Por lo menos le han leído la cartilla a Figar por el caso Valdeluz:
La oposición en la Asamblea de Madrid (PSM, IU-LV y UPyD) ha denunciado la "chapuza de catálogo de medidas de prevención" frente a abusos sexuales a menores en centros educativos, tras la comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte de la directora general de Educación Infantil y Primaria, Mercedes Ruiz Paz.
La directora general, en quien ha delegado la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar para comparecer a petición de UPyD, ha explicado que las medidas de prevención de estos casos "tienen un carácter permanente" e incluyen "la actuación preventiva desde la actividad escolar diaria", "la elaboración de guías y de materiales informativos", "la organización de cursos de formación para profesores" y "la actuación preventiva que pueda haber desde los propios centros educativos".
El diputado de UPyD Ramón Marcos ha dicho que lo que ha quedado claro con la intervención de la directora general es que no existe un "protocolo expreso" para saber qué hacer cuando se detecta un caso de abusos sexuales en un centro educativo para que no se vuelva a producir, si se debe poner en conocimiento de la Fiscalía y del centro, cosa que no se hizo en el 'Caso Valdeluz'.
Tras afirmar que el caso del colegio Valdeluz pone de manifiesto que ha habido fallos, ha dicho que "lo lógico es que la Consejería no lo oculte" y que se conozca lo que ha pasado, por lo que ha avanzado que su grupo va a registrar más peticiones de comparecencias y de información.
Marcos ha señalado la necesidad de hacer cambios a nivel nacional, entre los que ha destacado la creación un registro de pederastas y la obligación de presentar el certificado de penales para aquellas personas que van a ejercer la docencia. "Esta es la manera de prevenir estas cosas", ha afirmado.
La diputada de IU-LV Eulalia Vaquero ha criticado la "opacidad" de los centros educativos concertados, ya que en el colegio Valdeluz "todo el mundo sabía lo que estaba pasando, todos los que lo tenían que saber" y "no ha funcionado el control social al que deben estar sometidos todos los centros con fondos públicos".
Para Vaquero, todas las personas e instituciones que conocieron los abusos y que no los pusieron en conocimiento de la Justicia, incluida la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que tuvo conocimiento de un caso en 2007, "han sido encubridores de un delito de los más repugnantes que existen".
A su juicio, la protección de los menores en los centros educativos es responsabilidad de la Consejería, así como la falta de control, por lo que ha pedido a Educación que actúe y tome medidas drásticas cuando un centro incumple los controles sociales a los que debe estar sometido, para garantizar la seguridad de los menores.
El diputado socialista Eusebio González Jabonero ha dicho que la Comunidad de Madrid no puede "eximir" su responsabilidad, una vez conocidos los abusos por el Centro Especializado en Abusos Sexuales a la Infancia (CIASI), achacándosela a los padres de la víctima por no denunciar.
Para el parlamentario socialista, "por encima de protocolos y de medidas hay un nivel moral", y la Comunidad de Madrid podría haber denunciado los abusos a la Fiscalía "independientemente de que los padres lo hicieran o no".
"Vaya chapuza de catálogo de medidas de prevención que no ha servido para nada", ha señalado Jabonero, quien ha recomendado a la consejera que empiece a asumir su responsabilidad política, y ha agregado que tenía que haber dimitido cuando se destapó el escándalo.
La diputada del PP Ana Camins ha acusado a la oposición de "hacer demagogia con este caso" y ha asegurado que cuando existió el "menor indicio" de abusos para la Consejería de Educación está actuó con "eficacia" en la puesta en marcha de los protocolos. En concreto, se exigió el cese inmediato del director de centro y se aplicó el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, suspendiendo el sueldo al profesor.
Asimismo, ha defendido que "además de echar la culpa a los que gobiernan" hay que "intentar concienciar a la gente" para que denuncien, al tiempo que ha manifestado su respeto por la decisión de los padres de una de las víctimas de no denunciar en un primer momento.
La directora general ha reiterado lo que dijo la consejera el pasado pleno, que la Consejería de Educación no tuvo conocimiento de los abusos hasta el 6 de febrero, cuando recibió la primera denuncia después de que una familia mantuviera una entrevista con el inspector del área, quien aconsejó denunciar los hechos a la Policía, y así se hizo.
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