Noticia importante que ha pasado desapercibida:
El Ministerio de Educación recibió el 7 de diciembre de manos de José Antonio Marina el "borrador" del Libro blanco de la función docente no universitaria. El libro, encargo del ministerio, ha venido precedido de unas expectativas fabricadas calculadamente para situar al catedrático y su obra en la línea con la que el destino se cruza con las grandes revelaciones. Todo aquello que le hace falta a nuestra educación nos lo ha contado Marina en su libro blanco. Y para fingir que cualquiera de la comunidad educativa puede colaborar en él, se han dignado habilitar un buzón opaco. Si lo que se reclama es el derecho a la participación, de alguna manera, pensarán, habrá que escenificarlo.
Cuesta imaginar que se atrevan a llamar borrador a un documento de 87 páginas en el que las líneas de actuación están desarrolladas hasta sus últimas consecuencias, pero basta leer el interior del documento para entender de dónde viene su atrevimiento. Porque difícilmente podrán mostrar respeto al consenso quienes han señalado como uno de los mayores problemas de nuestro sistema educativo su carácter democrático. Sirva de ejemplo la reivindicación de la figura del director como cargo impuesto desde la Administración, al que se le quiere otorgar un poder casi completo. Tanto el fondo del libro blanco como la forma de presentarlo suponen un viraje al personalismo, la lógica empresarial y el despotismo.
Para revestirlo de una autoridad incontestable, el libro blanco está plagado de citas bibliográficas, de artículos con títulos extranjeros, que aportan un aire de infalibilidad técnica y académica a sus propuestas. Convendría, por tanto, aclarar que no hay informes de ideología neutra y que, en el caso de este libro, la mayoría de ellos transita por corrientes de un pensamiento neoliberal poco disimulado.
Veinte veces menciona el libro blanco a la consultora estadounidense McKinsey & Co. Que esta consultora trabaje indistintamente en el campo del armamento, la sanidad o la educación debería hacernos entender que el desarrollo de sus encargos no tiene por qué contemplar la autoexigencia de la ética. Como convencido exponente del entramado neoliberal, McKinsey responde al dictamen de sus leyes: trabajar para quien paga y, por supuesto, a beneficio de quien lo hace.
Así se entienden los esfuerzos extraordinarios que empleó para impedir la universalización de la asistencia sanitaria en EE UU, su protagonismo en la privatización del ferrocarril en Reino Unido o las recomendaciones de llevar a cabo recortes brutales en la sanidad de este mismo país. Tras estas operaciones, clientes privados tienen parte de su trabajo resuelto para transformar en negocio de unos pocos los derechos de todos. Así pues, lo mínimo que le podemos conceder a McKinsey es su concienzuda voluntad de invadir nuestros centros públicos de todas esas reglas que el mercado tiene para competir sin necesidad de considerar la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente o la defensa de los derechos humanos como figuras obligadas en sus ecuaciones finales. Al fin y al cabo, más que necesitarlas, la rentabilidad económica exige que queden al margen.
Soberanía en la educación
No parece que decisiones tomadas a miles de kilómetros sobre mesas que sostienen maletas de ejecutivos sea el escenario ideal para organizar con un fin transformador la educación para nuestras próximas generaciones. Así que no nos queda otra que reclamar también en este sentido la soberanía de la educación pública.
Una visión reduccionista del ser humano está calando en los discursos que se pretenden salvadores de nuestra educación: la de que niños y niñas, adolescentes, junto al sistema mismo, deben entenderse sin más como la recámara de la economía de mercado.
Aclaremos por último y con tentación de ir atando cabos que Luis Garicano, responsable del programa educativo de Ciudadanos, tuvo la suerte de ampliar su currículo como economista en esta prestigiosa consultora, McKinsey & Co, y que son precisamente Marina y Garicano quienes se han ofrecido para consumar un Pacto por la Educación. Y un pacto político que no cuente con el pacto social, es decir, un pacto que no surja desde abajo y contemple la participación de toda la comunidad escolar –docentes, alumnado y madres y padres– es un sabotaje a la construcción democrática de nuestra educación para el futuro. No lo consintamos. Que el prestigio que precede los hechiceros y sus abalorios no enmudezca una defensa exigente de la educación pública.
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