el contrario, las asociaciones consideran que se gastaron 57 millones de euros más de los presupuestados para la enseñanza privada concertada y, "si tenemos en cuenta el aumento que se propone para el año 2016, el incremento desde el 2011 será de 126 millones de euros".
La plataforma califica de "curiosa" la coincidencia entre los 130 millones no ejecutados y "el recorte total experimentado". La FAPA solicitará en la denuncia que testifiquen, en calidad de testigos, todas las personas que ocuparon cargos a nivel de Viceconsejería, Dirección General y Dirección de Área Territorial en la anterior legislatura, "porque tienen datos sobre lo sucedido y recibieron, con total probabilidad, instrucciones directas de no ejecutar partidas económicas, por lo que deberán exponerlo ante el juzgado que abra las diligencias sobre este asunto", informa la plataforma.
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