La solidaridad invertida

Hoy introducimos esta entrada de carácter económico, por aquello de la SOLIDARIDAD INVERTIDA

Economistas Frente a la Crisis publicó:"Por José Vidal Portillo, miembro de Economistas Frente a la Crisis Día sí y otro también, nuevos predicadores utilizan una retórica plagada de eufemismos que, de manera sutil o grosera, no busca solo suavizar un hecho o restarle importancia, sino que per" Responder a esta entrada realizando el comentario sobre esta línea Entrada nueva en Economistas Frente a la Crisis La solidaridad invertida by Economistas Frente a la Crisis Por José Vidal Portillo, miembro de Economistas Frente a la Crisis Día sí y otro también, nuevos predicadores utilizan una retórica plagada de eufemismos que, de manera sutil o grosera, no busca solo suavizar un hecho o restarle importancia, sino que persigue, fundamentalmente, encubrirlo. Por ejemplo, predican "reformas estructurales" para ocultar, casi siempre, los pasos en la recuperación de espacios que cercenan derechos sociales; hablan de "rescates", para disimular que lo que se está socializando son las pérdidas de los bancos, mientras a los deudores hipotecarios de estos se les desahucia; predican la "eficiencia y austeridad" en el sector público, para encubrir transferencias de recursos del sector público al privado; llaman "regularización fiscal extraordinaria" a lo que es una amnistía fiscal a los grandes defraudadores… Ahora, con la reforma de las pensiones, hablan de sus dos pilares: el "factor de sostenibilidad" (antes "factor de equidad intergeneracional" y del "índice de revalorización de las pensiones" (antes "factor de revalorización anual"). Eufemismos, tan rimbombantes como engañosos, para ocultar que lo que se pretende es una reducción de la cuantía de las pensiones. Dos fórmulas, para la contención del gasto en pensiones, planteadas en su momento por el Comité de Expertos designado por el Gobierno para la reforma de las pensiones (un Consejo de supuestos 12 'sabios', 8 de los cuales están vinculados a entidades financieras o a la patronal de seguros). Dos mecanismos que, en palabras de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, son para garantizar la "sostenibilidad de las pensiones". Pero añade más, en un ataque tan pasional como demagógico y con cierto cuajo: "las pensiones van a subir siempre, ya nadie volverá a congelarlas". La realidad es otra. Lo que verdaderamente se pretende es aplicar un índice de revalorización de pensiones que sustituye al mecanismo que garantizaba su poder adquisitivo. Así, las pensiones, en los años malos, se subirán como mínimo un 0,25% (no se congelan técnicamente, pero se le parece mucho), y lo que no dice la Ministra es que la pérdida de poder adquisitivo no será solo un año, serán bastantes años más. Solo con las previsiones de inflación de los PGE de 2014, se perdería un 1,25% de poder adquisitivo, que necesitaría 5 años de bonanza para recuperar el mismo (en los últimos 12 años hemos tenido una inflación del 3%) Los cálculos más benevolentes conducen a una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas casi del 20% en los próximos 10 años, respecto a la cuantía actual. Y cabe recordar que el 50% de las pensiones son de menos de 650 euros al mes. Por otro lado, también se pretende aplicar un factor de sostenibilidad (financiera) cuya fórmula da como resultado, igualmente, bajar la cuantía de las nuevas pensiones solo por la afectación del alargamiento de la esperanza de vida, sin tener en cuenta otros parámetros (como edad de jubilación, cotizaciones, productividad…) o, también, un factor de sostenibilidad social. En resumen, como ha escrito el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Borja Suarez, la acción conjunta de estos dos mecanismos actuarán como un caballo de Troya en el Sistema de la Seguridad social, y cuyo objetivo final es conseguir pensiones más bajas (menos costosas) en aras de la sostenibilidad financiera para abrir espacios a la iniciativa privada. Algo que puede ser legítimo plantearlo, pero que es indigno disfrazarlo mediante el engaño ("las pensiones van a subir siempre") , como se está haciendo, tomándonos por auténticos idiotas. Es decir, una vez más, la excusa de la consolidación fiscal exige el sacrificio (siempre a los mismos) de recortar derechos, golpeando a los colectivos más vulnerables (los que menor margen de maniobra tienen), como los pensionistas. Más recortes, en un contexto ya de recortes del Estado de Bienestar, con la excusa de la crisis,  y muy lejos de las bondades y milagros que se proclaman. Claro que, en la práctica, no nos engañemos, es coherente y forma parte de un discurso y de una obsesión ideológica del nuevo capitalismo sin rostro humano que, tomando como coartada la crisis, hace creer que el problema es el excesivo coste de los gastos sociales o del sector público (¡hay que poner límites al Estado de bienestar!) y la solución es la austeridad, los recortes, y el control del déficit. Menos gasto y menos impuestos. Es lo que algunos vienen a definir como "la rebelión de los ricos". En ese sentido, la reforma de las pensiones no deja de ser, con los recortes a los pensionistas, un paso más en esa estrategia de debilitar los mecanismos redistributivos de nuestra política fiscal (menor gasto en educación, sanidad, pensiones, dependientes... para conseguir menos impuestos). Al mismo tiempo, los recortes, con pensiones públicas más bajas, persiguen el propio debilitamiento del sistema y potenciar los seguros privados de pensiones (captando el ahorro privado destinado a complementar las pensiones públicas cada vez más bajas). En definitiva, la operación no deja de ser un paso más, en la maniobra que viene desarrollando la derecha, de `jibarización´ del Estado y transferencia de recursos públicos al sector privado. Por parte del Gobierno y sus expertos ad hoc se dice, de manera engañosa, que las soluciones propuestas son la respuesta a las dificultades del sistema y para garantizar su futuro. Sin embargo, como manifiesta el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga (miembro de la Comisión de Expertos que votó en contra del informe), "la reforma debería plantearse con más tranquilidad, observando los efectos sobre la sostenibilidad financiera  derivados de la aplicación de la Ley 27/2011". Hay que recordar que tanto la Comisión Europea –Ageing report 2012– como la OCDE reconocían que los cambios de la Ley 27/2011 servirían para contener el crecimiento del gasto de manera que en ningún caso superaría lo que ya hoy están gastando Francia, Italia o Austria. En ningún momento –ni expertos ni Gobierno– han explicado por qué la reforma de 2011 no sirve… Igualmente, afirma el profesor Ruesga, "la reforma no debe pivotar en el recorte adicional a las pensiones medias sino otras actuaciones que fundamentalmente supusiera aumento de los recursos destinados al pago de las pensiones". Por eso, no deja de ser curioso que no se distinga si los problemas son coyunturales o de medio y largo plazo y que, igualmente, las soluciones que se dan sean las mismas: rebajar las pensiones (bien por la pérdida de poder adquisitivo, bien reduciendo el importe de la pensión). Es evidente que hay un problema coyuntural, que tiene que ver con la caída de ingresos en el sistema (por la destrucción de empleo) y un mayor gasto derivado de las pensiones actuales y las nuevas (efecto sustitución). Pero, precisamente, para eso estaba (y está) el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (del que se va tirando), y que actualmente tiene casi 60.000 millones de euros. Para eso estaba, y está, para no tener que subir las cotizaciones sociales y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Dice el Gobierno que, con la reforma (no actualizando las pensiones respecto al IPC y aplicando, a partir de 2019, el factor de sostenibilidad), se generará un ahorro de casi 33.000 millones de euros hasta el año 2022 (algo engañoso, pues sería sobre la base de una inflación del 1% durante 8 años, algo nunca conseguido en nuestro país). Es decir, el "ahorro" (que es un recorte puro y duro) podría ser dos o tres veces mayor y la pérdida de los pensionistas también. Ahora bien, incluso con esos cálculos, se supone que con ese recorte de 33.000 millones estarían garantizadas las pensiones, de aquí a 2022, (ojo, el coste al sistema bancario, que pagaremos todos, es de 38.000 M€). Al mismo tiempo, se nos dice que el sistema llegará a 2016 con un déficit acumulado de 36.500 millones de euros, de seguir en la situación actual. Pero, para cubrir ese déficit sin coste social, sin maltratar a los pensionistas y sin violentar la Constitución, ¿por qué no utilizamos la mitad del Fondo de Reserva, que para eso está?, ¿Acaso no se ve ya la luz del túnel? ¿No hemos salido ya de la recesión, empieza a remontar la economía  y se va a empezar a crear empleo? Con el triunfalismo desplegado por el Gobierno, no parece que sea muy complicado, con seis millones de parados, recuperar en los próximos años los cotizantes que necesita el sistema. Con un millón doscientos mil, se estabilizaría el sistema. Claro, que eso exigirá una política económica distinta a la máquina de destruir empleo y derechos de la política actual que se está desarrollando (con su reforma laboral, en un año, 780.000 cotizantes menos). Desaparecida la prima de riesgo y la destrucción de empleo que la llamaban ZP, parecería lógico que el PP empezara a cumplir su compromiso de crear 3,5 millones de puestos de trabajo en esta legislatura. Hay una paradoja que no deja de tener su no sé qué y su qué sé yo. Con una reforma (pensiones) se quiere sustraer a los pensionistas 33.000 millones de euros (que probablemente sería bastante más), y con otra reforma (sector eléctrico) se les regala 27.000 m€ a las empresas eléctricas. Es un insulto a la inteligencia ver de qué manera engañosa se presentan las medidas, como es indignante el desprecio hacia los colectivos más desfavorecidos y el ver cómo se aplican, o se pretende aplicar, políticas en las que se anteponen obsesiones ideológicas e intereses económicos particulares al interés general o al bienestar colectivo. Hoy sufrimos las consecuencias de una crisis originada en la sala de máquinas del sistema que llevó a algunos a hablar de "refundar el capitalismo". La realidad, ahora es que, como afirma Jean Pisani: en 2008 los Estados salvaron a los financieros, ahora son los financieros los que ponen de rodillas a los Estados y, desde entonces, los mercados, los intereses de países y de sectores han prevalecido sobre los intereses generales. Volviendo a las pensiones. Cuestión diferente es dar respuesta a los problemas a medio y largo derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado y la mayor esperanza de vida. Hace dos años se aprobó otra reforma de las pensiones, Ley 27/2011, fruto de un acuerdo con los interlocutores sociales que, precisamente, para atajar esos problemas, alargó la edad de jubilación y contemplaba el factor de sostenibilidad en 2027 (momento en el que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación "baby boom"). Eso sí, con otros parámetros distintos de lo aconsejado ahora por los expertos del Gobierno. Con las medidas ya introducidas en la ley 27/2011, en 35 años el gasto en pensiones en España llegaría en torno al 13% del PIB, niveles similares a la media europea actual o países como Alemania, Italia, Francia. Mientras que la recaudación actual del sistema está en torno al 10%. Luego, si dentro de treinta años gastaríamos lo mismo que ya están gastando países como Alemania o Francia, el problema no es que seamos unos derrochadores (con una pensión media inferior a 900€). Sin embargo, es cierto que, de no aumentar los ingresos por cotizaciones (con más empleo) y/o por impuestos (grandes y no tan grandes fortunas), habría un desequilibrio. Por eso, la solución no necesariamente debe venir sólo por la vía del gasto sino del ingreso. Como se ha hecho otras veces, con la sanidad o con las pensiones mínimas, habrá que explorar diferentes opciones y también la mayor aportación del Estado. Pues, el problema no es tanto de gasto como de ingresos fiscales. Pero claro, lo anterior, choca con la estrategia de quienes interesadamente están aprovechando la crisis como coartada para recortar derechos (que se pretende sustituir por la caridad), quebrar la política redistributiva y, en consecuencia,  formular una política fiscal diferente. Contrarreforma cuyos beneficiarios no serán los menos pudientes ni la clase media, cada vez más castigada y deteriorada. Son los más ricos, y ya todos nos entendemos; aquellos que por ideología piden menos impuestos para un Estado de bienestar insostenible –dicen-, y también menos Estado. Los mismos que buscan hacer negocio con las privatizaciones y los fondos de pensiones. Por eso, detrás de ciertos eufemismos, diagnósticos y fórmulas matemáticas de expertos (al servicio de la cosa) se esconden intenciones finalistas que persiguen un cambio de modelo. En el caso de las pensiones, un cambio en el modelo público de la Seguridad Social que recorta pensiones y derechos y libera espacio al lucrativo negocio de las pensiones privadas. Dice el profesor Ruesga, sobre el resultado de la reforma en pensiones que se propone: "El valor real de la pensión tenderá a disminuir. Particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación". Y añade: "Y la tasa de sustitución de la pensión (relación porcentual entre la cuantía de esta y la del salario que se cobraba antes de ser pensionista) disminuirá gradualmente por el efecto conjunto de la aplicación de ambos mecanismos (que se quieren adoptar)" Si quienes nos gobiernan fueran de este planeta, el de los mortales que sufren los rigores de su propia política, se darían cuenta que deben retirar su propuesta de reforma de pensiones, iniciar un diálogo con los agentes sociales y demás partidos políticos, utilizar el Fondo de Reserva para seguir actualizando las pensiones y que no pierdan poder adquisitivo, y estudiar nuevas vías de ingresos. Pero mucho nos tememos que la realidad será otra. que, en lugar de suavizar, engañan directamente; la realidad de medidas injustas y de dudosa constitucionalidad que no contemplan actualizar las pensiones (y cuya recuperación de poder adquisitivo puede estar por encima de la propia expectativa de vida del pensionista); la realidad de la solidaridad invertida: en la que salen beneficiados los que más tienen a costa de los más débiles. Así es el nuevo capitalismo que ha perdido el rostro humano y ofrece una jeta de miedo. Otra paradoja. Se recortan gastos en educación, sanidad, dependencia, etc, mientras que se regalan (como a la banca y las eléctricas) millones de euros para potenciar las pensiones privadas. Solo en el ejercicio 2013 se presupuestaron 1.112 M€, por reducción de ingresos en el IRPF (más de seis mil millones acumulados desde 2008). Da qué pensar ¿verdad? Economistas Frente a la Crisis | 26/10/2013 en 19:18 | Categorías: Colaboraciones | URL: http://wp.me/p1HlFd-nO1 Comentario    Ver todos los comentarios Unsubscribe to no longer receive posts from Economistas Frente a la Crisis. Modifica los ajustes de tu correo electrónico en Administrar suscripciones. ¿Tienes problemas haciendo clic? Copia y pega esta URL en tu navegador: http://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2013/10/26/la-solidaridad-invertida/ Gracias por volar con WordPress.com